Era una de las opiniones de la Fiscalía más esperadas por parte de las víctimas del franquismo en Barcelona. Y ha sido contraria a sus expectativas. El Ministerio Público ha rechazado investigar la primera querella interpuesta en la capital catalana de uno de los torturados por la policía franquista en la comisaría de Via Laietana, lo que, salvo sorpresa, conduce el caso a un archivo de plano.
Ha causado especial sorpresa el hecho de que la Fiscalía no mencione ni una de sus siete páginas de informe la nueva ley de Memoria Democrática. El militante del PSUC Carles Vallejo y distintas entidades catalanas habían visto la norma, aprobada en 2022, como una esperanza para lograr, al menos, investigar las torturas a las que le sometieron los uniformados franquistas por su lucha contra la dictadura.
Pero en el dictamen fiscal no hay referencia alguna a la nueva ley, que, por primera vez salvaba los dos obstáculos jurídicos que hasta ahora se habían encontrado las víctimas del franquismo para que los tribunales investigaran a sus torturadores: la Ley de Amnistía del 1977 y la prescripción de los delitos. Además está, como causa natural, la muerte de los franquistas.
La nueva Ley de Memoria recogió el guante del Tribunal Constitucional, quien en 2021 fijó que nada impedía investigar los crímenes franquistas, pero que era necesaria una ley habilitante. La norma estableció que se garantizará la “tutela judicial” en los procedimientos encaminados a la obtención de una declaración judicial de las víctimas de la dictadura.
La normativa también impuso que todas las leyes del Estado, incluida la de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional y en particular con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no prescriben.
Sin embargo, la Fiscalía mantiene que debe archivarse de plano la querella de Vallejo al considerar las torturas prescritas y que la Ley de Amnistía del 1977 sigue “vigente”. Desde la aprobación de la Ley de Amnistía, argumenta la fiscal, “el ordenamiento jurídico español se ha dotado de numerosas disposiciones que han permitido acometer importantes reparaciones a las víctimas de la Guerra Civil del bando republicano”.
El posicionamiento de la Fiscalía de Barcelona va en la línea de lo dictaminado por una jueza de Ferrol, que concluyó que la Ley de Memoria no permitía sortear la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos para investigar los crímenes franquistas. Por contra, en Madrid una magistrada sí ha admitido una denuncia contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por torturas.
En su querella, Vallejo relató cómo fue detenido y torturado en dos ocasiones en 1970 y 1971 por su actividad política y sindical. Al menos durante la primera detención, que duró 21 días, Vallejo “fue objeto de torturas a manos de los querellados y de otros agentes pendientes de identificar”, destaca el escrito redactado por las abogadas del centro Irídia Laura Medina y Sònia Olivella.
Las entidades querellantes, Amnistía Internacional, CeAqua e Irídia, han anunciado que enviarán una carta a Dolores Delgado, nueva fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria, para exigirle que “se posicione en relación a las querellas por crímenes del franquismo”.