El subdirector económico de La Vanguardia, Manel Pérez, explica muy bien en La burguesía catalana (Península) cómo la élite económica de Barcelona perdió la partida con el procés: primero trató de cabalgarlo en beneficio propio, al lado de Artur Mas, heredero de la tradición política de Jordi Pujol y Convergència Democràtica (CDC), pero no solo acabó sobrepasada sino que finalmente quedó expuesta su irrelevancia a la hora de determinar el rumbo político y social del país.
Es una conclusión dura, pero sólidamente argumentada por uno de los mejores conocedores del establishment catalán, que a la postre puede reforzar algunos de los estereotipos que en Madrid tanto gusta colocar a los empresarios catalanes, señalados, a menudo con cierta condescendencia, como blandos y hasta complacientes frente al nacionalismo y el independentismo. Por ello sería interesante ampliar el foco para tener una perspectiva más amplia sobre el conjunto del poder económico español: ¿es que acaso las potencias del Ibex sólidamente asentadas en Madrid combatieron el procés y los actores que lo desencadenaron con más eficiencia que sus compadres catalanes?
No lo parece: más bien incluso todo lo contrario.
Algunos de los procedimientos judiciales de los últimos años han hecho aflorar mucha información que ahora permite tener una perspectiva más completa del paisaje. Y muestran que, en realidad, varias empresas muy relevantes del Ibex con sede en Madrid desempeñaron un papel crucial en la financiación de la Convergència de Mas y de su círculo de máxima confianza durante el trayecto que conduciría al desafío que puso en jaque al Estado. Además, los flujos económicos se vehicularon en ocasiones con cauces de dudosa legalidad cuando no directamente ilegales. Ninguna de estas corporaciones ha dado nunca siquiera explicaciones por ello.
El procés escapó de las manos de Mas y hasta se lo llevó políticamente por delante, pero fue él quien lo arrancó institucionalmente como presidente de la Generalitat a partir de 2012. Y antes había abonado el terreno que hizo posible la aventura: él mismo lideró la radicalización de Convergència en sus años de oposición al Gobierno tripartito, en la década de 2000, como estrategia tanto para desengancharse del legado de Pujol -que empezaba a percibirse como tóxico- como para subrayar las supuestas renuncias de Esquerra Republicana (ERC), sobre todo en las negociaciones del Estatut, y con ello sumarse a la marea de las nuevas plataformas a favor del “derecho a decidir”, auténtico germen de lo que vendría la década siguiente.
Ferrovial: bote salvavidas en los años más difíciles
Esos años de mutación de CDC hacia posiciones nítidamente soberanistas fueron especialmente duros para las finanzas del partido, en plena travesía del desierto tras perder las potentes palancas económicas que otorga la Generalitat, institución que los convergentes habían controlado desde su recuperación, en 1980, hasta su derrota frente a Pasqual Maragall, en 2003.
Sin embargo, el nuevo núcleo de poder convergente capitaneado por Mas contó con una importante fuente irregular de ingresos que le ayudó a aguantar y a continuar su travesía hacia el “derecho a decidir” sin los complejos de la era Pujol. Esta fuente secreta fue nada menos que Ferrovial: la gran empresa de infraestructuras controlada por la familia Del Pino, una de las más emblemáticas de la alta burguesía madrileña, donó de forma irregular en la década de 2000 más de 6 millones de euros a CDC a través del Palau de la Música, según ha quedado acreditado en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Palau.
Los orígenes del tinglado se remontan al Gobierno de Pujol, en que Mas ejercía de conseller en cap, pero la sentencia muestra cómo los pagos prosiguieron también durante la travesía del desierto en que la renovada CDC acentuó su radicalización, como contrapartida a adjudicaciones de entes municipales bajo control del partido.
Esta es la primera paradoja de la simiente que condujo al procés: fue la gran corporación madrileña surgida en los años duros del franquismo el principal donante de la estructura de financiación ilegal del partido nacionalista montada alrededor del Palau de la Música, templo del catalanismo y mítico escenario donde Pujol forjó su leyenda antifranquista.
Telefónica: 2,5 millones sin contraprestación
El caso Palau estalló en 2009, lo que puso fin a la paradoja de que una gran corporación del capitalismo español financiara bajo cuerda al partido nacionalista catalán en pleno tránsito hacia el soberanismo. Pero entonces entró en escena Telefónica, otra de las grandes corporaciones del Ibex -particularmente vinculada a las “razones de Estado”-, según han puesto en evidencia varios informes de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra en la causa Triacom, una derivada de la investigación del 3% que actualmente instruye el magistrado Santiago Pedraz en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.
