Iñaki Rivera: “Estamos yendo hacia un modelo de derecho penal máximo, opuesto a un sistema democrático”
Iñaki Rivera es profesor de derecho penal en la Universitat de Barcelona, donde dirige el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH). Desde la academia, denuncian casos de tortura y malos tratos de personas privadas de libertad, y no tienen miedo a abanderarse en a defensa de un colectivo como el de los presos y recordar que también tienen derechos, a pesar de su mala consideración social.
¿Hay torturas actualmente en España?
Sí, por supuesto, y no sólo actualmente.
¿Qué entendemos por tortura?
El maltrato a personas que estén en situación de privación de libertad, que pueden pasar por maltrato de carácter físico, por desprecio, o, como dicen los tribunales, por situar a la víctima en situaciones de humillación y envilecimiento, haya daño físico o no. Esta es la definición más acorde con las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por supuesto que son una realidad, sí.
¿Qué casos destacaría?
Yo no puedo decirlo. Para eso me remito a los informes anuales de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura, que los pueden ver en su web. Ahí verán aproximadamente 700 casos anuales de los últimos 10 años, o sea que estamos hablando de 7.000 casos aproximadamente, y ahí sólo se publican aquellos que tienen una apariencia de credibilidad más importante, ya sea porque están contrastados judicialmente o como sea. En realidad puede ser la punta de un iceberg que identifica que hay una cifra negra mucho más elevada que la que oficialmente se encuentra ahí registrada. Creo que es el mejor banco de datos al cual se puede acudir para ello en España.
El pasado junio fueron condenados, después de nueve años, seis funcionarios de prisiones por maltratos denunciados por los reclusos de la prisión de Quatre Camins en 2004. ¿Lo considera un paso importante en la lucha contra la tortura?
Relativamente. Cada paso que se pueda dar por supuesto es importante, sobre todo en tanto que ha quedado judicialmente demostrado que los presos no mentían. Eso seguramente sea lo más positivo. Luego hay muchas circunstancias negativas en este proceso. Se tardó nueve años en llegar a una sentencia, lo cual es verdaderamente impresentable. Esos nueve años incluso llegaron a servir como atenuantes a los propios funcionarios condenados, por la violación de su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Es decir, que los retrasos provocados en su inmensa mayoría pos sus propios abogados, les sirvieron finalmente para rebajar las condenas. Esos nueve años también supusieron que muchísima gente quedara fuera de este proceso. Desde 200 funcionarios inicialmente presuntamente involucrados en ello a menos de una decena, y un montón de presos que fueron también lesionados o tuvieron sus derechos violados en aquel momento, de los cuales algunos han muerto, de otros no se sabe nada y otros han ido quedando fuera por infinidad de situaciones procesales, traslados, etcétera. Es decir, es mucho lo que ha quedado por fuera de este proceso... Y luego tal vez lo más importante de todo, que el tribunal ni siquiera, pese a que menciona la palabra muchas veces, no se atreve finalmente en el fallo a condenar por un delito de torturas, sino por un delito contra la dignidad de las personas, con la consecuente rebaja penal que tiene. Entonces frente a todo esto a uno se le queda una media mueca, digamos así, de una satisfacción sumamente demediada, o aminorada.
¿Puede recordarnos cómo fue esta reivindicación de los presos, cómo consiguieron llevar este problema a la justicia?
