La Generalitat ha presentado este jueves los primeros resultados recaudatorios de la ley del impuesto sobre los pisos vacíos aprobada en el Parlamento el pasado julio. La ley establece que los grandes propietarios que tienen pisos desocupados durante más de dos años deben pagar un impuesto en función de los metros cuadrados. El impuesto, de carácter anual, se ha recaudado el mes de marzo a través de la autoliquidación de los propietarios, que han declarado cuántas viviendas tenían vacíos. Un total de 198 sociedades han pagado una suma de 11,3 millones de euros, tres más que los 8 millones previstos por la Generalitat. El Govern todavía no dispone de los datos sobre cuántas viviendas se han visto afectados por la medida.
La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha explicado que la ley no tiene una intención recaudatoria. “El escenario deseable sería no recaudar sino que directamente los propietarios pudieran movilizar los pisos y ponerlos al alcance de las familias con alquileres asequibles”, ha asegurado. Sin embargo, la norma también establece que toda la recaudación se dedicará a la adquisición de pisos para destinarlos al parque de alquiler social. La Generalitat prevé adquirir 260 pisos vacíos con ese dinero en 72 poblaciones con alta demanda de vivienda social.
Borràs ha alertado de que esta ley se encuentra bajo el “peligro de una posible impugnación por parte del gobierno del Estado en funciones”. El martes se reunieron técnicos de la Generalitat y el gobierno del Estado para discutir la constitucionalidad de la ley de emergencia habitacional impulsada por la PAH. La consellera ha explicado que en las reuniones bilaterales no ha habido consenso sobre ninguna de las dos leyes, pero asegura que no sabe qué decidirá el gobierno del Estado.
Sobre la aplicación de la ley de emergencia habitacional, en base a la que el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este miércoles multas a los grandes propietarios que desahucian familias vulnerables y no ofrecen alternativas, el secretario de Vivienda, Carles Sala, ha asegurado que la aplicación de estas sanciones corresponde a los ayuntamientos y no a la Generalitat. No obstante, Sala dice que el Govern está animando a iniciar sanciones a los municipios en que la Generalitat no puede ofrecer vivienda social a quien lo necesita.