'¿Cloacas? Sí, claro' (Roca Editorial) es el tercer libro del abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965). El dietario repasa la actividad frenética del letrado durante el año pasado, incluso en pandemia. Además de relatar su defensa de Carles Puigdemont y Quim Torra, el abogado responde a su imputación y procesamiento por blanqueo de capitales; un dinero que, según la Audiencia Nacional, procede del narcotráfico de Sito Miñanco. Boye, asesor legal de este medio, niega los cargos y asegura que su causa judicial nació por los éxitos obtenidos en el frente exterior del procés y la demanda que interpuso contra el juez Llarena en Bélgica.
Está semana interrogó a José María Aznar en el juicio de la caja B del PP. Tanto él como Mariano Rajoy negaron la contabilidad B del PP. ¿Dijeron la verdad al tribunal?
No. Fueron a contar su versión de los hechos. Su situación es muy compleja: si bien están declarando como testigos, podrían terminar imputados por lo que digan. Como están en una condición mixta de testigo y posible imputado, creo que están dispensados de decir la verdad.
¿Imputados por falso testimonio en el juicio o por la corrupción del PP?
Por la situación del PP. Está demostrado que había una contabilidad B y se está estudiando si hubo un cohecho u otras cosas. Aznar y Rajoy están en su perfecto derecho de defenderse.
¿Su falta de memoria es, por tanto, una estrategia de defensa?
Estoy convencido de que sí y si yo fuera su abogado se lo hubiera aconsejado. Me ha sorprendido que no quisieran declarar acompañados de abogado.
¿A qué cree que se debe que los exresponsables del PP usaran mascarilla para declarar si estaban solos en una habitación?
Algunos usan pasamontañas y otros mascarilla. Estamos ante un nuevo concepto, el de las 'facharillas'.
Vayamos al procés. ¿La vuelta de Meritxell Serret facilita la extradición de Puigdemont?
No afecta en nada porque Meritxell Serret ni siquiera tenía una orden europea de detención. Lo único que se imputaba a Serret era un presunto delito de desobediencia y ella era libre de volver cuando quisiera.
Pero si una investigada en la causa que estaba en Bélgica vuelve para ponerse a disposición del Supremo, ¿no se debilita el argumento de que en el Supremo no tendrán un juicio justo y que no es el tribunal competente?
No. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo la Cámara de Apelación de Bruselas en el caso de Lluís Puig. Los jueces belgas ya han dicho que el Supremo no es el tribunal competente y que hay un riesgo evidente de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que es algo que venimos alegando desde 2017.
En el libro afirma que, más pronto o más tarde, el Supremo fracasará en la entrega de Puigdemont y los eurodiputados de Junts. ¿Son los precedentes en Alemania y Bélgica los que le hacen estar tan seguro?
Son los precedentes y que el derecho de la Unión Europea tiene una interpretación bastante previsible. Lo que ha venido haciendo el Supremo estos años es una interpretación imprevisible del derecho que genera inseguridad jurídica. En cambio en Europa hay una previsibilidad del derecho que hace que los operadores jurídicos podamos actuar previendo lo que va a pasar. En esto caso lo previsible es que el Supremo no prospere.
En el caso concreto de Puigdemont, el juez Llarena ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). ¿Le ha sorprendido?
Con el juez Llarena hemos perdido la capacidad de sorprendernos.
¿El Supremo intenta que el TJUE haga el trabajo de los tribunales belgas?
Es una apelación prejudicial más que una pregunta prejudicial. El Supremo intenta que el TJUE corrija el trabajo a los jueces belgas en el caso de Lluís Puig, pero este no es el sentido de una cuestión prejudicial. Llevamos dos años pidiendo al juez Llarena que plantee una serie de preguntas prejudiciales que son justamente las que no ha elevado. Ninguna de las siete preguntas que el juez Llarena ha elevado tiene carácter prejudicial. Las nuestras sí tenían que ver con normas y una interpretación adecuada del derecho que sería bueno que España conociese.
¿Cuánto tiempo puede tardar la resolución del caso en el TJUE?
Hay un cauce que si el TJUE cree que el tema está absolutamente claro, previo informe del Abogado General, las preguntas prejudiciales se devuelven. Si no, el procedimiento puede tardar de seis meses a un año.
Sin inmunidad tras aceptar el Parlamento Europeo el suplicatorio, ¿como abogado recomendaría a Puigdemont salir de Bélgica?
