La Generalitat incorporará a partir del próximo curso 2023-2024 a la escuela Sant Felip Neri de Barcelona a la red de centros públicos. El centro, que se encuentra en Ciutat Vella, se ubica en unas instalaciones propiedad de la congregación religiosa del Oratorio de Sant Felip Neri y es concertada desde 1988.
Esta decisión se ha tomado debido a que este centro, con más de 300 alumnos de Primaria y ESO, lleva más de un año y medio pasando serios apuros económicos. Tanto, que la Fundación Privada Torras y Bages, que ostenta su titularidad, comunicó que no podría aguantar un curso más. Ante el inminente cierre, el centro, animado por familias y profesorado, pidió a la administración pasar a la red de escuelas públicas.
Pero las negociaciones se encallaron cuando la administración educativa (dependiente de la Generalitat y el Ayuntamiento) tuvo que proponer un alquiler a la congregación religiosa propietaria del edificio en el que se encuentra el centro. Tanto docentes como familias han visto peligrar la continuidad de la escuela, pero finalmente el acuerdo se ha cerrado favorablemente y Sant Felip Neri continuará con su actividad.
Se trata de la séptima vez que un centro concertado pasa a ser público en base a la aplicación del decreto ley 10/2019. Este texto determina que, para que un centro cambie de titularidad, debe cumplir dos requisitos: que haya una propuesta del centro y que la oferta de este sirva para dar respuesta a las necesidades educativas de la zona.
En el caso de Sant Felip Neri, el titular del concierto solicitó en 2021 la integración del centro a la red pública. De la mano, se realizó un estudio sobre la escolarización en la zona y se llegó a la conclusión de que había necesidad de ampliar las plazas públicas del distrito, debido a la creciente demanda durante los últimos años. De hecho, Sant Felip Neri es el único centro de educación secundaria de la zona.
Para completar el cambio de titularidad, la Generalitat realizará una serie de actuaciones en los dos edificios que componen la escuela, de tal manera que se pueda garantizar la seguridad y evacuación. Se prevé que tengan un coste de 1,5 millones de euros, financiados a partes iguales entre el Departament de Educación y el Ayuntamiento de Barcelona.