El Govern catalán sube otro peldaño en la presión al Gobierno central respecto al caso del espionaje a través del 'software' Pegasus. El Consejo Ejecutivo ha aprobado este martes un acuerdo en el que dispone “restringir al mínimo” las relaciones con el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. “La reacción del Gobierno frente a este escándalo político ha sido del todo insuficiente”, ha asegurado la portavoz Patricia Plaja, que ha considerado que esta situación obliga reducir las relaciones políticas “a las mínimas que se consideren imprescindibles, hasta la esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades al nivel que corresponda”.
Junto a esta decisión, la Generalitat ha acorado también “emprender torcidas las actuaciones políticas y legales necesarias para esclarecer el caso de espionaje masivo y para que se depuren responsabilidades”, una denuncia que quiere llevar a “todas las instancias posibles”, lo que incluye hacer tantos llamamientos internacionales como sea posible. En la misma línea, será el Gabinete Jurídico de la Generalitat el organismo que estudiará las acciones legales para defender a los cargos públicos atacados y también habrá un “acompañamiento” para los afectados particulares, ha explicado la portavoz.
La exigencia del Govern es, de entrada, que el Gobierno se avenga a “desclasificar todos los documentos” relacionados con el caso del espionaje, y no únicamente los que sean requeridos por los tribunales o por el Defensor del Pueblo, tal y como se comprometió el ministro Félix Bolaños este domingo. Además, la Generalitat propone la reforma de dos leyes. Por un lado, la ley de secretos oficiales de 1968, a través de la que reclaman modificar el control sobre el CNI, y por otro la ley 14/2019, de 31 d’octubre, conocido como “decreto contra la república digital catalana”, que permite al Gobierno intervenir la infraestructura de Internet sin orden judicial.
La intención de enfriar las relaciones con Madrid ya había sido el primer anuncio del Govern tras conocerse las revelaciones de Citizen Lab sobre el ataque de 'software' malicioso. Sin embargo, en aquel momento se trató de una manifestación verbal y sin aclarar su alcance. Ahora se convierte en un acuerdo de Govern que, entre otras cosas, suspende la mesa de diálogo con el Gobierno y reduce la Comisión Bilateral a los ámbitos técnicos. “Solo se harán aquellas relaciones imprescindibles para esclarecer la relación con el 'CatalanGate' o aquellas que evidentemente sean necesarias para los intereses de la ciudadanía de Catalunya”, ha indicado Plaja, que ha considerado que a partir de ahora será “difícil ver relaciones al más alto nivel” entre ambos ejecutivos. La congelación además se mantendrá “hasta que haya alguna novedad sobre el tema”, ha zanjado.
La portavoz ha destacado además que las depuración de responsabilidades “no se puede demorar” y que en su opinión pasa por dimisiones. “Es evidente que todo lo que se va sabiendo demuestra que se está poniendo en riesgo la imagen de la democracia española”, ha dicho Plaja, por lo que ha considerado que el Gobierno debería ser “el primer interesado en ofrecer las explicaciones que una semana después aún no se han dado”.
Plaja también se ha referido a las informaciones publicadas por El País este martes, en las que el CNI reconoce el espionaje en dispositivos espionajes pero “individualizado y con control judicial”. Desde el Govern consideran que esta información subraya la necesidad de que se aclare el caso. “La ministra [Robles] dijo que no había espionaje. Hoy sale que sí pero sólo un poco y con autorización. Por tanto, ¿qué ha pasado? ¿El Estado español da por bueno que el fin de intentar acabar con el independentismo justifique todos los medios, también los medios oscuros y que violen derechos de decenas de personas en España y en otros estados europeos?”, se ha preguntado la portavoz.