El pulso entre poderes a cuenta de la política lingüística en las aulas sigue sin visos de resolución. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha mantenido su pulso con el Govern y el Parlament al rechazar este martes revocar el 25% de castellano en dos aulas, tal y como había pedido la Generalitat en base a la nueva normativa lingüística que explicita que no se pueden fijar porcentajes sobre los idiomas de enseñanza.
La resolución de fondo del conflicto no está ni el tejado del TSJC ni en el del Govern, sino en el Tribunal Constitucional. Los jueces de la sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal catalán plantearon una cuestión de inconstitucionalidad sobre la nueva normativa lingüística aprobada por amplio consenso en el Parlament y con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias. Entienden los jueces que la norma atenta contra la Constitución y que solo busca sortear la sentencia del 25%.
Mientras el Constitucional no resuelve, el TSJC ha decidido paralizar las nuevas peticiones de familias sobre el 25% al entender que la nueva ley lingüística las hace “inaplicables”. En cambio este jueves, por primera vez, el tribunal ha decidido mantener en dos aulas el 25% de clases en castellano que impuso antes de la aprobación de la nueva normativa.
Los jueces concluyen que la nueva ley que prohíbe los porcentajes no es “incompatible” con mantener un 25% de castellano en las aulas de dos escuelas. Según los togados, el 25% de castellano que impusieron como medida cautelar “no resulta afectado por la prohibición de porcentajes” que fija la nueva normativa lingüística catalana.
“Aunque la legislación catalana no defina al castellano como lengua vehicular, su uso educativo está recogido en la nueva norma y el derecho individual del alumno a recibir enseñanza en castellano tiene base constitucional y está contemplado en la legislación básica estatal”, argumenta el TSJC.
La Generalitat ha criticado la resolución judicial al tiempo que ha anunciado que la recurrirá. Según la secretaria general de la conselleria de Educación, Patricia Gomà, los jueces solo pretenden “dilatar” la aplicación de la nueva ley lingüística y “se apartan” de su propio precedente. “Es filibusterismo jurídico”, ha sentenciado Gomà.
Por su lado, la presidenta de la contraria a la inmersión Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, ha destacado que a falta de que lleguen las demás resoluciones en los casi 70 colegios donde ya se aplicaba el 25% de castellano por decisión judicial antes de la nueva ley “el TSJC no acepta que se revoquen las resoluciones que ya han conseguido las familias”, informa EFE.
La eliminación de porcentajes sobre las lenguas de enseñanza, argumentan los jueces, es un criterio para definir los proyectos lingüísticos de cada centro pero “no es extensible al número real de horas que se imparten en una otra o lengua, que obviamente siempre ofrecen parámetros porcentuales”. Tampoco afecta, agregan los togados, al “derecho individual” de cada alumno a reclamar horas en castellano. En otras palabras, que nada impide a los jueces fijar un porcentaje de castellano aunque la ley lingüística catalana diga lo contrario.