Más de medio año después de la entrada en vigor de la regulación de los precios del alquiler en Catalunya, la Generalitat tiene previsto activar la fase de las sanciones. Por el momento ha detectado de oficio 30 casos con posibles irregularidades, repartidos entre 15 municipios. El Govern ha anunciado este miércoles que remitirá la información a los respectivos ayuntamientos para que puedan iniciar los procesos sancionadores y, de no hacerlo, será la propia administración catalana quien impulsará las multas, que pueden ir entre los 3.000 y los 90.000 euros, tal como estipula la ley.
Según ha anunciado el Departamento de Territori en una nota de prensa, la mayoría de los casos detectados tienen que ver con no hacer constar el índice de referencia en los contratos, no individualizar los gastos que se incluyen en la renta y no detallar las características específicas que justificarían la superación de la renta establecida por el Índice. Los tres son requisitos que la nueva ley catalana introdujo, entre otras cosas para garantizar que los inquilinos conocen el límite de precios y que puedan comprobar en el propio contrato si se están cumpliendo.
Una vez detectados, el Govern remitirá cartas a los ayuntamientos de Manresa, Sant Boi de Llobregat, Sabadell, Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Vic, Rubí, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, el Vendrell, Reus y Tarragona, y les dará 10 días para que informen sobre si tienen intención de iniciar los expedientes sancionadores. Si no lo hacen, la Generalitat tiene intención de poner en marcha el proceso para acabar multando a los propietarios a través de la Agència de l’Habitatge.
La detección de estos 30 casos ha sido posible a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que tiene a su disposición los datos relativos a las fianzas de todos los contratos de Catalunya. A través de esta información, el Govern puede conocer los precios de alquiler de todos los contratos de arrendamiento formalizados. De esta forma, la Agència de l’Habitatge ha podido cotejar estos datos con el índice de precios, aflorando los 30 casos en los que se han producido posibles irregularidades.