El inicio de todo fue una revuelta que hubo en la cárcel un viernes a la noche, lo recuerdo perfectamente, y luego a partir de la semana siguiente, unos familiares de presos que habían ido a comunicarse con ellos el fin de semana, que es el horario de comunicaciones, vinieron aquí [al despacho en la UB] algunos, y algunos por teléfono, señalaron o bien que no habían podido ver a sus familiares, a los presos, porque habían sido trasladados, o bien los habían visto sumamente lastimados y especialmente temerosos. Entonces pidieron que fuéramos a verles. En aquel momento pedimos autorización. Se acababa de estrenar hacía dos o tres días el nuevo director general de Serveis Penitenciaris de Catalunya, Albert Batlle, en el momento inicial del Tripartit, y nos concedió la autorización para que fuéramos a la cárcel y pudiéramos entrevistar a los presos, tomarles declaración, hablar con las autoridades, médicos, dirección, etcétera. Durante un mes aproximadamente estuvimos visitando gente en distintas cárceles, hablando con ellos y transcribiendo lo que nos decían en una suerte de declaraciones. Con todo ello se elaboró un dossier importante, que se presentó en el Departament de Justicia a la administración penitenciaria, y a partir de ahí se nos pidió un tiempo para que ellos adoptaran algún tipo de medida de protección con los presos. Cuando constatamos al cabo de otro mes que no se había hecho absolutamente nada, que no habían ido a ver a nadie, que no se había trasladado a nadie, que no se había adoptado ningún tipo de medida de protección, decidimos hacer todo esto público mediante la prensa. Entonces se armó un gran escándalo y se puso de manifiesto que durante tanto tiempo no se había hecho absolutamente nada. Se armaron comisiones parlamentarias de investigación, toda una serie de hechos públicos, y los presos fueron escuchados, el colegio de abogados les puso abogados, y los abogados, y especialmente dos abogadas, fueron las que sostuvieron durante nueve años todo este proceso de la defensa, gratuitamente.
¿Es difícil de cara a la opinión pública defender el derecho de los presos?
Sí, sumamente difícil. La gente es muy ignorante en este sentido y solo piden que se pudran en la cárcel, o piensan exclusivamente en las víctimas de los delitos, creyendo en la falsa pedagogía de que porque se trituren los derechos de los presos se van a salvaguardar los derechos de las víctimas, lo cual es una pésima pedagogía. En este sentido no creo que haya ningún tipo de sensibilidad o en todo caso muy minoritaria frente a los derechos de las personas privadas de libertad. Hasta que a cada uno le toca por alguna razón en la vida conocer de cerca qué es de verdad el sistema penal y penitenciario. Hasta este momento es muy difícil entenderlo, que haya una cierta sensibilidad sobre el tema.
¿Las prisiones cumplen alguna función social?
La cárcel sabe hacer muy bien lo único que sabe hacer muy bien, que es guardar gente. Y cuanto más gente se guarda, eso responde más a las políticas del llamado populismo punitivo, un poco del gobierno electoralista, a través de la potenciación de la inseguridad y este tipo de situaciones. En este sentido cumple una función directa de guardar gente, de sacar desechos sociales que se considera que no tienen que vivir en libertad. El perfil de las personas es cada vez más acusado. Son jóvenes, en un 35-40% no nacionales, no españoles, enfermos en su mitad, todavía con altos niveles de analfabetismo, que en realidad es un fenómeno prácticamente erradicado de la sociedad española libre. A parte, evidentemente cumplen la función política o simbólica de dar la sensación de que se hace algo frente a un enorme malestar social que cada vez crece y crece más. Así nos acercamos a modelos de derecho penal máximo, que sería exactamente la tendencia a la que se está yendo hace tiempo, que es exactamente la opuesta a la que debería de conducir un sistema penal democrático, en el cual debería de reservarse las respuesta segregativa, carcelaria, como última de todas las imaginaciones posibles.
Y aquí no sucede esto.
Aquí sucede exactamente lo contrario. Se legisla siempre a golpe de emergencia, si hay un problema económico hay que reformar el Código Penal y alargar penas de cárcel. Si hay un problema de tráfico en la calle se reforma el Código Penal para ello, si hay cuestiones que tienen que ver con los derechos de la mujer se reforma el Código también, con cuestiones de insatisfacción, de criminalización de movimientos sociales, de violencia política... Se puede decir que la única imaginación posible es inmediatamente echar mano de una reforma del Código Penal, dando la falsa sensación de que criminalizando los problemas se les está dando una respuesta a los mismos. Evidentemente deberían tener respuesta en otras políticas menos lesivas, como son las políticas sociales.
Por los datos que nos comenta, se podría decir que en las cárceles sólo hay pobres.
