Nuevo aval en el juzgado a Ada Colau. El gerente del área de Vivienda del consistorio, Javier Burón, y dos funcionarios municipales han negado que la alcaldesa o los concejales investigados a raíz de una querella del fondo buitre Vauras les dieran instrucciones para multar a la firma por no ofrecer vivienda social a familias vulnerables.
Ante la magistrada del juzgado de instrucción 18 de Barcelona han declarado como testigos este lunes, además de Burón y los dos funcionarios, una asesora de la concejala de Vivienda, Lucía Martín. Se trata de una de las últimas diligencias antes de que la jueza decida si archiva de nuevo el caso o lo envía a juicio.
Las declaraciones de los técnicos y funcionarios han vuelto a evidenciar el nulo papel de la alcaldesa en la causa. Pese a que no intervino ni en la reunión entre Vauras y los concejales investigados ni en ningún expediente de sanción contra el fondo por no ofrecer vivienda social a los ocupantes vulnerables de un edificio de la calle Lleida, la alcaldesa ha terminado investigada después de que lo ordenara la Audiencia de Barcelona.
Según fuentes jurídicas, los testigos han relatado que se limitaron a aplicar la ley de Vivienda catalana vigente en aquel momento, que contemplaba la obligación de los grandes propietarios como Vauras de comprobar que los ocupantes de la finca no estaban en situación de exclusión social y, en caso de que fueran vulnerables, ofrecerles alquiler social.
Los testigos también han expresado que no podían saber que uno de los ocupantes de los pisos de la calle Lleida, considerado como vulnerable, tiene familia con varias propiedades, pues la normativa los limita a entrevistarse con los moradores pero no a investigar a sus familiares ni sus bienes.
Los dos ejes del caso son la reunión que mantuvieron Martín, el concejal Marc Serra y una funcionaria con Vauras y si el encuentro está conectado con las multas, cuyo importe era el más bajo posible por ley, que el consistorio impuso al fondo. Los responsables del fondo fueron incapaces de detallar en su declaración las supuestas amenazas de los responsables municipales que denunciaron.
El caso se reabrió por orden de la Audiencia de Barcelona, que corrigió el carpetazo a la causa que había dado la jueza instructora. Para la magistrada el fondo atribuyó delitos a Colau “sin rigor ni precisión alguna” y vertió acusaciones “carentes de sustento probatorio”.