19 de febrero de 2018. Se hace público que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel se ha marchado a Suiza y no comparecerá ante el Tribunal Supremo en la causa del procés. Un mes después, la Policía Nacional registra en la Audiencia Nacional un informe en el que propone al tribunal especial abrir una causa ante la “amenaza real para la estabilidad y la paz social” que, a su juicio, supone la izquierda independentista catalana, a quien sitúa como instigadora de las protestas y cortes de carreteras y vías de tren de los CDR.
En ese primer atestado, adelantado por La Directa y al que ha tenido acceso elDiario.es, los agentes dan directamente tres nombres a investigar y a intervenir todas sus comunicaciones. El primero es el actual diputado de la CUP Xavier Pellicer, por entonces portavoz de Alerta Solidària, la organización antirrepresiva de la izquierda independentista. De hecho es precisamente su condición de portavoz y “responsable de difusión” lo que lo convierte en una persona a investigar, según la Policía, que no sitúa a Pellicer en ninguna de las protestas de los CDR que ha reseñado antes en el atestado.
Sí participó en una protesta –el encadenamiento a las puertas del TSJ catalán, caso que acabó en absolución– un militante de Arran, la organización juvenil de la izquierda independentista, que es el segundo investigado. El tercero es un dirigente de Endavant, una de las entidades que conforman la CUP y en la que también milita Anna Gabriel. De este hombre la Policía dice que “por investigaciones previas” sabe que ocupa “puestos de responsabilidad en el área de movilizaciones sociales”, si bien los agentes no lo ubican en ninguna de las protestas reseñadas, al igual que a Pellicer. Ninguno de ellos ha sido procesado por delito alguno.
Con los pinchazos propuestos al juez, la Policía asegura que pretende la “identificación de los principales dirigentes del entramado de la izquierda independentista y de los CDR”.
Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea –que entonces ejercía de apoyo al titular el juzgado de instrucción 6, Manuel García Castellón– dieron su visto bueno a las intervenciones telefónicas a los tres independentistas, que se prolongaron, en el caso de Pellicer y el dirigente de Endavant, como mínimo hasta diciembre de 2018, esto es, siete meses. Los pinchazos “mono-stereo”, en palabras de la Policía Nacional, permitieron a los agentes escuchar todas las llamadas y acceder a mensajes de Whatsapp y SMS.
A lo largo de sus sucesivos atestados, las llamadas y mensajes de interés para los agentes se dividen en dos cuestiones: las relativas a los viajes a Suiza en 2018 para eventuales reuniones con Anna Gabriel –quien ha regularizado este año su situación ante el Supremo– y los planes políticos de Endavant de cara a movilizaciones como las de la Diada o protestas sociales.
Resultan de interés para los investigadores los debates políticos que mantuvo Endavant de cara a la posición de la CUP ante la investidura de Quim Torra, lo que valió una petición policial al juez para prorrogar los pinchazos para “profundizar en el control de las personas responsables” de la izquierda independentista. También se incluyen como materiales potencialmente delictivos dos manifiestos públicos de Endavant, uno previo a los comicios y otro de cara a la Diada de 2018, y conversaciones en las que se debate quién debe realizar los mítines del 11 de septiembre.
Por su lado, las llamadas de Pellicer incluidas en los atestados por los investigadores versan, además de un viaje a Suiza, sobre la organización de una charla antirrepresiva, la visita de independentistas vascos y gallegos a Catalunya por la Diada y sobre la asistencia de concejales de la CUP de Sabadell (Barcelona) a un desahucio.
Las similitudes con el ‘CNI catalán’
La causa sobre la izquierda independentista guarda similitudes con las pesquisas que llevó el mismo juzgado, igualmente en secreto durante más de dos años, sobre el entorno de Carles Puigdemont en Bélgica: pese a las decenas de intervenciones telefónicas e informaciones sobre más de decenas de personas, en ningún momento se les llamó a declarar como investigados ni tampoco han sido procesados. Ello lleva a fuentes jurídicas a considerar la posibilidad de que fueran meras causas instrumentales para monitorizar la actividad del entorno de Puigdemont y la izquierda independentista, sin que hubiera un objetivo de sentar a nadie en el banquillo salvo giros de relevancia en las pesquisas.
Ambas investigaciones se han conocido porque de ellas derivó la causa sobre los CDR procesados por terrorismo. Las defensas de los CDR, vinculadas a Alerta Solidària, encontraron en su sumario varias referencias a esas otras dos diligencias, que al ser hasta ahora secretas solo estaban disponibles para el juez y el fiscal. El juez Manuel García Castellón les negó el acceso durante meses a esas dos causas, necesarias para articular su estrategia defensiva en el caso de los CDR. Finalmente la Sala de lo Penal corrigió al instructor, le afeó que ocultara pruebas clave a las defensas y le obligó a entregar ambos procedimientos.
La sorpresa ha sido mayúscula en Alerta Solidària, ya que ambas causas terminan de forma abrupta, una en septiembre de 2020 y otra en diciembre de 2018, lo que hace sospechar a las defensas que el juzgado no se las ha entregado en su totalidad, tal y como ordenó la Audiencia Nacional. Del contenido que sí tienen cabe resaltar que los sumarios no siguen siempre un orden cronológico y que hay algunos saltos temporales. Alerta Solidària también denuncia que las investigaciones e intervenciones telefónicas suponen “graves intromisiones en la esfera de los derechos fundamentales” reconocidos en la Constitución y una investigación prospectiva prohibida por la ley.
Cómo se llegó a los CDR
Se da la circunstancia de que en ambas causas aparecen nombres de los CDR que luego serían investigados, encarcelados y procesados por conformar una presunta organización terrorista. A ellos se llega gracias a la abundante intervención de comunicaciones que hizo la Guardia Civil –en la misma causa en la que la Policía Nacional investigaba a la CUP– a distintas personas que participaron en protestas de los CDR.
El Instituto Armado también dio con los CDR procesados ya que uno de ellos mantuvo contacto con uno de los investigados –aunque luego nunca acusados ni llamados a declarar– por conformar un grupo autodenominado informalmente como ‘CNI catalán’ que dio origen a las pesquisas sobre el entorno de Puigdemont.
Antes de dar con el grupo que supuestamente preparaba estragos a gran escala y la ocupación del Parlament, la investigación de la Guardia Civil se centró en pedir datos a las operadoras de telefonía sobre los datos de los terminales que detectaban las antenas cerca de los lugares donde tuvieron lugar protestas de los CDR a finales de 2017 e inicios de 2018. Así logró una veintena de teléfonos la Guardia Civil, entre los que no se encontraban ninguno de los que luego serían investigados, y esta vez sí detenidos y procesados.
Pero dos de los primeros investigados sí hablaron sin saberlo que dos de los CDR acusados de terrorismo, lo que dio pie a pincharles sus teléfonos y abrir otra causa en diciembre de 2018 con seguimientos y baliza en los coches. Las detenciones se precipitaron a finales de septiembre de 2019. Los CDR procesados por terrorismo siguen en libertad y sin fecha de juicio a día de hoy.