La exdirectora del CNI arremete contra el juez por su imputación “prospectiva” por espiar a Aragonès

Que las declaraciones políticas no siempre concuerdan con las estrategias en el juzgado se ha vuelto a demostrar en el caso del espionaje con el programa Pegasus al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Mientras el Gobierno ha abierto la puerta a atender la petición del juez para desclasificar la documentación de la infiltración en el móvil del jefe del Govern con el programa Pegasus, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, única imputada de la causa, ha recurrido y ha pedido revocar la solicitud del magistrado al Ejecutivo.

El recurso de Esteban, al que ha tenido acceso elDiario.es, se dirige en términos duros contra el juez que pilota la investigación del caso, al que acusa de acordar diligencias “impertinentes”, “innecesarias” y hasta “prospectivas”. Entre ellas, su declaración como imputada, inicialmente prevista para este miércoles pero que se ha pospuesto hasta enero.

El escrito, firmado por la abogada del Estado Beatriz Vizcaíno, pide anular el grueso de diligencias acordadas por el juez a principios de noviembre, entre las que se encuentran la solicitud al Gobierno y al magistrado del Tribunal Supremo para que le remitan toda la información relativa a la infiltración con Pegasus en el móvil de Aragonès.

Veterana del servicio de inteligencia, Esteban fue la primera mujer en ocupar la dirección del centro en 2019, pero fue cesada en mayo del año pasado para cerrar la crisis política abierta entre el PSOE y ERC por el espionaje. También se ha convertido en el primer cargo imputado por el caso Pegasus en la media docena de procedimientos abiertos. Salvo el de Aragonès, todas las causas están en vía muerta.

Como el Gobierno todavía no ha retirado el secreto a la documentación solicitada por el juez Santiago García, el magistrado suspendió la declaración de Esteban prevista inicialmente para este miércoles. Sin los detalles sobre el espionaje al expresident que el juez quiere conocer mediante su desclasificación, el interrogatorio de la exjefa de los espías habría sido infructuoso.

Según argumenta la defensa de Esteban, las peticiones de información del juez “no cumplen los requisitos de pertinencia y necesidad y constituyen una investigación prospectiva al desbordar los límites de la investigación”.

A criterio de la defensa de la exlíder del CNI, el juez pretende llevar a cabo una investigación “con carácter prospectivo” y “sin límite temporal alguno para ver si a través del elenco de las múltiples diligencias prospectivas solicitadas pudiera encontrarse una intromisión ilegítima en la intimidad” del president.

Al margen de la estrategia procesal de Esteban, este lunes varios miembros del Ejecutivo abrían la puerta a desclasificar documentos sobre el espionaje a Aragonès, tal y como ha pedido el juez. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abogó por retirar el secreto a documentos del CNI sobre Pegasus “si se entiende que es oportuno, razonable y conforme a la ley”. Por su lado, el Ministerio de Defensa consideró “bastante probable” que información relativa al caso se desclasifique.

El recurso de Esteban llega en vísperas de que este miércoles Aragonès comparezca ante el juez como víctima del espionaje. Al ser una declaración testifical, tendrá que responder a las preguntas de todas las partes: la Fiscalía, el juez, su abogado, Andreu Van den Eynde, y la defensa de Esteban, que ejerce la Abogacía del Estado. Fuentes de la presidencia de la Generalitat han reiterado la voluntad de Aragonès de “llegar hasta el final” de la investigación pese a los intentos de “ralentizar el procedimiento”.

“Se tiene que saber quién autorizó el espionaje, cuál era su motivo y qué se ha hecho con la información extraída de los móviles”, han agregado las mismas fuentes, que han indicado que el president espera la “máxima colaboración de todas las partes”.

La de la denuncia de Aragonès es la segunda petición de desclasificación de documentos que uno de los jueces de instrucción de Barcelona que investigan el caso realiza al Consejo de Ministros. La primera se topó con la negativa del Ejecutivo a retirar el secreto a la información. El Gobierno negó que los denunciantes de ese caso, los republicanos Josep Maria Jové y Diana Riba, hubieran sido espiados, por lo que rehusó desclasificar documentación sobre la compra del ‘software’ maligno israelí.

El Ejecutivo no puede emplear el mismo alegato para rechazar aportar la información en el caso de Aragonès, ya que el president fue uno de los 18 independentistas a los que el propio CNI, en la comisión de secretos oficiales del Congreso, reconoció haber espiado, siempre con el aval del juez de control del centro del Tribunal Supremo.