Doscientos mil funcionarios públicos catalanes siguen en vilo desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apretó el pasado sábado el botón del 155 para tomar el control de las instituciones catalanas. Será el Senado –donde el PP sí tiene mayoría absoluta– el que decida este viernes si todos cambian de jefe. Muchos trabajadores públicos llevan meses en tensión, pero desde el fin de semana la incertidumbre es total.
Hay asambleas en los centros de trabajo e incluso miedo a despedidos o expedientes de regulación de empleo.Y aunque en una Administración numerosa como la catalana no existen las unanimidades, el sentimiento mayoritario es de rechazo a la intervención de la autonomía. Los sindicatos más representativos, pese a ello, evitan llamar a la desobediencia, según se han encargado de recordar Comisiones Obreras y UGT. CSIF recomienda a sus afiliados pedir todas las instrucciones por escrito.
El acuerdo del Consejo de Ministros prevé que el Gobierno de Mariano Rajoy pueda dictar órdenes que serán “de obligado cumplimiento para el personal de la Administración de la Generalitat, sean funcionarios públicos o empleados sujetos al régimen laboral”. Y establece amenazas para cualquiera que intente desobedecer: puede conllevar “responsabilidades disciplinarias”, sin perjuicio de “responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden”, precisa el documento.
El lunes, tras el descanso del fin de semana, todo eran preguntas en la oficina. Habla Luis Blanco, miembro de la coordinadora nacional de IAC, el sindicato catalán con más representación en la Administración autonómica y del que ha sido portavoz hasta hace unos meses: “Creemos que es muy complicado que llegue uno a gobernar Catalunya desde una silla, aunque nadie se oponga si la gente que viene de Madrid, los directores generales, por ejemplo, que deben firmar resoluciones ni siquiera saben catalán, ¿cómo lo hacemos? Habría problemas para el día a día. No sabemos cómo vendrán. Si en este proceso hay amenazas, vamos a reaccionar. Hemos abierto el debate, lo que no vamos a plantear a los trabajadores es que desobedezcan órdenes derivadas de sentencias u órdenes judiciales. Si se aprueban nuevas normas, un funcionario no puede negarse a cumplir la ley. Si se atiene a la ley, aparte de que denunciemos la decisión política, no vamos a poner en peligro la estabilidad laboral de los funcionarios. Pero tampoco vamos a aceptar órdenes arbitrarias que no están amparadas en procesos administrativos”.
Mossos, un colectivo bajo la lupa del Gobierno
Si hay un colectivo que el Gobierno de Rajoy ha puesto bajo la lupa, ese es el de los Mossos. Los primeros choques con el Ministerio del Interior se produjeron ya después de los atentados en Barcelona y Cambrils del mes de agosto a propósito de las competencias para investigar la matanza. Desde entonces las relaciones entre los distintos cuerpos policiales son muy tensas. El propio Rajoy aludió directamente a la policía catalana durante su explicación el sábado de lo que significaba aplicar el artículo 155.
Son 16.000 agentes a las órdenes de Josep Lluís Trapero, a quien el Gobierno ha señalado como uno de los culpables de que se pudiera votar el día de 1 de octubre. La Fiscalía de la Audiencia Nacional lo acusó directamente de sedición y pidió para él -de momento sin éxito- prisión incondicional. Todo el mundo da por hecho que si el Gobierno llega a asumir la dirección de la policía autonómica, Trapero, convertido en icono del independentismo, será destituido.
Valentín Anadón es portavoz de la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública, que aglutina a los principales sindicatos policiales. Tiene el guión aprendido y evita salirse de él: “La aplicación del 155 es un escenario indeseable. Instamos a los responsables políticos para buscar una salida basada en el consenso. Si no fuera así, solicitaríamos que la aplicación del 155 sea lo menos invasiva posible, que se haga respetando al máximo el autogobierno y sus instituciones. Que vaya incardinada a dotarnos de las coordenadas de seguridad jurídica, que se mantengan las competencias de la policía de Catalunya y su estructura y que se haga durante el tiempo imprescindible, ni un segundo más. La aplicación debe ser quirúrgica”.
Cuando se le pregunta al sindicalista por una posible rebelión si llegan nuevos mandos de Madrid, cambia el gesto: “La desobediencia puede ser un discurso político pero no es una opción para los policías”.
Compañeros suyos admiten que la plantilla hoy está “dividida, igual que la sociedad” y evitan ser tan tajantes. La resistencia pasiva a órdenes que no se comparten es una opción en la cabeza de algunos.
A la hora en que acaba la entrevista con Anadón, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, está en Antena 3 avisando de que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declara la independencia, “tendrán que ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que procedan a su detención”.
Maza, pese a estar reprobado por el Congreso de los Diputados, ha adquirido cada vez más protagonismo en la crisis e incluso ha ido anticipando a los medios de comunicación los posibles delitos que se imputarán a distintos líderes independentistas. Este lunes en la entrevista televisiva se permite comparaciones con la II República.
En la sede de TV3 en Barcelona durante la sobremesa ha estado reunida toda la plantilla en asamblea, tras la que han decidido obedecer al Parlament frente al 155 y llevar a cabo acciones durante la semana para contrarrestar las acusaciones de manipulación que llegan cada vez desde más sitios. A última hora ha bajado incluso el director, Vicent Sanchis, un dirigente con cierta contestación en un sector de la redacción de informativos, compuesta por más de 200 profesionales.
