Han dicho basta. La asociación que representa a los jóvenes migrantes tutelados en Catalunya, ‘Exmenas’, ha organizado un acto este jueves para mostrar su rechazo a todos aquellos candidatos que han usado a estos menores que llegan solos a España como arma electoral.
La gota que colmó el vaso, según han contado ellos mismos, ha sido el acto de protesta de varios vecinos esta semana en Rubí (Barcelona) para evitar que se abra en la localidad un centro de menores tutelados. En aquella concentración, en la que se abucheó a la representante de la Generalitat, participó en primera fila la alcaldesa socialista Anna María Martínez.
Iman, una de las jóvenes portavoces de la entidad, ha lamentado que la protesta con presencia de la alcaldesa “ha generado más animadversión de los vecinos hacia los migrantes de la ciudad, en vez de facilitar la integración de unos chicos que llevan tiempo trabajando y demostrando que no son problemáticos”. La intención de la Generalitat es alojar en el hotel Terranova de Rubí, cerrado hace cinco años, unos 80 menores migrantes no acompañados que hasta ahora estaban en Sant Just Desvern, pero un grupo de vecinos se ha organizado para rechazarlo.
La asociación ‘Exmenas’ ha recordado al PSC que su alcaldesa está incumpliendo el histórico acuerdo que alcanzaron todos los partidos en el Parlament para no utilizar la inmigración como “arma electoral”. Y ha puesto otros ejemplos, como el del candidato del PP en Barcelona, Josep Bou, que defendió la repatriación de estos menores “siempre que sea posible”.
La acogida de prevista de más de 5.000 de estos jóvenes en 2019 en Catalunya, un aumento respecto a los 3.500 del año pasado, ha llevado a la Generalitat a abrir distintos alojamientos en equipamientos vacíos o en desuso de todo el territorio. En algunos casos, como ocurrió recientemente en Canet de Mar o en Castelldefels, la llegada de los menores migrantes ha despertado el recelo de algunos vecinos.
“Sabemos que la situación es difícil, que las administraciones están saturadas, pero pedimos recursos para atenderlos; su condición de menores ha de estar por encima de su religión, su raza o su procedencia”, reclamaba Lamiae.
Desde la asociación también han criticado el papel del candidato de ERC, Ernest Maragall, durante un acto electoral el pasado fin de semana. Aunque su intención no era criminalizar al colectivo de menores migrantes, según han reconocido ellos mismos, sí le han reprochado que se hiciera fotos jugando a fútbol durante un torneo con un grupo de jóvenes tutelados a los que nadie había informado sobre quien era el candidato.
Las quejas de estos jóvenes han alcanzado incluso a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a quien han acusado de haber aumentado las “redadas” de la Guardia Urbana en el centro de la ciudad, que según ellos muchas veces acaban siendo una forma de “represión” contra los menores migrantes. En este sentido, han defendido que pese a estar a menudo en el centro del debate sobre seguridad, puesto que a ellos se les atribuye en parte el crecimiento de los hurtos en la capital catalana, los datos policiales evidencian que sólo el 22% de ellos ha caído en algún momento en la delincuencia.