Los pobres van a la cárcel y Rodrigo Rato va al Parlament de Catalunya a explicar sus fechorías. Todos los delincuentes de cuello blanco están evidentemente en libertad, en grandes coches lujosos, defendidos por grandes abogados de grandes despachos, gozan de todo tipo de prebendas, garantías, recursos y demás, y los presos pobres como mucho si tienen a alguien tienen a su mamá. O a su compañera, que casi siempre el rol entre hombre y mujer se da de esta manera, con toda la consecuente vulnerabilidad que también sufre la mujer que queda fuera, en el caso del ingreso de los hombres. Creo que el retrato sociológico es evidente. No hace falta ser un gran doctorado para comprobar eso. Hay que ir sencillamente un viernes, sábado o domingo, plantarse en la puerta de la cárcel, en la sala de comunicaciones y ver la clase social, el aspecto, la vestimenta, la manera de hablar de la gente que va a la cárcel. Esos son los que están ahí. Los otros los vemos declarar por televisión con sus grandes abogados, sus coches, y demás. De vez en cuando entra algún pez gordo, pero, como se dice, las rejas se han hecho muy pequeñitas para que este pez gordo parece que es inmediatamente expulsado, y quedan los peces pequeños adentro.
¿El sistema judicial está defendiendo los derechos de las personas?
En general no, pero no por una cuestión malévola de los jueces. No creo que las cosas sean así de infantiles. Creo que existe estructuralmente un diseño legislativo y toda una cultura judicial que ampara y promueve que las situaciones terminen siendo de esta manera. Esto no quita, y sería realmente muy injusto no decirlo, que afortunadamente existen cada vez más –normalmente jóvenes– jueces, juezas, abogados, activistas de movimientos sociales, etcétera, que frente a todo lo que está sucediendo van teniendo una conciencia muy distinta. Pero eso es sumamente minoritario en comparación con la cultura jurídica dominante, que se forma en esta Facultad [de Derecho de la UB] o en otras similares. Esta es claramente la fábrica de todo esto, así que solo hace falta darse un paseo por aquí adentro para ver quienes habitan este tipo de fábricas, digamos así, de la cultura jurídica. Y por supuesto que luego esta va a ser la clase dominante desde el punto de vista de los jueces, fiscales, etcétera.
Pero hay honrosas excepciones que cada tanto dan alguna alegría por la cual piensas que sigue mereciendo la pena luchar. Porque a veces hay gente que logra cosas muy importantes y presenta pruebas, encuentra vídeos de apaleamientos y cosas similares. Entonces parece que todavía quedan ventanas o algunas brechas donde es necesario seguir resistiendo de alguna manera en esto. Yo soy muy pesimista en cuánto a la cultura jurídicopenal y a lo que se nos viene. Creo que vivimos un panpenalismo, como algunos dicen, que no ha hecho más que empezar y creo que habrá que estar preparado para resistir mucho tiempo. Pero como decía un gran autor que nos gusta mucho [Walter Benjamin], hay que organizar el pesimismo, porque todavía quedan muchas posiciones que seguir defendiendo y ese es el camino de nuestro quehacer cotidiano.
¿La universidad está perpetuando unos valores?
La universidad por definición, y por supuesto la universidad pública, es un sitio en teoría lo suficientemente abierto como para que aquí entre de todo, una gran variedad. Pero tampoco cabe duda de que cada vez se están poniendo más impedimentos sociales y especialmente económicos para que la gente con escasos recursos pueda acceder a los estudios, y por lo tanto se vuelven a otros tiempos en los cuales parece que solo determinadas élites sociales, profesionales, “hijos de” o élites económicas puedan tener más facilidades para estudiar. En este sentido la universidad sigue siendo un lugar de acceso público, pero cada vez menos. Esto por un lado, desde un punto de vista sociológico.
¿Y desde el punto de vista de los contenidos?
Desde el punto de vista de para qué se forma a la gente, yo creo que la universidad está cada vez más cayendo en una especie de escuela de formación técnica, que no es lo que debe ser la universidad, en ves de en un ámbito de análisis crítico de las propias capacidades técnicas. Es decir, aquí en una carrera por ejemplo de criminología no hay porque entrenar a la gente a ser policía, juez o fiscal. Esto no es l'Escola de Policia de Mollet, no son academias para formar jueces. Aquí se debería estar formando críticamente a la gente para que sepan reflexionar sobre su propio quehacer profesional. Eso es algo que echamos mucho de menos, que salvo excepciones, que también las hay, se opta más por un perfil de formación meramente tecnocrático que de dotar a los estudiantes de elementos para tener una reflexión crítica de sus propios puestos de trabajo en el futuro.
