Las fianzas del Tribunal de Cuentas: 2,9 millones a Mas y Mas-Colell y casi dos millones a Junqueras y a Puigdemont

El Tribunal de Cuentas ha trasladado este martes a 34 ex altos cargos y funcionarios de la Administración catalana entre los años 2011 y 2017 el acta de liquidación provisional con el dinero supuestamente desviado al procés a través de las delegaciones catalanas en el exterior y el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat). El máximo órgano fiscalizador del Estado reclama de forma provisional 2,9 millones al expresident Artur Mas y al que fuera conseller de Economía Andreu Mas-Colell y casi dos millones de euros a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. 

En total, el Tribunal de Cuentas cifra en 5,4 millones el dinero supuestamente desviado para promocionar el independentismo en el extranjero por Mas, Puigdemont, Junqueras, exconsellers, exsecretarios, interventores o exdelegados en varios países. En conjunto son 34 personas a las que se ha reclamado fianza. Finalmente no se pide ninguna cantidad a los exconsellers de Presidència Neus Munté y Jordi Turull y a otros siete ex altos cargos que habían sido citados para este martes.

El Tribunal de Cuentas reclama las mayores fianzas al exresponsable del consorcio Diplocat Albert Royo, 3,6 millones de euros; al exconseller Mas–Colell y a Artur Mas, 2,9 millones; al extitular de Exteriores Raül Romeva, 2,2 millones; y a Puigdemont y Junqueras, 2,08 millones. Las funcionarias que se exponen a una mayor multa son las exinterventoras de la Generalitat Mireia y Rosa Vidal, a quien se pide afianzar 3,3 y 1,9 millones respectivamente. En los casos en los que sitúa como responsables de un mismo supuesto gasto irregular a varios ex altos cargos, la responsabilidad es solidaria, por lo que si alguno de los denunciados no tiene dinero o propiedades para hacer frente a su depósito, otros de los implicados tendrán que hacerse cargo por él. 

Estas cantidades, relativas a supuestos desvíos de fondos utilizados en viajes, contratos y delegaciones de la Generalitat en el extranjero, figuran en el Acta de Liquidación Provisional que el máximo órgano fiscalizador del Estado ha trasladado a las defensas de los implicados. Los abogados han examinado esta mañana la documentación y, a continuación, podrán realizar las alegaciones que “estimen convenientes en defensa de sus derechos'', según ha informado el Tribunal de Cuentas. Letrados consultados por elDiario.es aseguran, sin embargo, que tienen apenas tres horas para estudiar un informe de 504 páginas y diez minutos para formular sus alegaciones con independencia del número de personas a las que defienden. 

Tras este trámite, los denunciados tendrán unos días de plazo —generalmente suelen ser 15 días hábiles— para depositar esos fondos y garantizar así que pueden hacer frente a una eventual condena. Si no lo hacen, podrán ver embargadas sus cuentas corrientes y propiedades en un plazo máximo de tres meses, según establece la ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de 1988. La diligencia de embargo la realiza una unidad administrativa de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que exigirá esas cantidades por la vía de apremio que establece el Reglamento General de Recaudación.

En el acto celebrado este martes se entrega a las defensas de los presuntos responsables el Acta de Liquidación Provisional y no se dirime si existe o no responsabilidad contable, sino que se hace “un pronunciamiento previo y provisional sobre las mismas”, explican fuentes del órgano fiscalizador. Las posibles responsabilidades contables se determinarían en una vista, que todavía no tiene fecha. Es decir, los exaltos cargos de la Generalitat están obligados a consignar estos fondos en la fase de instrucción del procedimiento. Las sentencias del Tribunal de Cuentas pueden ser recorridas ante la Sala Tercera del Supremo.

Informe de 2019

Las fianzas comunicadas este martes derivan de las diligencias abiertas a raíz de un informe del Tribunal de abril de 2019 sobre las dos legislaturas de Artur Mas como president y la de Carles Puigdemont. En el caso de los viajes al exterior de los presidents, el Tribunal distingue entre los que sí están amparados por el Estatut, que reconoce a la Generalitat –como al resto de autonomías– la promoción de Catalunya al exterior, y los que sirvieron únicamente de “promoción del proceso independentista”. Son estos últimos los que ahora se reclama la devolución de su coste.

