La Fiscalía ha pedido archivar las querellas que las entidades de extrema derecha Vox y Hazte Oír interpusieron contra el expresident de la Generalitat Pere Aragonès; el exconseller de Interior Joan Ignasi Elena; el presidente del Parlament, Josep Rull; el excomisario jefe de los Mossos Eduard Sallent; y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, al descartar que las autoridades policiales y políticas catalanas dieran “órdenes” para frustrar el arresto del expresident el pasado 8 de agosto.
Según argumenta el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya, Pedro Ariche, el operativo policial de los Mossos que fracasó en su objetivo de detener al expresident “puede, en función de sus resultados, ser criticado o incluso censurado”, pero hay que descartar que existieran “órdenes o instrucciones” por parte del exconseller y los jefes de la policía autonómica para evitar el arresto de Puigdemont.
La conclusión de la Fiscalía descarta las órdenes políticas para permitir que el expresident pudiera volver a España, dar un discurso a sus fieles y volviera a huir sin ser arrestado, tal y como hizo Puigdemont el pasado agosto el día de la investidura de Salvador Illa. En suma, un fracaso policial sin intención política detrás para beneficiar al expresident, según concluye el Ministerio Público.
La falta de responsabilidad de los jefes políticos de los Mossos no implica que la fuga de Puigdemont quede sin investigar: un juzgado de Barcelona investiga a tres agentes de la policía autonómica por permitir la huida del expresident. Además, este mismo jueves el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha instado a los juzgados de Barcelona a investigar los mismos hechos tras criticar de nuevo a los Mossos.
El fiscal considera que “más allá de suposiciones y elucubraciones basadas en obviedades de sesgo ideológico”, no hay “el más mínimo indicio” de que Aragonès, Elena, el exdirector de los Mossos Pere Ferrer y el excomisario jefe Eduard Sallent diesen instrucciones para “impedir u obstaculizar” la detención de Puigdemont, lo que se deduce del informe presentado por la policía catalana al TSJC.
La policía catalana, expone el fiscal, desplazó al propio Sallent al Parlament ante la “convicción” de que Puigdemont trataría de entrar y que se llevó a cabo una inspección previa de la cámara, pese a las iniciales “trabas de carácter burocrático” que se les impusieron.
Una vez Puigdemont irrumpió en el Arc de Triomf, donde la ANC había convocado a sus fieles, el fiscal cree “evidente” que la policía decidió no actuar por el elevado número de personas concentradas, unas 4.500, y la “rapidez” con que estaban sucediendo los hechos.
En opinión de la Fiscalía, en el informe entregado por los Mossos “se justifica debidamente (por razones de oportunidad y proporcionalidad) el motivo por el que no se procedió a la inmediata detención” de Puigdemont en cuanto se detectó su presencia en la calle.
Una vez finalizada su intervención, según el fiscal, lo que determinó el “fracaso” del dispositivo en cuanto a la detención de Puigdemont fue “la imprevisión de otros posibles escenarios y la planificación -un tanto rígida- por parte de los responsables policiales”.