Recientemente se ha hablado mucho de la Doctrina Parot. ¿Qué significa su derogación a nivel de los derechos humanos? ¿Lo considera un paso importante?
Francamente no, porque el mantenimiento de la Doctrina Parot fue una aberración. Escribimos sobre esto ríos de tinta hace siete u ocho años, evidentemente para nada en aquel momento. Era una aberración muy clara. Por algo toda la clase jurídicopenal hoy en día ni la discute. Incluso la más reaccionaria o conservadora acata absolutamente la sentencia del tribunal europeo, porque realmente la aplicación retroactiva de la ley penal es algo que enseñamos en primero de derecho a los estudiantes que no se puede hacer y fue lo que se hizo. Por lo tanto no viene a ser otra cosa que poner las cosas en su sitio desde el punto de vista de la jerarquía de las normas. Pero como lo que mal se hizo en una interpretación de sentencias en esta llamada Doctrina Parot luego se introdujo en la ley, en el nuevo Código Penal, hoy en día se puede hacer con arreglo a derecho esta suma total de los beneficios penitenciarios que se hizo mal con la Doctrina Parot, con lo cual no ha sido una victoria para nada, sino un pequeño ajuste. Ahora ya se pueden alargar perfectamente las penas, que era la intención que en definitiva se tenía con las reformas que posteriormente hubo del Código Penal, con lo cual la lucha contra el alargamiento de penas hace tiempo que se ha perdido en España. Se perdió con los treinta años de cumplimiento efectivo, se volvió a perder cuando se aumentaron a cuarenta, y ahora estamos a punto de perder otra batalla con la pena de cadena perpetua revisable, que ya tiene carta de naturaleza en el nuevo proyecto de Código Penal. En realidad vamos de retroceso en retroceso.
¿Tiene sentido que alguien esté cuarenta años o toda la vida en la cárcel?
Seguramente para mucha gente sí, por qué negarlo. Una cosa es que nosotros estemos hablando esto tranquilamente, pero por supuesto que también está el dolor en serio de las víctimas, y no me refiero a la utilización torticera de las asociaciones de víctimas que viven de esto, sino al dolor evidentemente legítimo de gente que ha sufrido atrocidades. Es absolutamente legítimo para estas personas que la gente no salga nunca más de las cárceles o que en otros países los maten. La pequeña diferencia con todo esto es que la política penal de un Estado no puede estar guiada por la opinión de las víctimas. Para esto tiene que haber cabezas más frías, racionales, que guíen una política penal propia de un Estado social y democrático de derecho. Y la única pena que admite la Constitución es aquella que estará, dice textualmente el artículo 25.2, orientada a la reeducación y reinserción. A nadie se le escapa que la finalidad de una penalidad de cuarenta años o perpetua no busca reeducar a nadie sino lo contrario: neutralizar definitivamente a una persona entendida como enemigo, y por lo tanto creemos algunos que este tipo de penalidad no tiene ningún encaje en la Constitución.
¿Vistas las denuncias de violencia policial, cómo se controla a la policía?
Han habido muchos intentos de controlarlos, y cada vez que se ha intentado controlarlos han salido unas cuantas perlas. Lo que pasa es que luego se han puesto todo tipo de trabas justamente para evitar esos controles. No voy a venir aquí, nada más lejos de mi intención, a defender al anterior gobierno de Catalunya, el Tripartito, pero, todo hay que decirlo, ahí se instalaron cámaras en algunas comisarias de policía y lo que esas cámaras revelaron no fueron precisamente caricias a los detenidos, sino todo tipo de golpes y patadas a hombres, a mujeres, a adultos, a jóvenes, a menores, ... Y las cámaras se taparon, se les acabaron las pilas, se golpeó en otro lado, en el pasillo, porque tampoco es que la cámara alumbre absolutamente todo. Se puede llevar la persona a “interrogarla”, digámoslo así, a otro lugar donde no esté la cámara. Se hizo un código ético para regular la actuación de la policía, que venía a intentar poner un freno mínimo en realidad, e inmediatamente que llegó el nuevo gobierno de Mas, tardó muy poquísimo tiempo el señor Felip Puig, el antiguo consejero de Interior, en calmar las ansias de sus sindicatos de Mossos d'Esquadra y derogó ese código ético y de las cámaras no se supo institucionalmente nada más. Pero mira por donde, hoy en día, en una sociedad más abierta, donde es imposible evitar que la gente con sus móviles grabe determinadas cosas que suceden en la vía pública nuevamente unas imágenes nos devuelven a esto.
