Día clave para los 34 exaltos cargos del Govern y funcionarios encausados, entre ellos los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, en el Tribunal de Cuentas por los gastos exteriores del procés. Este miércoles finaliza el plazo para que depositen los 5,4 millones de euros de fianza. Mientras algunos de los encausados ya han empezado a depositar sus pisos y bienes personales para cubrir su parte, el Govern, al contrario de lo que dijo hace 24 horas, ha anunciado que finalmente sí avalará a los afectados.
Es la segunda rectificación del Govern en menos de un día sobre el aval a las fianzas del Tribunal de Cuentas. Este martes el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, avanzó que la Generalitat no había encontrado ningún banco para avalar las fianzas y que finalmente el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco público de crédito del Govern, tampoco se haría cargo de ellas. El aval queda fuera del ámbito de actuación ordinaria del ICF, dedicado en especial al crédito para las empresas. Todo ello pese a que el propio decreto del Govern aprobado a principios de julio contemplaba que el ICF cubriera provisionalmente las fianzas si no se llegaba a un acuerdo con un banco.
Por sorpresa, el propio Giró ha anunciado este miércoles durante el pleno del Parlament que finalmente sí usará el ICF para avalar el fondo de riesgos creado por el Govern para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros que los encausados deben depositar este miércoles. “He recibido llamadas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Esto es lo que haremos”, ha justificado Giró, que a primera hora se había reunido con el president, Pere Aragonès.
Giró ha afirmado que la decisión de no avalar a través del ICF se tomó este martes “por prudencia” y para “proteger” a los trabajadores del instituto, aunque ha matizado este miércoles que sus palabras “de algo sirvieron”, porque se ha revertido la situación.
El fondo del Govern para cubrir las fianzas funciona de forma similar al de un seguro privado: una entidad financiera avalaría las fianzas, con un contraaval de la Generalitat que se canalizaría a través del ICF. Pero el primero de los requisitos falló al encontrarse el Govern con el rechazo de las entidades bancarias. Finalmente el aval lo asumirá el propio ICF, y si terminan condenados por el Tribunal de Cuentas los dirigentes tendrán que devolver el dinero.
Pese al anuncio de última hora, según fuentes jurídicas algunos de los 34 exaltos cargos del Govern implicados prevén depositar a lo largo de este miércoles bienes y propiedades personales para cubrir la suma exigida por el Tribunal de Cuentas. Es el caso de la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal, la segunda encausada a quien el ente fiscalizador reclama una fianza más alta, según ha confirmado en RAC-1 su abogado, Javier Borrego.
Sin embargo el grueso de los encausados, como los expresidents Carles Puigdemont o Artur Mas o el exvicepresident Junqueras, sí se acogerán finalmente al fondo. Según fuentes jurídicas, será cada uno de los encausados los que presente ante el Tribunal de Cuentas el aval del ICF como muestra de que pueden asumir la fianza. Después será el ente fiscalizador el que indique si la acepta o no, en cuyo caso podía proceder al embargo preventivo de sus bienes. En paralelo al ICF, las entidades soberanistas también han presentado sus fondos obtenidos a través de donativos populares de la Caja de Solidaridad, que tan solo alcanzan 900.000 euros de los 5,4 millones reclamados.
Con todo, entre los encausados hay escepticismo sobre si el Tribunal de Cuentas aceptará el aval del ICF. Así lo ha verbalizado Artur Mas en declaraciones a SER Catalunya. El expresident ha advertido de las “altísimas probabilidades” de que el tribunal rechace esa opción, con la “excusa de que, como es un banco público que pertenece a la Generalitat, la Generalitat no puede directamente cubrir con un aval” a las personas encausadas. “Ojalá en mi pronóstico me equivoque y el Tribunal de Cuentas acepte este aval”, ha añadido. Las defensas de los encausados seguirán trabajando para reunir los bienes personales suficientes con los que avalar las fianzas, en caso de que el ente no aceptara el aval del ICF.
Primera denuncia archivada
Por otro lado, el juzgado de instrucción número 25 de Barcelona ha archivado la denuncia que Convivencia Cívica Catalana (CCC) presentó contra el Govern por crear el fondo para avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas, porque la causa no es de su competencia al dirigirse contra aforados. La jueza ha archivado la denuncia sin entrar a analizar el fondo del asunto, argumentando que la justicia ordinaria no es la competente para investigar a los miembros del Govern que, como tales, tienen la condición de aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Convivencia Cívica presentó el pasado 7 de julio su denuncia por malversación y prevaricación –que se dirigía contra el presidente catalán, Pere Aragonès, y sus consellers– en los juzgados de guardia de Barcelona y, por reparto, recayó en manos de la titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona. El órgano al que corresponde investigar la denuncia es, sin embargo, el TSJC, puesto que los miembros del Govern son aforados ante el mismo.