El Govern contempla rebajar el precio de las matrículas universitarias por primera vez desde 2012, cuando el Ejecutivo de CiU subió un 67% las tasas a los estudiantes para compensar los recortes que iba a aplicar en educación superior. Un día después de que los rectores de los ocho campus públicos exigieran en un gesto inédito volver a los niveles de financiación anterior a la crisis, desde la Secretaría de Economía han manifestado que para los Presupuestos de 2020 contemplan un aumento de 100 millones en las transferencias y una reducción de las tasas todavía por concretar.
El secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Albert Castellanos, ha asegurado que están trabajando para que la reducción oscile entre el 10% y el 30%, cifra esta última que exigen los rectores, los estudiantes y el propio Parlament de Catalunya. “Si los rectores quieren más financiación, todo lo que rebajemos de tasas deberá conllevar una mayor presupuesto de la Generalitat”, ha constatado Castellanos. Aunque no le ha puesto cifra, una rebaja del 30% serían unos 60 millones adicionales que habría que añadir a los 100 ya previstos.
Además de responder a las exigencias de las universidades, con las que se reunían este mismo miércoles, desde Economía, en manos de ERC, han matizado de esta forma las promesas de la consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón. En TV3, la máxima responsable del sistema universitario en Catalunya, de JxCat, ha reaccionado a las protestas de los rectores prometiendo 120 millones y un plan de inversiones de 240 millones de euros en cinco años.
Si se acaba materializando la rebaja del precio de los grados, esto supondría un viraje, aunque de entrada leve, en el modelo de pago por el acceso a la universidad. Pese a tener los precios más caros de España –un grado en Catalunya puede llegar a costar el triple que en otra comunidad–, desde la Generalitat siempre han defendido que su modelo de becas permitía reducir de forma progresiva el precio de los estudios a aquellos jóvenes de familias con rentas bajas.
Tras dos años sin aprobar unas nuevas cuentas, desde Economía prevén poder llevar los presupuestos de 2020 a aprobación del gobierno en noviembre. Para ello necesitarán culminar con éxito una negociación política en la que embarrancaron el año pasado, con una Catalunya en Comú que se negó a dar luz verde a una reforma fiscal planteada por el Govern que catalogaron de insuficiente.
Lejos de las exigencias de los rectores
Con todo, las cuentas con las que trabajan en la Secretaría de Economía para las universidades, y que supondrían un aumento del 13% respecto a los presupuestos de 2017 –los últimos aprobados en Catalunya–, están lejos de satisfacer las demandas de los rectores. El aumento de 100 millones que plantean desde la Generalitat no alcanza para revertir los recortes iniciados en 2010. Entonces se destinaron a las universidades 893 millones de euros, unos 150 más que los 741 de 2017 (aunque con la prórroga presupuestaria la cifra para este año sea superior).
Lo que los rectores ponen sobre la mesa es un aumento de 150 millones en transferencias y, asumiendo que parte de ello responde al incremento de las nóminas de los funcionarios, reclaman además otros 100 millones adicionales en concepto del Plan de Inversiones Universitarias (PIU), con el que hacen frente no solo a la proyección de nuevas infraestructuras, sino sobre todo al mantenimiento de las actuales. Como en todos los demás departamentos de la Generalitat, esta partida se vio reducida al mínimo durante la crisis y no se ha recuperado.