Uno de los motivos para incluir dentro de la categoría de viajes para promocionar el procés son las declaraciones a la prensa de los expresidents. Por ejemplo, en el informe del Tribunal de Cuentas se pone bajo sospecha un viaje de Artur Mas a EEUU en 2014 porque durante una visita a la planta de hemoderivados de la multinacional catalana Grífols el entonces president pidió al Gobierno “negociar los términos de la consulta”. En cambio otros viajes sí estaban dedicados en exclusiva al procés, como por ejemplo el acto de Carles Puigdemont en Bruselas que llevó por título “El referéndum catalán”. En conjunto, los viajes cuyo importe se reclama ahora asciende a 317.790,16 euros.

La segunda pata de los gastos reclamados corresponde a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero, similares a las que tienen otras comunidades pero que según el Tribunal de Cuentas gastaron al menos 1,14 millones en actividades “relacionadas con el proceso de autodeterminación”. El tercer capítulo, y más voluminoso, de gastos corresponde al Diplocat, un consorcio público–privado –en él están Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, patronales, sindicatos y hasta el Barça– por cuyas actividades se reclaman 3,6 millones.

De estos casi cuatro millones, 1,3 corresponde a un contrato con la consultaría norteamericana Independent Diplomat, que según el informe del Tribunal de Cuentas prestó servicios relacionados con procesos independentistas entre 2013 y 2015. Pero dentro del apartado del Diplocat también se incluyen gastos por la demanda de dos trabajadores de la oficina de Lleida, por valor de 80.232 euros, y la plaza del jefe de oficina de prensa, que asciende a 134.286,76 euros.

El máximo órgano fiscalizador realizó el informe tras solicitarlo la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que, a instancias del PP y con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, pidió que aclarara si los fondos destinados a la acción exterior catalana se habían utilizado “conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia”. En estas pesquisas, además de los implicados, están personadas la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que buscan la restitución del dinero público que la Generalitat de Catalunya utilizó supuestamente para la promoción exterior del procés; y las entidades Abogados Catalanes por la Constitución y de Sociedad Civil Catalana, como acción pública.

Tras los indultos a los presos independentistas, las actuaciones del Tribunal de Cuentas centran ahora la atención del Govern catalán y el conjunto del soberanismo. Y, especialmente, este procedimiento, que es el más polémico porque el órgano fiscalizador interpreta que buena parte de los gastos exteriores del Govern desde el año 2011 se realizaron para promocionar la independencia y que eso sería una desviación irregular de fondos públicos. 

Así, el expediente implica a cargos que habían dejado el Govern en la legislatura de Carles Puigdemont, como el exconseller Mas-Colell, que se ha convertido en una de las caras públicas de la protesta contra estas actuaciones. La semana pasada, un grupo de economistas de renombre internacional, con 33 premios Nobel de Economía y otros veinte destacados académicos, publicó un artículo conjunto en el diario El País para mostrar su apoyo a Mas-Colell, quien además de exconseller catalán es un prestigioso profesor de economía.

El president de la Generalitat Pere Aragonès reclamó este viernes al Gobierno que frene las actuaciones del Tribunal de Cuentas que en su opinión están “llenas de irregularidades”. A su juicio, el organismo “amenaza con la ruina económica y la muerte civil de decenas de personas” y pretende continuar la “represión” que se ha paralizado en otros ámbitos y hacerlo “más allá de sus funciones”. Aragonès también destacó que el Tribunal de Cuentas es una institución “politizada”, controlada por personas “próximas al PP” y “altamente ideologizada”. También se refirió al informe el ministro de Transportes, José Luís Ábalos, que aseguró que las actuaciones del Tribunal de Cuentas “ponen piedras” en el camino del diálogo, por lo que hacía falta “desempedrarlo”. 

Este procedimiento es el mismo que se siguió en su día contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, a quien se consideró máximo responsable de los gastos de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que se cifró en casi cinco millones de euros y que tuvo que responder de forma solidaria con las fianzas del resto de implicados. Y concurre en paralelo al del 1-O, más avanzado, y en el que el Tribunal de Cuentas impuso una fianza de 4,1 millones de euros a Puigdemont, Junqueras y otras 26 personas –trece exconsellers y once ex altos cargos de la Generalitat– por el gasto supuestamente originado a las arcas públicas en la organización del referéndum de autodeterminación.