Entonces cree que es posible.
Claro que hay posibilidades de controlar la brutalidad policial. España debería ver un poquito lo que se hace también en otras partes, y sobre todo sería muy bueno que España leyera y cumpliera de una vez por todas las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU y las recomendaciones del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa que hace veinte años –por eso estamos ya bastante cansados de repetir todo eso– que viene diciendo que se derogue la ley antiterrorista, que se derogue el periodo de incomunicación, que se regule la identificación de los Mossos, pero no de cualquier manera, atrás y pequeña que no la puede ni ver un fotógrafo aunque pretenda hacerle una foto... Son tantas las recomendaciones internacionales, no de asociaciones sospechosas de ser radicales y no sé qué, sino de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que cuando uno ve la nula voluntad de cumplir las recomendaciones internacionales de la propia comunidad de los tratados internacionales que España ha ido a firmar, entonces apaga y vámonos. Es a las claras la más absoluta falta de voluntad política. Y bueno, cada tanto aparecen estas perlas que ante la inactividad del Estado pues la hace a lo mejor un joven, un vecino, o vaya a saber quién con su móvil. Afortunadamente en una sociedad abierta como la que vivimos, cada tanto pasa esto, pero imagínate todo lo que pasará que no vemos. Si cuando se ha puesto un móvil se ha visto esto, cuando se ponen cámaras en las comisarías aparecen lo otro. ¿Qué sucederá en todos aquellos sitios que no son constantemente gravados? Yo no afirmo nada con esto de que se haga siempre y sistemáticamente, pero como mínimo queda una duda muy grande que no le hace ningún bien al propio cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Si tan seguros están de su buena actuación, por qué ponen tantos obstáculos a que su actuación sea vista con luz, taquígrafos, con las nuevas tecnologías y demás? O tienen algo que esconder?
¿Por qué cree que falta la voluntad política para aplicar estas medidas?
Ha pasado siempre con las reacciones. Lo que ha pasado con los sindicatos de funcionarios de prisiones, ahora pasa con los sindicatos de funcionarios de policía. La reacción corporativas de estos cuerpos ha sido feroz siempre. Y claro, no puede gobernarse un país con los funcionares de prisiones en contra, que les pueden paralizar las cárceles, ni con la policía en contra. Entonces sus portavoces, sus organizaciones, que llevan orgánicamente, digamos así, sus reivindicaciones, tienen que ser pacificadas en sus mesas de negociación y se les tienen que hacer concesiones a esas cúpulas sindicales.
¿Tiene más incidencia política la policía que los movimientos sociales?
Evidentemente. Los movimientos sociales no tienen el poder, ni tampoco lo quieren, ni tienen el monopolio del ejercicio de la violencia ni nada por el estilo. Los que portan armas son los policías, los que tienen las organizaciones sindicales también, y los que están cercanos al poder y al Conseller también. Los movimientos sociales tienen muy pocos recursos, imposibilidades para entrar en las cárceles, por ejemplo, a ver lo que ahí sucede, con prohibiciones constantes, y pese a todo son los que siguen revelando cada tanto episodios de violencia policial. Sean los movimientos catalanes de Rereguarda, Ojo con tu ojo, Stop Bales de Goma, nosotros con el Observatorio, o la Coordinadora contra la Tortura. Afortunadamente, todo hay que decirlo, como dato esperanzador, al menos, un poco en contraste con todo lo que he dicho antes, Catalunya tiene, a diferencia de otros sitios, una sociedad civil muy organizada, muy militante en este ámbito y eso es una gran esperanza que queda. Es lo que hace que se revelen este tipo de episodios, porque si no son denunciados por los movimientos sociales, desde el poder lo único que se hace es ocultarlos. Y de los pocos casos que se consigue sacar adelante, la única respuesta que vemos por parte del poder son trabas constantes, reacciones corporativas, y en los muy pocos casos en los que se logra algún tipo de proceso penal y de condena, por supuesto la respuesta es inmediata, es el indulto a los torturadores condenados.