Al acabar, los trabajadores evitan hablar de “desobediencia” en su comunicado, como sí habían deslizado sus compañeros de Catalunya Radio. La mayoría tiene clavada una frase del presidente del Gobierno. Se tomará el control de TV3 “para garantizar la pluralidad informativa y que las elecciones previstas se celebren en un clima de normalidad”, dijo el sábado en su comparecencia en La Moncloa.
“Querrán poner sardanas en TV3 y poco más”
Gran parte de los periodistas se han tomado el anuncio como una humillación. Xavier Graset estaba entre los reunidos. Lleva 30 años en el ente público, primero en la radio y ahora en la televisión, donde presenta la tertulia 'Més 324': “Ha sentado como una patada oír que haces mal tu trabajo, sobre todo si lo dice alguien que no lo ha visto. Aquí hay organismos que supervisan y velan por la pluralidad informativa de TV3, un comité audiovisual, el control parlamentario... Se pueden cometer errores pero esas acusaciones son falsas. Ahora puede pasar que intenten hacer lo de TVE, lo veo de difícil ejecución. ¡Redacción más libre que esta! Que yo he trabajado en otros medios, algunos privados. Veo altamente improbable hacer lo que pretenden con el ambiente que hay. Se intentará que sean residuales los medios de comunicación públicos catalanes y hacer vídeos de sardanas y poco más. Molesta la existencia de otro relato. Ya vemos que [el ministro de Exteriores] Alfonso Dastis llama fake news a los vídeos de la BBC”.
Maestros que se plantean la desobediencia
El acuerdo del Consejo de Ministros para aprobar el 155 no menciona explícitamente el sistema educativo, pero esto no tranquiliza a muchos maestros, que han sido blanco de las acusaciones de adoctrinamiento por parte del PP, de Ciudadanos y del sector más conservador de la prensa española. El sindicato mayoritario de la enseñanza obligatoria pública, USTEC, adelanta que no reconocerán “como interlocutores válidos a aquellas personas que no sean representantes de la legitimidad popular”. Y algunos docentes y directores se han mostrado en las redes sociales dispuestos a desobedecer si llegan directrices desde Madrid.
En el caso del sector educativo, el rechazo al 155 trasciende a los maestros y alcanza a estudiantes y familias. El Marco Unitario de la Comunidad Educativa –que aglutina a sindicatos de profesores y estudiantes, AMPA y colectivos docentes de la pública– ha convocado una movilización para este miércoles en los principales municipios de Catalunya. En el manifiesto que tienen previsto leer se oponen “frontalmente” al “fantasma de la intervención del departamento de Enseñanza”.
En este sentido, sin la necesidad de referirse a la desobediencia a la espera de ver cómo se concreta el 155, el mensaje de algunos maestros es que no van a cambiar sus prácticas en el aula. “Los profesores seguirán fieles a su compromiso ético con la docencia. No haremos nada que no hayamos venido haciendo hasta ahora: trabajar para una escuela inclusiva y centrada en las necesidades de los alumnos”, defiende Pilar Gargallo, presidenta de la Federación de Movimientos de Renovación pedagógica de Catalunya (FMRPC).
“¿Qué van a hacer? ¿Obligarnos a enseñar los ríos de España? ¡Pero si ya lo hacemos!”, bromea Gargallo, que cuenta con la posibilidad de que el Ministerio apueste por reforzar la inspección en las escuelas. “Que vengan, no tenemos problema, se lo hemos dicho estos días al PP y a Ciudadanos, que vengan cuando quieran a ver lo que hacemos en clase”, concluye.
La semana se va a hacer larga para los empleados públicos en Catalunya. El sindicato IAC, el más votado por los funcionarios de la Generalitat, ha movilizado a su equipo de abogados y el jueves celebrará asambleas. Luis Blanco admite que la situación es endiablada: “Es un grave ataque a la autonomía de Catalunya y al propio sistema constitucional español. Una cosa son las declaraciones políticas de Mariano Rajoy y otras, cómo se va a implementar realmente. Una Administración como la Generalitat no se puede gobernar por un señor que llega, se sienta en una silla y se pone a mandar”.
El Teatre Nacional, a la expectativa
El nerviosismo es generalizado en el magma de institutos, empresas públicas y laboratorios que dependen de la Generalitat. P. –nombre simulado– lleva desde el año 2000 trabajando en el Teatre Nacional de Catalunya. Está gestionado por una empresa pero el grueso de su financiación procede de la Generalitat, que aporta siete millones en subvenciones (no solo para espectáculos también para mantener el lujoso edificio) y establece un contrato programa que obliga a una serie de representaciones al año. Ahora mismo tiene dos en escena: Islandia, de Lluisa Cunillé, y Desit sota els oms, un texto de Eugene O'Neill en la sala grande.
La empresa emplea a 100 personas que, según P., que se define abiertamente como independentista desde muy joven, no van a ponerse sin más a las órdenes del “primero que llegue de Madrid”. “Si vienen jefes foráneos, aquí no serán bien recibidos. Arrastraremos los pies, trabajaremos lentos, será una resistencia pasiva. Es la impresión que saco tras hablar con compañeros. En el teatro siempre vamos contra el reloj a toda prisa y no sé cómo podría gestionar esto una persona recién llegada. O si se meterían en nuestra programación. No lo veo muy factible”.