La causa Triacom investiga el supuesto uso de esta productora, cuyos ingresos se nutrían sobre todo de adjudicaciones de TV3, como herramienta al servicio de la financiación ilegal de Convergència y en particular de la campaña que en 2010 llevó a Mas a la presidencia de la Generalitat. Pero la policía judicial sostiene que Telefónica abonó al menos 2,4 millones de euros sin ninguna contraprestación a la productora que supuestamente pagaba actos de la campaña de Mas y facturas falsas relacionadas con una rama de financiación irregular de Convergència alrededor de la Diputación de Lleida.
De hecho, Telefónica fue el principal cliente privado de Triacom en 2010 y 2011, en virtud de un contrato suscrito en julio de 2010, en el que la gran multinacional del Ibex se comprometía a abonar un total de 2,4 millones de euros como patrocinador de la serie Jo vull ser [Yo quiero ser], que supuestamente iba a emitir TV3, y dos vídeos corporativos. Los pagos se materializaron en seguida, pero más de una década después no existe rastro de que los trabajos comprometidos realmente se llegaran a hacer, como acabó reconociendo la propia Telefónica a requerimiento de la Agencia Tributaria, una documentación que consta en el sumario: “Hasta la fecha no hemos encontrado evidencias de la emisión o de la serie Jo vull ser. En la medida en que sean encontradas en el futuro procederemos a aportarlas al procedimiento”, contestó oficialmente la multinacional. Y respecto a los vídeos corporativos: “No hemos encontrado copia de los vídeos a que se hace referencia. [...] En la medida en que sean encontrados en el futuro procederemos a aportarlos al procedimiento”.
El contrato se firmó con César Alierta en la presidencia de Telefónica, pero tampoco el equipo de José María Álvarez Pallete ha dado nunca una explicación a estos elevados pagos sin contraprestación a una productora que está siendo investigada por financiación irregular del partido de Mas. Todas las peticiones formuladas por ElDiario.es para aclarar este contrato millonario y por qué no se reclamó nunca la devolución de los importes, puesto que los trabajos no se realizaron, han resultado siempre infructuosas.
Repsol, otra poderosa multinacional del Ibex con base en Madrid, también contrató a Triacom en la misma época, según el sumario, aunque con cantidades mucho más modestas.
Acciona: la superprivatización fallida
La llegada de Mas a la presidencia de la Generalitat fue el pistoletazo de salida al mayor proceso de privatizaciones de la historia de la autonomía. La joya de la corona, por su cuantía -1.000 millones de euros- fue ATLL, la empresa pública de abastecimiento de agua en alta, que se adjudicó en tiempo de prórroga de la primera legislatura de Mas, camino ya de las elecciones anticipadas que marcaron el inicio oficial del procés tras la ruptura entre Mas y Mariano Rajoy ante la negativa de este a debatir la propuesta de pacto fiscal.
En aquel momento, a finales de 2012, Mas planteó la campaña de su reelección como un plebiscito a su política de desafío al Estado, lo que, según revela Manel Pérez en su libro sobre la burguesía catalana, provocó enorme irritación en el empresario Juan Manuel Entrecanales, patrón de Acciona, la poderosa multinacional de infraestructuras del Ibex, que llegó a proponer que el Instituto de Empresa Familiar (IEF) aprobara un manifiesto defendiendo la unidad de España con críticas explícitas a las posiciones soberanistas que abanderaba Mas, sumergido ya en su campaña electoral.
El manifiesto del IEF no llegó a publicarse. Y resulta que justamente en esos mismos días de grandes aspavientos públicos, ya en prórroga de la legislatura, el Gobierno de Mas eligió precisamente a la Acciona de Entrecanales para la superadjudicación de ATLL, a la que también aspiraba Agbar.
La millonaria adjudicación no fue precisamente modélica, sino una de las mayores chapuzas de la historia de la autonomía hasta el punto de que el Tribunal Supremo la acabó anulando al constatar múltiples irregularidades ya denunciadas desde el principio por el organismo de contratación de la propia Generalitat, que desde 2013 sostenía que Acciona ni siquiera debía haber pasado el filtro para poderse presentar al no cumplir los requisitos. Eso sí: la multinacional madrileña tenía en el consejo de Administración a Ferran Rodés, por aquel entonces presidente del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible creado por el Gobierno de Mas y siempre editor del diario Ara, que el mundo económico de Madrid suele estigmatizar como “independentista”.