Lo vamos a estudiar una vez que el juez Llarena tome su siguiente movimiento, pero de momento no le veo inconveniente. Aunque hay un concepto que hay que aclarar: al president Puigdemont no le han levantado la inmunidad en términos generales, sino exclusivamente para continuar con la tramitación de una euro-orden concreta. Que nadie se haga la ilusión de que va a poder salir a cazar al president Puigdemont por las calles de Bruselas ni de Europa porque no es así.
Otra de las tesis del libro es que Puigdemont y los independentistas son discriminados por formar parte de una “minoría nacional”. ¿Por qué vincula el independentismo a una minoría nacional de la que también forman parte miles de catalanes que no son independentistas?
A la minoría nacional catalana en general se la maltrata en el momento en que toma una decisión que no es del agrado de la mayoría nacional española. Así funciona el tema de las minorías nacionales. Aquí no se trata de que solo se persiga a los independentistas. Es más, cuando deponen al president Torra también afectan los derechos electorales de los que no le votaron. En democracia gana el que más votos tiene, y si se depone al que más votos tiene también afecta al que tenía menos votos. Con el tema del independentismo siempre se cae en la paradoja de que el problema es del otro. Pues no, el problema es de todos, es de calidad democrática.
En este libro, además del procés, también relata varios episodios de un calvario personal: dos entradas en su despacho sin que Securitas Direct logre conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad, insultos por la calle.... ¿Tiene alguna sospecha de quién estaba detrás de esas entradas en su despacho?
Alguien desactivó las alarmas e impidió que Securitas pudiera recuperar las imágenes. Quien hizo este trabajo conocía perfectamente este tipo de instalaciones y tenía los conocimientos técnicos. Estamos viendo en la operación Kitchen de lo que son capaces algunas cloacas del Estado.
¿Cree que detrás de la entrada de su despacho hay alguna unidad de la Policía?
Ladrones no eran porque no se llevaron nada.
¿Ha temido por su integridad física?
El temor no es por la integridad física porque con temor no se puede trabajar. Pero ser conscientes de que hay un riesgo evidente en mi integridad física, sin duda.
En el libro también aborda la causa por blanqueo en la que está procesado. La acusación se basa en las declaraciones de otros dos procesados en la causa, Puentes Saavedra y González Rubio, un antiguo cliente suyo al que intervinieron casi un millón de euros en efectivo en el aeropuerto y que usted defendió que, si bien sí era una infracción llevarlo en metálico, su origen procedía de unas letras de cambio. Por contra, según la jueza, el dinero era un intento de Sito Miñanco por blanquear dinero del narcotráfico. ¿Cómo ha pasado González Rubio de cliente a señalarlo por blanqueo?
Porque la prisión es muy dura, muy injusta y hay gente que la sabe encajar de una forma u otra. No es la primera vez que a un preso se le ofrecen beneficios. Los dos coprocesados en la causa han obtenido importantes beneficios a partir del momento en que declaran contra mí. Uno de ellos queda en libertad [Puentes Saavedra] seis días después de incriminarme. Eso fue la bandera de enganche para que el que quisiera se apuntara. El siguiente en apuntarse fue González Rubio, a quien no pueden poner en libertad porque tiene dos homicidios en grado de tentativa de dos policías nacionales. Pero a González Rubio no se le toca un céntimo de su patrimonio. Es más, se niegan sistemáticamente a investigar su patrimonio. El motivo es que no les interesa que aparezca como lo que es, una persona con capacidad económica. Están presentando como un 'correo humano' a un señor que tiene propiedades por valor de varios millones de euros.
La jueza dice que las letras con las que justifica el dinero en el aeropuerto son falsas porque algunas de esas letras son anteriores a la fecha de la hipoteca por las que se emitían y que otras ya estaban vencidas y canceladas un año antes.
Eso es falso. Quienes eran los titulares de esas letras de cambio lo han acreditado en la causa. Esas letras hipotecarias en algunos casos hasta se ejecutó la hipoteca a través de los juzgados. Pero además nosotros recurrimos [la intervención del dinero en efectivo a González Rubio] en la jurisdicción Contencioso–Administrativa. Cinco salas distintas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dicen que no hay blanqueo de capitales y ordenan la devolución del 50% del dinero, que es lo que siempre pensé yo como su abogado. Ya el primer día le dije a este cliente que le iban a poner una multa del 50% seguro. ¿A quién se le ocurre llevar casi un millón de euros en efectivo en el aeropuerto? A nadie. Pues a él se le ocurrió y esto tiene un precio, que es una sanción administrativa. Tampoco el SEPBLAC, la máxima autoridad española en materia de blanqueo capitales, ha visto blanqueo. Solo lo han visto la juez Tardón y el fiscal De Lucas.
