Internos denuncian tortura en las cárceles catalanas
Dos presos y un ex preso han denunciado haber sufrido tortura y maltrato en las prisiones catalanas. Lo han hecho público en el marco del grupo de trabajo que está teniendo lugar en el Parlament de Catalunya sobre Departamentos Especial de Régimen Cerrado (DERT), más conocido como régimen de aislamiento. Se trata de un régimen en el que los presos pasan más de 21 horas encerrados y en soledad, con sólo dos horas de patio o actividades, en celdas aisladas. Según el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo en Catalunya) y la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), sin embargo, estos no son los únicos casos.
En la sesión de este martes en el Parlament ha comparecido un ex preso, D.G., que ha explicado que le dieron “porrazos” por recriminar la manera cómo trabajaban los funcionarios: “Lo recuerdo como algo horrible. He pasado por situaciones malas, pero esto no se olvida. A mí me quisieron quitar de en medio”. D.G., que ha valorado el aislamiento como un “castigo en mayúsculas”, también se ha quejado del trato recibido por parte de los funcionarios, de la poca atención hacia la salud física y mental de los presos, de la calidad y cantidad de la comida, de las pocas horas de patio y ha cuestionado la confidencialidad de las visitas con los médicos y los psicólogos.
El informe del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura del Síndic de Greuges recogió testimonios de algunos internos que aseguraban haber recibido malos tratos, así como quejas sobre que las inmovilizaciones se prolongaban más allá del tiempo reglamentario.
Desde un primer momento la CPDT pidió que los presos comparecieran en el grupo de trabajo de manera presencial o a través de videoconferencia “para poder dar a conocer la experiencia del aislamiento en primera persona”. Una demanda que la Dirección General de Servicios Penitenciarios (DGSP), dependiente del departament de Justicia, negó. Como alternativa, ofrecieron la posibilidad de grabar el testimonio de los internos en formato de audio con la presencia de dos diputadas, María Francisca Valle, del grupo parlamentario de Ciudadanos, y Mireia Vehí, de la CUP.
Desde la Dirección General de Servicios Penitenciarios lo justifican porque, según las evaluaciones hechas por los equipos de tratamiento, los presos “presentan un riesgo alto de conductas violentas, tanto dentro como fuera de la institución penitenciaria, y un riesgo medio o alto de rotura de condena” y que, por tanto, “habría que activar un dispositivo de seguridad de alta intensidad”. Quien firma el documento es el director general, Amand Calderó, que, añade, que el traslado de los presos y “la exposición a un entorno desconocido” podría “afectar negativamente el proceso de retorno al régimen ordinario y las mejoras de su conducta”.
Ante esta situación la CPDT ha denunciado límites al derecho de la libertad de expresión de los presos y se muestran preocupados por el hecho de que los internos se sientan “intimidados o cohibidos para expresarse libremente por miedo a sufrir posibles consecuencias” que puedan derivarse de las declaraciones y denuncias de malos tratos. Por eso valoran que la declaración presencial de los internos al grupo de trabajo “es fundamental y que su devaluación tendrá una incidencia directa en el resultado del mismo”. Consideran que la respuesta de los Servicios Penitenciarios “pone de relieve la falta de voluntad para garantizar el respeto y las garantías de las personas privadas de libertad”.
Vehí, que tomó declaración a dos presos de centro penitenciario de Puig de les Basses –pero que también habían estado anteriormente en Brians I–, ha explicado en la sesión del grupo de trabajo que los internos relatan situaciones de maltrato, violencia policial y sanciones encadenadas. “El relato es aterrador”, ha concluido la diputada de la CUP.
No es la primera vez que se señala el centro penitenciario de Brians I como espacio que aglutina la mayoría de denuncias y quejas por malos tratos. Por ello, se ha pedido la comparecencia del director de esta prisión, Juan Carles Navarro, al grupo de trabajo.
“Estamos constantemente denunciando casos así” asegura Iñaki Rivera, miembro de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT). Para él, uno de los puntos más preocupantes es que cuando un preso quiere denunciar que recibe malos tratos o tortura, “recibe represalias como consecuencia de la denuncia”. En el último informe de la CPDT sobre aislamiento penitenciario se registraron más de una cincuentena de casos de lesiones graves y casi 1.000 de leves.
Más de una cincuentena de colectivos, como la CPDT, Irídia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH), la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC) piden al Parlament a través de un manifiesto que se pronuncie y suprima el régimen de aislamiento del sistema penitenciario catalán y que se respete la legalidad y las recomendaciones internacionales.
La Generalitat, demandada por el suicidio de una presa en Brians I
El caso de Raquel E.F., la presa que se suicidó en el centro penitenciario de Brians I en abril de 2015 tras nueve meses en régimen de aislamiento, da un paso más. Después de que la Generalitat de Catalunya desestimara la reparación patrimonial por vía administrativa presentada por la familia, ahora han presentado una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Piden que el departamento de Justicia asuma la responsabilidad en la muerte de la interna y abone a la familia de la víctima una indemnización de 19.172,54 euros.
La demanda del contencioso administrativo se dirige contra la administración y plantea directamente la responsabilidad del Director y la Subdirectora de Brians 1 “que se encontraban enterados de la situación” como responsables de la muerte de Raquel E.F., según denuncia el abogado del caso, Andrés García Berrio. También atribuye responsabilidades a los funcionarios del módulo de aislamiento para mantener la interna en este régimen, una decisión que “fue tomada por los jefes de turno del DERT, por el equipo médico y por la junta de tratamiento”.
La Generalitat, a pesar de admitir que la interna ya había intentado quitarse la vida anteriormente, no reconoce ninguna responsabilidad en el suceso. Para la Generalitat, “los daños irrogados no son imputables a la prestación del servicio público penitenciario”, ya que la investigación del departamento no detectó “la existencia de negligencia ni de déficit en la actuación” de los funcionarios de Brians I. Según un informe del Institut Català de la Salut, los intentos de suicidio y las acciones autolesivas “tenían un objetivo manipulador”, es decir, sin intención real de suicidarse, por lo que no se activó el protocolo de prevención de suicidios.
El abogado del caso y miembro de Irídia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Andrés García Berrio, entiende que la Generalitat tiene que hacer un análisis diferente y rectificar la resolución. Según García Berrio, “los interrogatorios que se hicieron a los funcionarios se contradicen con lo que se puede evidenciar a través de los informes médicos y los expedientes sancionadores y de actuación realizados mientras la interna estaba al DERT”. Por ello, concluye, sí había habido situaciones de intento de suicidio y de autolesiones previas conocidas tanto por los responsables médicos, como por el psiquiatra y los funcionarios responsables del DERT.
Según establece el Protocolo de prevención de suicidio, ante conductas con riesgo autolítico es necesario que el psicólogo de la prisión realice actuaciones concretas como una entrevista, una tabla de indicadores de riesgo y aplicar el test de Beck, un cuestionario que mide la severidad de la depresión. También recuerdan que el aislamiento “sólo podrá ser considerado como sanción disciplinaria en casos excepcionales” y que Raquel E.F., en cambio, estuvo cerca de nueve meses.
Por el contrario, la resolución de la Generalitat destaca que la administración no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos: “La causa de la muerte fue fruto de su propia decisión, y no el resultado de la actividad o inactividad de la Administración penitenciaria o del personal de servicio. Así ha quedado acreditado que Raquel decidió de manera voluntaria, libre y conscientemente poner fin a su vida, escogiendo el momento, la manera y el lugar ”.
