¿Por qué los sumarios sobre independentistas se acumulan en el juzgado de Manuel García Castellón en vez de repartirse entre los otros cinco instructores de la Audiencia Nacional? A esta pregunta quieren intentar dar respuesta dos de los imputados en el caso Tsunami Democràtic, tras constatar que su caso deriva de otras dos causas relacionadas con el procés.
No es la primera vez que las distintas investigaciones sobre el independentismo que ha llevado García Castellón sobrevuelan una de sus causas. Las defensas de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo ya descubrieron hace unos años que su causa había nacido a partir de otra macroinvestigación secreta iniciada en 2017, con decenas de pinchazos telefónicos, balizas en coches y hasta con un 'troyano' para acceder a móviles de personas del entorno de Carles Puigdemont, cuyo sumario desveló elDiario.es.
La historia empieza a repetirse en el caso Tsunami. En un escrito, el empresario Oriol Soler y el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, representados por el abogado Benet Salellas, quieren saber por qué la causa se empezó a investigar directamente por parte de García Castellón a partir de otra causa anterior que ya tenía abierta en vez de enviarse a reparto entre los seis instructores de la Audiencia Nacional.
El caso Tsunami comenzó, según el primer tomo del sumario del caso, con un informe de la Guardia Civil del 17 de octubre de 2019 –tres días después de la protesta en el Aeropuerto de El Prat organizada por la plataforma– que podía bloquear varias páginas web. Ese informe, en el que se mencionaba otra comunicación del 7 de octubre, se entregó directamente en el juzgado de Manuel García Castellón, y la defensa quiere saber “el motivo” por el que no se registró en el juzgado central de guardia.
La defensa también solicita que el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) –el antiguo secretario judicial– deje “constancia fehaciente” de cómo nació el caso Tsunami, es decir, si el sumario se remitió al servicio de registro y reparto de la Audiencia Nacional y el por qué.
Argumenta la defensa que el método de instruir de García Castellón en los casos de los CDR y Tsunami –abrir nuevas causas a partir de otras anteriores que instruía él mismo– puede vulnerar varios derechos fundamentales. Según la defensa, el juez García Castellón habría empezado a investigar el Tsunami “indebidamente” y “haciendo caso omiso de las reglas de reparto establecidas”, lo que, a su juicio, “provoca una evidente vulneración al derecho al juez imparcial, independiente y predeterminado por ley”.
La acumulación de hasta tres causas relativas al independentismo por parte del mismo juez, ahonda la defensa, “tiende a parecer una auténtica causa general desgajada en distintas piezas sucesivas que han mantenido abierta una investigación de objeto amplísimo, tanto temporal como espacial”. Por si fuera poco, recuerda la defensa, el mismo García Castellón ha decidido investigar dentro del caso Tsunami algo que no tiene conexión con la plataforma como la presencia de “espías rusos” en Catalunya.
“No es propio de un derecho penal democrático iniciar una investigación penal general contra el independentismo catalán, sino que es propio de un derecho penal del enemigo”, remacha Salellas. A juicio de la defensa, el hecho de que el juez “troceara” en distintos procedimientos la “causa general” contra el independentismo “tiene un efecto letal en el derecho a la defensa” de los investigados.
Para reparar este efecto en el derecho de defensa, este abogado reclama tener acceso a las dos causas previas de las que deriva el caso Tsunami “tanto en su ramo principal como en la totalidad de sus piezas separadas respectivas”.
Las causas de García Castellón
Cabe recordar que la misma petición que ahora realiza Salellas en Tsunami para tener acceso a todos los sumarios de los que cuelga su caso ya fue realizada por las defensas de la causa de los CDR. El juez García Castellón se negó a entregar las causas a los abogados en varias ocasiones, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió una y otra vez al instructor y le obligó a proporcionar a los investigados los sumarios al constatar que era necesario para garantizar su derecho de defensa.
De la información que García Castellón trasladó a las defensas de los CDR se desprende la existencia de por lo menos dos investigaciones que dirigió él mismo en secreto, y que no han derivado en imputaciones formales, sobre el entorno de Carles Puigdemont en los meses posteriores a su marcha a Bélgica y sobre la exdiputada de la CUP Anna Gabriel tras irse a Suiza.
Pese a las decenas de intervenciones telefónicas e informaciones sobre decenas de personas, en ningún momento se les llamó a declarar como investigados ni tampoco han sido procesados. En círculos jurídicos se barajó la posibilidad de que fueran meras causas instrumentales para monitorizar la actividad del entorno de Puigdemont y la izquierda independentista, sin que hubiera un objetivo de sentar a nadie en el banquillo salvo giros de relevancia en las pesquisas. Pero de esas causas nacieron dos de los sumarios que más quebraderos de cabeza han traído para negociar la ley de amnistía: los CDR y Tsunami.