¿González Rubio firmó en su despacho las letras de cambio que la jueza dice que son falsas?
En absoluto. Hay hasta testigos. González Rubio nos trajo esos contratos y una serie de documentación que nadie ha cuestionado. El día que se supone que González Rubio firmó eso en mi despacho con Sito Miñanco en realidad el primero está en Colombia y el segundo en Algeciras. Hemos hecho una prueba pericial de las escuchas telefónicas incorporadas a la causa que geocalizan a González Rubio en Brasil y en Colombia en esas fechas. Y hemos demostrado con prueba científica que Sito Miñanco no estuvo en mi despacho ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo ni en junio de 2017. Pero lo quieren situar en mi despacho porque el caramelo es hacer ver como que el dinero incautado en el aeropuerto procede del narcotráfico. Cualquier mínima lógica de cómo funciona el negocio del narcotráfico indica que ese dinero no es de Sito Miñanco. Y esto lo saben jueces, fiscales, policía y abogados.
El otro elemento para incriminarle es una anotación del contable de Sito Miñanco, en la que escribió ‘Gonzalo fondos aeropuerto salva’ y, según la jueza, un pago de 10.000 por recuperar el dinero incautado en el aeropuerto. ¿Es usted ese Gonzalo?
No, eso no es así. La jueza lo interpreta así. Además existen serias dudas sobre esta anotación. Ante la fe pública que levanta el secretario judicial en la entrada y registro solo se contabilizan siete folios, y en cambio en el informe policial aparecen siete folios más y esta anotación está en el folio catorce. ¿Y eso que prueba que a un tal Gonzalo le hayan dado 10.000 euros? A mí seguro que no. Resulta que si hice todo esto, soy el que menos he cobrado. Esto es absurdo y es tratarme por tonto, que es algo que me sienta fatal en la vida.
En el libro vincula esta investigación por blanqueo y se declara “objetivo” de “un sector de Estado que se sentía más cómodo en el régimen anterior y que se ha camuflado de demócrata” debido a los éxitos que ha obtenido con Puigdemont y los independentistas. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión?
Si el Estado estuviera detrás de esto como tal, como Estado, en mi casa hubieran encontrado una maleta con un millón de euros o un paquete de cocaína. Esto comienza con un director de un medio de comunicación diciendo en diciembre del 2017 que yo tendría que estar bajo el control permanente de los servicios de inteligencia del Estado. Meses después la mujer de ese director me presenta una querella por la demanda en Bélgica contra el juez Llarena que atiende la jueza Tardón, y resulta que ambas son íntimas amigas. El mismo día que la jueza Tardón se ve obligada a archivar la causa en mi contra está citando a Puentes Saavedra para que venga a declarar en mi contra. Hace tiempo que dejé de creer en las casualidades.
Pero se podría decir que en su relato hay una relación de casualidad, no de causalidad.
¿De verdad? Es obligación legal de un juez abstenerse cuando una de las partes es su amiga personal, y la jueza Tardón es amiga personal de la querellante. Todo esto surge a partir de que ponemos una demanda contra el juez Llarena en Bélgica. Nunca antes en todos mis años de ejercicio profesional había tenido problemas con los juzgados ni con las autoridades. Bastó que fuéramos exitosos en el caso del procés para que me aparecieran toda serie de problemas. Con todo esto, es difícil creer en las casualidades.
¿Confía en revertir su situación? ¿Si en el juicio no resulta condenado o la Audiencia Nacional revoca su procesamiento, el mal ya estará hecho?
Le voy a poner un ejemplo. ¿De qué sirve la anulación de la sentencia al presidente Lula de Silva si ya ha estado en prisión, se le impidió ser candidato, ganó Bolsonaro y terminó nombrando ministro al juez del caso de Lula? Las cosas se parecen: la jueza Tardón fue concejal del Partido Popular. El daño a mi reputación, a mi familia y a mi despacho ya está hecho. El mal está hecho desde que empezaron a disparar contra mí, pero voy a pelear hasta el final. Que no le quepa ninguna duda a nadie.