Dos funcionarios de la prisión de Brians I, condenados por maltrato a un interno
A.C.S. y C.G.J., dos funcionarios del centro penitenciario de Brians I (Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona), deberán abonar una multa de 350 euros cada uno al interno M.C.B. por un delito leve de maltrato de obra. Los hechos se remontan al pasado 1 de noviembre, cuando el interno estaba en el patio de la prisión y fue llamado por los dos funcionarios a ir a un despacho del centro. Una vez ahí, ambos “le golpearon y le dieron varias bofetadas, sin llegar a causarle lesiones”, según se prueba en la sentencia. El Código Penal castiga a aquellas personas que golpeen o maltraten aunque no se cause lesión, según dicta el artículo 147.3.
El interno denunció que cuando le hicieron pasar al despacho, los dos funcionarios cerraron las ventanas, le hicieron desnudarse y “sin motivo alguno” le propinaron “durante unos diez minutos o un cuarto de hora” varios golpes en la cara con los guantes puestos. Según relata, los dos funcionarios le decían mientras le golpeaban “aquí mando yo y mis cojones” o “mis cojones son los que mandan”. Cuando M.C.B. salió al patio le explicó a otro interno lo sucedido. La víctima no pidió visita con el médico del centro ese mismo día por miedo a las represalias, pero sí unos días más tarde.
“Es importante que los presos denuncien cuando haya un caso de malos tratos” ha recordado la abogada de Irídia Centro por la Defensa de los Derechos Humanos y defensora de M.C.B., Montserrat Fernández. “Es muy difícil denunciar a la persona que te está vigilando cada día y con quien convives, pero con esta sentencia hemos demostrado que si una persona tira adelante una denuncia, en algunos casos se escucha a las víctimas”.
Aunque no se ha abierto una investigación en el centro penitenciario, según el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Martorell, queda acreditado que A.C.S. y C.G.J. maltrataron al interno M.C.B.. La condena se basa en la “declaración coherente, sin contradicciones y aclaratoria” de la víctima y del interno a quien le explicó lo sucedido. También, por el hecho que el denunciante no retiró la denuncia una vez obtuvo su libertad. Según M.C.B, los responsables del centro no trabajaban ese día que era festivo, un hecho que desde el Juzgado supone “indudablemente una facilidad para ocultar los hechos”. Esto explicaría que no se hubiese realizado un seguimiento de los hechos ocurridos en el centro. Desde Irídia instan a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y a la prisión de Brians I a inciar un procedimiento administrativo sancionador contra los dos funcionarios.
A raíz de lo sucedido, el interno asegura presentar secuelas psicológicas, tales como ansiedad y dificultades para dormir. Por ello, debe seguir un tratamiento por depresión.
Malos tratos en las prisiones catalanas
No es el primer caso de denuncia por malos tratos en las prisiones. Dos presos y un ex preso denunciaron haber sufrido tortura y malos tratos en los centros penitenciarios catalanes. Estas declaraciones tuvieron lugar en el marco del grupo de trabajo del Parlament de Catalunya sobre Departamentos Especial de Régimen Cerrado, más conocido como régimen de aislamiento.
Ante esto, en sede parlamentaria, el director del centro penitenciario de Brians I, Joan Carles Navarro, acusó a las entidades como Irídia Centro por la Defensa de los Derechos Humanos o el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB (OSPDH) de presionar a los internos para que denuncien malos tratos o tortura en los centros penitenciaros. Navarro, negó que hubiesen malos tratos en la prisión y atribuyó las quejas presentadas por los internos a su estado de salud mental.
“Esta condena es una prueba fehaciente de que todo lo que desde un inicio hemos estado denunciando pública, social y judicialmente era verdad” ha valorado la abogada de Irídia, Montserrat Fernández. “Nosotros no instamos a nadie a hacer nada y prueba de ello es esta sentencia en la que una jueza basa toda su condena en las declaraciones de la víctima”, ha sentenciado la letrada. El informe del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura del Síndic de Greuges recogió testimonios de algunos internos que aseguraban haber recibido malos tratos, así como quejas sobre que las inmovilizaciones se prolongaban más allá del tiempo reglamentario.
