La nueva ley de Vivienda aprobada este martes por el Gobierno central ha sido recibida con frialdad en la Generalitat de Catalunya, donde califican el texto de “oportunidad perdida”. En palabras de la portavoz del Govern, Patricia Plaja, el texto final no dará respuesta a las urgencias en materia de vivienda que tiene Catalunya y otros territorios, por lo que la ha calificado de “decepcionante”.
Además la portavoz ha insistido que la nueva ley “recentraliza y rebaja” la actual normativa catalana en materias como el control de precios del alquiler, una medida de la que Plaja ha dicho que se había demostrado “efectiva y adecuada”.
“La nueva ley de Vivienda era una buena oportunidad para implementar medidas valientes y eficaces que el gobierno ha desaprovechado”, ha dicho Plaja, que ha apuntado a que el texto tampoco no introduce medidas efectivas para evitar los desahucios ni para obligar a los propietarios a ofrecer alquileres obligatorios.
La ley catalana de regulación de los alquileres entó en vigor en septiembre de 2020 y puso tope a los precios del alquiler inicialmente en 61 municipios. Además, la norma obliga a rebajar la mensualidad en los nuevos contratos si esta está por encima de la cantidad que fija el índice de precios del alquiler.
La ley estatal también permite congelar precios con un mecanismo similar, pero no obliga a reducciones como hace la ley catalana, solamente en aquellos inmuebles que sean propiedad de “grandes tenedores”.