El juez Joaquín Aguirre conocía de forma oficial desde el pasado mes de marzo que la Audiencia Nacional había desechado por falta de credibilidad la investigación sobre la trama rusa del procés. Pese a la rotundidad del tribunal especial, el magistrado de Barcelona siguió adelante con las pesquisas hasta desembocar en el auto del pasado viernes por el que acordó una decena de imputaciones, entre ellas las del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
Tras años estancada, el juez, coincidiendo con la negociación de la ley de amnistía, el pasado mes de enero decidió reimpulsar la causa sobre la supuesta trama rusa y apuntó ya a Puigdemont, si bien no lo imputó formalmente entonces, ya que para hacerlo tenía que pedir permiso antes al Europarlamento. El pasado viernes, ya con el expresident sin inmunidad tras su decisión de ser diputado en el Parlament y no en la Eurocámara, el juez sí avanzó que elevaría el caso ante el Supremo, instancia ante la que está aforado el líder de Junts.
El material sobre el que el magistrado abrió la nueva pieza es un recopilatorio de distintos documentos y audios recabados a lo largo de casi cinco años de investigación. Es decir, no hay nuevos indicios y todo lo que hay ya fue considerado insuficiente por los jueces encargados de revisar las decisiones de Aguirre, que le impidieron seguir investigando. El juez desoyó la orden de la Audiencia de Barcelona.
La principal novedad –que el juez no mencionó en su auto del viernes– llegó al juzgado de instrucción 1 de Barcelona el 26 de marzo de este año, pero iba en contra de las tesis del juez Aguirre. El instructor había pedido un mes antes a la Audiencia Nacional si disponía de “informes policiales” sobre la trama rusa del procés. La respuesta del tribunal especial fue recordar que la trama rusa había sido archivada por falta de credibilidad.
Antes de dar el paso este viernes, el juez Aguirre había tomado otra decisión relevante en una investigación: cambiar de Policía Judicial, el cuerpo que auxilia al juez en las pesquisas y que tiene un papel relevante en la instrucción. El juez decidió pasar de la Guardia Civil a la Policía Nacional después de que la investigación se estancara ante la falta de nuevos datos que apuntalaran la tesis de la influencia rusa en el procés.
Se da la circunstancia que el juez ya había cambiado antes de Policía Judicial, un extremo inusual, según las fuentes jurídicas consultadas. A finales de 2018, la UDEF de la Policía Nacional encontró en un registro sobre un caso de desvío de fondos que investigaba el juez Aguirre el audio del exdirigente de Convergència Víctor Terradellas que hablaba de los 10.000 soldados rusos. A principios de 2019, el juez relevó a la UDEF de las pesquisas y la sustituyó por la Guardia Civil, que siete meses después, en base al mismo audio, pidió al juez decenas de registros e intervenciones telefónicas a líderes del procés en la que fue conocida como operación Voloh.
La causa se ha terminado convirtiendo en un “repositorio de informes policiales”, en palabras de los magistrados de la Audiencia de Barcelona que revisan la instrucción de Aguirre. La Guardia Civil no halló más pruebas de la supuesta injerencia rusa, tras lo cual a principios de este mismo año el juez cambió de nuevo de Policía Judicial para entregar documentos y audios obtenidos durante cinco años de pesquisas a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.
La respuesta de la Audiencia Nacional
La misma Comisaría ya intentó sin éxito, en 2019, investigar la trama rusa en la Audiencia Nacional, tal y como publicó elDiario.es. A través de un testigo protegido y de informaciones aparecidas en la prensa sobre la presencia de ciudadanos rusos en Barcelona en 2017, la Comisaría General de Información solicitó que la Audiencia Nacional asumiera una macrocausa sobre la trama rusa del procés.
Las intenciones policiales fueron frenadas con contundencia por el fiscal Miguel Ángel Carballo, que acusa de terrorismo a trece miembros de los CDR, y el juez Alejandro Abascal, afiliado a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y que tras ejercer de magistrado de apoyo del juzgado de Manuel García Castellón este martes fue elegido como futuro vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El juez Aguirre ha rescatado ahora a la misma unidad policial que no logró que la Audiencia Nacional investigara la trama rusa pese a conocer de primera mano los argumentos del tribunal especial en contra del caso.
Es más, en su auto del pasado viernes el juez Aguirre aseguró que “medios de prensa” informaron de que la Audiencia Nacional y la Comisaría General de Información podrían estar investigando en secreto la presencia de miembros de un grupo de la inteligencia militar rusa, pero el magistrado no hizo mención alguna a la resolución –de la que disponía– sobre el cierre de estas pesquisas.
El juez Abascal, tras un informe del fiscal Carballo, decretó en julio de 2020 el archivo de la trama rusa. Destacó el juez que la Comisaría de Información había pedido abrir la causa basándose en un testigo protegido que “aportó” nombres de líderes del procés y de ciudadanos rusos supuestamente relacionados, pero sin sustentarlo en “algún tipo de soporte documental”, pese a que así se le requirió “en múltiples ocasiones durante la declaración”.
Más tarde, el testigo entregó “un listado” de “personas reales pertenecientes a los entramados económicos y políticos de Catalunya, además de otros nacionales de la federación rusa”. Pero todo lo que dijo ya había aparecido en medios de comunicación, lo que según el juez Abascal llevaba a concluir que sus afirmaciones “quedan ayunas de todo sustrato fáctico cuando se intenta ver su enlace con el delito investigado”.
“Acudir a citas o reuniones pro-independencia de nada sirve para la investigación, porque la ideología no puede ser objeto de investigación en una sociedad democrática”, recordó el auto de la Audiencia Nacional entregado al juez Aguirre. Sobre la identificación del testigo de ciudadanos rusos como espías, el magistrado y el fiscal del tribunal especial concluyeron que era un extremo que “solo aparecía en medios periodísticos”.
“Nada se aporta que permita mantener abierta una investigación, salvo que pretendamos una causa general en busca de algún indicio que nos permita confirmar la tesis de partida, olvidando que este tipo de investigaciones están prohibidas”, apostillaron el juez Abascal y el fiscal Carballo.
Las primeras pesquisas de la Comisaría de Información para el juez Aguirre ya se han iniciado, ya que el juez decretó el pasado 12 de marzo el secreto de una de las piezas del caso y encargó a los agentes algunas diligencias que, al estar la causa en secreto, solo juez y fiscal conocieron.
Pero ese secreto ya no tiene sentido tras la orden de la Audiencia de Barcelona que le impedía seguir investigando la trama rusa. Así lo argumenta el fiscal del caso en un escrito del pasado 7 de junio, en el que indica al instructor que “no procede mantener” el secreto del caso y solicita su inmediato levantamiento. El juez respondió doce días después que el secreto ya se había retirado.
El propio magistrado reconoció que insistir en investigar la trama rusa es una “solución alternativa” propuesta por él mismo ante la orden de la Audiencia de Barcelona que le conminó a terminar la instrucción del caso.
El juez no solo no archivó el caso, tal y como admitió que “abocaba” la orden de la Audiencia de Barcelona, sino que optó por abrir una nueva pieza separada a partir de la única pieza que seguía abierta –el restó las había tumbado la instancia superior– de un caso de 2016 sobre un presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a entidades afines a Convergència.