El futuro judicial de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha despejado un poco este viernes. El juez que investiga a la primer edil en el caso de las subvenciones a entidades sociales ha rechazado el intento de alargar el caso de la entidad opaca Asociación por la Transparencia. En un duro escrito, el magistrado afea a la asociación que denunció a Colau su intento de convertir la investigación en una “causa general” contra el gobierno municipal barcelonés, algo prohibido por la ley.
El caso de las subvenciones se encuentra en una disyuntiva clave. La alcaldesa ha pedido este viernes el archivo de la causa. Pero antes la Asociación por la Transparencia, cuya actividad en Barcelona se desconoce más allá de las denuncias contra Colau, había solicitado al juez requerir decenas de documentos sobre todas las subvenciones concedidas por el consistorio 2014 y 2021 y que fueran analizadas por un cuerpo policial (sin especificar cuál). En suma, un intento de alargar la causa a un año de las elecciones municipales.
La Fiscalía se había opuesto con contundencia a la petición de la Asociación por la Transparencia y criticó que las diligencias eran “innecesarias, ineficaces, excesivas, carentes de causa y fundamento”. El juez instructor se sitúa en el mismo plano que el fiscal y concluye que de acceder a lo solicitado por los querellantes se generaría “una investigación puramente prospectiva proscrita por el Derecho Penal”.
“No se puede hacer una causa general contra el gobierno del Ayuntamiento”, continúa el juez, que considera “injustificada” la petición de todos los convenios y los expedientes y la identificación de qué concejales votaron a favor o en contra solicitada por la entidad que denunció a Colau.
Ahora el juez tendrá que decidir sobre la petición de Colau para archivar el caso. Argumentan los letrados de la alcaldesa, Olga Tubau y Àlex Solà, que una vez recabados los expedientes de las subvenciones investigadas y completadas las declaraciones de Colau y una interventora municipal, ya no quedan más diligencias que practicar y procede dar carpetazo al asunto al no haber delito alguno.
“Todo el acervo documental constata la ausencia de irregularidades y la corrección en la tramitación administrativa de los expedientes de subvención”, remarcan los togados en referencia a los expedientes de la secretaría y la intervención municipal que no vieron delito en las ayudas a entidades sociales, tal y como también concluyó la Fiscalía en su investigación por las mismas subvenciones.