El Estado y la Generalitat pactan más mossos, más jueces y asegurar las inversiones en Catalunya

Más mossos, más jueces y un consorcio para asegurar que el Estado cumple con sus compromisos inversores en Catalunya. Este es el balance del primer día de la semana grande de las reuniones entre Catalunya y el Estado para dar cumplimento a los acuerdos de investidura de Salvador Illa y dotar de más autogobierno a la comunidad catalana. 

La comisión bilateral Estado-Generalitat y la comisión mixta de Transferencias reunida este lunes en Barcelona, ha llegado a 20 acuerdos , entre ellos incrementar el número de agentes del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, hasta alcanzar los 25.000 en 2030, aumentar el número de jueces en la comunidad para equipararlo a la media española y poner en marcha un consorcio de Inversiones para la gestión y ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya. Los encuentros han estado presididos por el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Dalmau ha destacado “la nueva etapa de diálogo y acuerdo” que se abre entre ambas administraciones para “dar soluciones a los ciudadanos”, como la ventanilla única, y “fortalecer el autogobierno” de Catalunya. Una etapa, según el conseller, en la que se demuestra que “la política de colaboración es mejor que la política de confrontación”. En esta misma línea se ha manifestado el ministro Torres, al subrayar que “fortalecer el estado autonómico es fortalecer nuestra Constitución”.

En cuanto al incremento de los mossos, se trata de una mejora sustancial, por encima de los 22.000 previstos inicialmente. La junta de seguridad que se celebró el mes de diciembre encabezada por el president Salvador Illa y por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió estudiar la dimensión que tenía que tener la ampliación de la plantilla. Y para mejorar la seguridad en Catalunya, han aprobado llegar a los 25.000 agentes de manera progresiva, como ya se fijaron en aquel momento, desde ahora y hasta el 2030. Para concretar este incremento se celebrará, previsiblemente, otra reunión de la junta antes de verano.

Respecto al incremento de efectivos en el ámbito de la justicia, la proporción de jueces por habitante es inferior a la media española, mientras el número de litigios crece, por eso se amontonan las causas. Ambas partes han acordado el incremento de jueces hasta llegar a las ratios que se dan en el conjunto de España por cada 100.000 habitantes, lo que contemplaría la creación de 60 nuevas unidades judiciales adicionales en los próximos 3 años.

Asegurar las inversiones

El consorcio de inversiones, contemplado en el acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura Salvador Illa, tendrá como objeto la gestión y ejecución de las inversiones del Gobierno en la comunidad. El acuerdo con ERC contemplaba definir “un marco plurianual de financiación del consorcio que tenga como referencia la media de inversión pública sobre el PIB en el conjunto del Estado”.

Sobre inversiones en infraestructuras, también se ha acordado crear un grupo de trabajo para dar cumplimiento a la segunda liquidación de la disposición adicional tercera del Estatut de Catalunya respecto al periodo 2009-2013. El grupo calculará la cantidad exacta de la liquidación pendiente, aunque fuentes del Govern celebran que se asuma que existió un déficit que existió en inversiones durante ese periodo. Lo que no se ha concretado es si se liquidará todo el importe.

La comisión bilateral también acordará que la Generalitat tenga plena competencia para convocar, formar y nombrar los funcionarios de la administración local. Se trata, en concreto, de los secretarios, interventores y tesoreros. La Generalitat calcula que del millar y medio de plazas que hacen falta en Catalunya, solo están cubiertas un tercio. La carencia es notable en los municipios pequeños.

Gestión de becas

El objetivo de la comisión mixta de transferencias es el traspaso de algunas de las transferencias congeladas desde hace tiempo, la mayoría pactadas por el anterior gobierno de Pere Aragonès, como por ejemplo las becas. El Estado dotará cada año la Generalitat con más de dos millones de euros para su gestión, que será exclusiva del gobierno catalán.

También se traspasa en la Generalitat el canal Xerta-Noria, y hasta una decena de obras hidráulicas en todo el país, como por ejemplo las estaciones depuradoras del Priorat, la Noguera y el Montsià.

Por otro lado, se desarrollará una prueba piloto sobre la ventanilla única, una vieja reivindicación cuyo objetivo es que todos los servicios de la Generalitat y los que presta el Estado en Catalunya sean accesibles a la ciudadanía desde un único espacio.