El extesorero de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osacar se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso de corrupción conocido como el 3%, en una sesión en la que el que expresidente de la empresa de obras públicas de la Generalitat, Infraestructures.cat, Josep Luis Quer se ha desvinculado de las contrataciones bajo sospecha.
Ambos estaban citados junto al empresario Jordi Sumarroca, que ha optado asimismo por guardar silencio, y las representaciones de las empresas Teyco S.L –que él preside– y Costraula Enginyeria i Obras SAU, en relación al presunto pago de comisiones a la formación política a cambio de adjudicaciones de obra pública de la Generalitat de Catalunya.
Según fuentes jurídicas, Quer, el único imputado que ha declarado, ha afirmado que no conocía la dinámica de adjudicaciones y no participaba en la mesa de contratación, como tampoco en la Oficina Tècnica d'Avaluació (OTA), el organismo que analizaba con carácter previo las ofertas.
A preguntas exclusivamente de su abogado, ha incidido además en que fue él quien promovió las medidas de transparencia en el departamento de infraestructuras, la mayor adjudicataria de la Generalitat, y quien propició en 2011 la puesta en marcha de la OTA para que ejerciese controles previos. No tenía, según ha dicho, ninguna relación con Convergència.
De acuerdo a las mismas fuentes, la comparecencia de Quer llega después de que se hayan tenido que tramitar dos comisiones rogatorias a Chile, donde trabajaba desde el año 2016 después de ser reemplazado en su cargo. El próximo 16 de julio afronta una nueva citación, también como investigado, por otra ramificación del caso 3%.
Se trata de la investigación abierta a finales del año pasado a partir de un informe de la Guardia Civil sobre empresas privadas de ingeniería que se presentaban a concursos de asesoría técnica y luego pactaban supuestamente entre sí para hacerse con los contratos.
Según los investigadores, las mercantiles acordaban entre ellas la cuantía de las ofertas que debían presentar para excluir a empresas competidoras que pudieran aspirar a las adjudicaciones. Las pesquisas determinaron la presunta participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en este mismo entramado corrupto.
Con las comparecencias de Quer y Osàcar arranca una nueva ronda de declaraciones en el caso que investiga el juez José de la Mata, que asumió las pesquisas después de una exhaustiva investigación por parte del juez de El Vendrell (Tarragona). La investigación abierta por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, y además de sus extesoreros mantiene imputada a CDC y su heredero, el PDeCAT.
Además de las presuntas comisiones que servirían para financiar ilegalmente el partido, el juez De la Mata apunta otro objetivo de las donaciones de las empresas a fundaciones afines a CDC: mantener la relación con los “jerarcas” de Convergència para que las constructoras siguieran recibiendo contratos públicos en el futuro. En palabras del instructor, “mantener una buena relación con el partido y ser consideradas así elegibles y ser tomadas en cuenta” para nuevas adjudicaciones.