Este invierno alrededor de medio millón de catalanes no podrá mantener su casa a una temperatura adecuada. Se trata de 193.000 hogares. Así cifra el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) el alcance de la pobreza energética, que evidencia las dificultades de muchas familias para hacer frente no solo al pago del gas, sino también de la luz o del agua. La semana pasada el Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) pedía una tregua invernal para que estas familias no se queden sin suministros para combatir el frío. Y esta semana se debatirá en el Parlament, a proposición de ICV-EUiA, un “plan de choque” para eradicar este tipo de pobreza, a menudo poco visible.
Los ecosocialistas han registrado una moción para garantizar que ningún ciudadano se quede sin “suministros básicos”. Proponen definir el concepto de “consumidor vulnerable”, existente ya en países como Francia y contemplado en las Directivas Europeas, para el cual deberían ofrecerse “tarifas sociales, con precios reducidos, y garantías contra el corte de suministros en caso de impagos por razones económicas. En este sentido, ICV-EUiA pide que se desarrollen los mecanismos legales pertintentes para que las compañías no puedan desabastecer a los consumidores que no pagan sin la autorización de la Administración.
En el caso de la calefacción, se considera pobreza energética cuando un hogar no se puede mantener por encima de los 18 grados en invierno. En cuanto al agua, ICV-EUiA propone fijar un consumo “mínimo vital de agua potable, de saneamiento y de energía” en función del número de miembros de una familia.
Según los ecosocialistas, se deberían establecer acuerdos y convenios con las compañías para rebajar el precio de los suministros cuando las familias ingresen mensualmente una cantidad inferior al resultado de multiplicar el Indicador de Renda de Suficiencia por el número de residentes.