Última oferta del Govern a la CUP para desencallar su veto a los Presupuestos: llegar a 1.000 millones de euros en políticas de vivienda a los largo de 2022. El Ejecutivo ha remitido esta cifra como propuesta final antes de que la formación capitalista reúna a su asamblea este sábado para decidir si mantiene la enmienda a la totalidad a las cuentas, que debe ser votada el lunes. El cambio en vivienda es el punto más relevante de la respuesta que la Generalitat ha dado a la CUP a sus cinco últimas demandas, entre las que se incluían estos 1.000 millones. En un documento al que ha tenido acceso este diario el Govern recoge algunas de las propuestas ya conocidas, como garantizar que no se destinará dinero al Hard Rock, y esquiva la exigencia de los anticapitalistas de obtener un compromiso con la celebración de un nuevo referéndum.
Con este último intercambio de propuestas la negociación entre las partes queda zanjada a la espera de la decisión final de la CUP, que reunirá a su asamblea este sábado para valorar la retirada de la enmienda a la totalidad. Las bases de la formación se posicionaron la semana pasada con una mayoría clara (63%) a favor de vetar las cuentas, pero también a favor de agotar la negociación. Ahora serán los máximos órganos de la CUP los que deberán decidir si los compromisos arrancados al Govern son suficientes para cambiar aquella decisión.
Fuentes de la formación indican, sin embargo, que las cosas han cambiado poco en la última semana. “Nos hemos encontrado un gobierno intentando renegociar a la baja el acuerdo de mínimos de la investidura, en cuestiones como la vivienda, sanidad o la energética pública”, se lamentan los anticapitalistas. En la misma línea, desde la CUP señalan que la apuesta del Govern por los proyectos turísticos no se ha movido. “Mientras renegociaban el acuerdo de investidura con la excusa de que no había margen, siguen apostando por los macroproyectos sin sentido como el de Hard Rock, los JJOO en el Pirineo o seguir metiendo dinero al pozo sin fondo que es el Circuito de Catalunya”.
En la respuesta enviada por el Govern queda reflejada que la oferta planteada a la CUP en materia de vivienda es un compromiso para llegar a los 1.000 millones de euros en la ejecución de los Presupuestos y “en función de los ingresos”. Es decir, no habrá cambios en las partidas ni en el techo de gasto que ya incorpora el proyecto remitido al Parlament, sino que se llegará a la cifra prometida en la fase de la ejecución y a lo largo del año. Con todo, en el Ejecutivo sacan pecho del aumento de recursos que supone, pues afirman que los actuales 749 millones presupuestados suponen un incremento de 410 respecto a las cuentas de 2020.
Sin embargo, desde la CUP también rebajan la importancia de estos 1.000 millones. “Es la partida total en vivienda, donde se engloban todas las políticas a desarrollar. Es una mejora en los 749 millones, pero sigue siendo insuficiente sobre todo porque no se destinarán a aumentar el parque público de vivienda”, indican.
La inversión en vivienda era una de las cuestiones que ya aparecían en el pacto de investidura firmado entre ERC y la CUP. En aquel documento lo acordado era un “presupuesto de 1.000 millones anuales en políticas de vivienda” además de “poner en disposición 5.000 viviendas anuales movilizando, a través del tanteo y retracto, viviendas ya construidas o pendientes de rehabilitar que no se encuentran a disposición del parque alquiler”.
No hay grandes avances en el resto de puntos planteados por la formación anticapitalista. El Ejecutivo catalán esquiva la propuesta de modificar el IRPF o de aplicar una nueva tasa a la compraventa de segundas residencias, y se remite a la creación de un “grupo de trabajo formado por expertos” para estudiarlo. En cambio, sí hay un compromiso para presentar en los próximos meses los nuevos impuestos verdes, ya comprometidos en la ley del cambio climático, como son el de emisiones portuarias y el de los gases de efecto invernadero, que entrarían en vigor en 2022 y 2023 respectivamente.
Respecto a la cuestión independentista, el Ejecutivo también ha optado por rebajar las aspiraciones de la CUP. Si en el acuerdo de investidura ERC apostaba por celebrar en esta legislatura un “nuevo embate democrático” que además “priorizase la vía del referéndum”, en el redactado de la última propuesta el Govern se compromete a impulsar un grupo de trabajo. Ese será el espacio donde “la mayoría independentista en el Parlament de Catalunya tomará en consideración y estudiará la oportunidad de impulsar, complementar o buscar alternativas en el contexto del embate democrático al Estado”, afirman.
Junto a eso, los partidos del Govern también se comprometen a que, en la primera mitad de 2023 “se analizará si el proceso de negociación de la Mesa del Diálogo, negociación y acuerdo ha dado sus frutos y decidirán los próximos pasos, incluida la finalización virtual de la negociación”. Una frase que recogen literalmente del acuerdo de investidura entre ERC y la CUP.
En paralelo a la oferta remitida a los anticapitalistas, los negociadores del Govern continúan avanzando en las conversaciones con En Comú Podem. Con esta formación ERC y Junts debaten sobre la inversión en ferrocarriles, que los comuns quieren aumentar hasta los 600 millones en cuatro años, la puesta en marcha de un servicio de dentista público, el refuerzo de la salud mental o una ley de barrios verdes que cifran en un total de 1.500 millones de euros en cinco años. En las últimas horas ambas partes han mantenido contactos pero, este viernes, los comuns han optado por registrar una enmienda a la totalidad. “Esta enmienda no es un punto y final, es un punto y seguido que debe servir de recordatorio al Govern de que el tiempo se agota”, ha expresado el diputado de ECP, David Cid.