Endesa apuesta por Madí
El principal colaborador de Mas en el largo tránsito del autonomismo al independentismo ha sido siempre David Madí, primero como fontanero en su etapa a la sombra de Pujol, posteriormente mano derecha en la travesía del desierto en la oposición y en la afirmación de los nuevos postulados soberanistas y, finalmente, como principal tentáculo ante el poder económico desde la consultora Nubul, que Madí creó a finales de 2010 para sus negocios privados, tras dejar a Mas instalado en la presidencia de la Generalitat.
Un procedimiento fiscal derivado de la causa Triacom ha permitido conocer cómo Madí se convirtió, a través de sus consultoras, en un gran imán para atraer contratos de asesoría a corporaciones interesadas en prosperar en Cataluña durante el mandato de Mas: entre 2011 y 2013 facturó 4,5 millones de euros en asesorías a grandes empresas, incluyendo pesos pesados del Ibex como Telefónica, que le abonó 667.000 euros en este periodo (a sumar a los 2,4 millones antes citados de Triacom), Indra, otro de los poderosos buques insignia del Ibex habitualmente identificado con la “razón de Estado”, cuando la presidía Javier Monzón (203.000 euros), y Deloitte, la tercera auditora del Ibex, con otros 426.000 euros.
Los contratos a Madí siguieron, pues, con posterioridad a 2012, el año de arranque formal del procés. Y aunque el procedimiento fiscal de la causa Triacom aporta información solo hasta el ejercicio de 2013, sus negocios con el Ibex continuaron incluso cuando, ya con Carles Puigdemont en la presidencia de la Generalitat, se incorporó al llamado “Estado mayor del procés”, un órgano informal pero extraordinariamente influyente en la preparación del camino hacia el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Desde que fundó Nubul, Madí llevaba colocados dos sombreros simultáneos: como influyente dirigente de CDC en la sombra -incluso miembro del “Estado mayor”-, alentaba el desafío independentista. A la vez, como consultor privado, se ofrecía a las grandes corporaciones para asegurarles que, si lo contrataban, la eventual independencia de Cataluña no perjudicaría sus intereses, como explica un importante ejecutivo de una multinacional que lo recibió tras la aprobación en el Parlament de las leyes de desconexión, que llevaron al referéndum, en septiembre de 2017. He aquí otra gran paradoja: aquellas leyes fueron uno de los mayores triunfos de la anticapitalista CUP, pero también podían suponer una oportunidad de negocio para los sectores más probusiness del procés, liderados por Madí, quien ofreció sus buenos oficios a potenciales clientes del establishment económico, incluido el madrileño.
Entre 2011 y julio de 2017, a las puertas mismas del referéndum, Madí fue también nada menos que presidente del Consejo Asesor en Cataluña de Endesa, una de las grandes multinacionales energéticas del Ibex, entonces presidida por Borja Prado. La plataforma que le ofreció la corporación es de gran importancia para ayudar a tejer relaciones económicas y de poder en Cataluña, pero también una posible fuente de ingresos y de presupuesto para apoyar a movimientos independentistas, como ha puesto de manifiesto el caso Voloh, que entre otras cuestiones investiga el supuesto tráfico de influencias de destacadas personalidades nacionalistas, Madí entre ellas.
Los atestados de la policía judicial en esta causa, que instruye el magistrado Joaquín Aguirre en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, subrayan que en este periodo Endesa se convirtió en anunciante de las publicaciones editadas por Víctor Terradellas y Francesc Dalmases -hoy diputado y vicepresidente de Junts per Catalunya- y singularmente en el Catalan International View, revista concebida como herramienta de propaganda del independentismo en el extranjero dirigida a líderes internacionales de opinión.
Catalan International View fue una publicación muy bien editada y con colaboraciones con vocación de referencia para explicar el procés independentista al mundo… ¡cortesía de Endesa!
Como explica bien Manel Pérez, la burguesía catalana fracasó al no poder controlar al genio que ayudó a liberar de la lámpara, pero las grandes potencias del Ibex con base en Madrid incluso llegaron a financiarlo.