El juez avala el tercer grado de Bassa y Forcadell y rechaza que las penas por sedición sean un “obstáculo” a su concesión

El juez de vigilancia penitenciaria ha avalado la semilibertad de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa al considerar que la “gravedad delictiva” y el tiempo de cumplimiento de las penas de once y doce años de cárcel a las que fueron condenadas por sedición “no constituyen obstáculos insalvables” al tercer grado que les concedieron los servicios penitenciarios de la Generalitat.

Bassa y Forcadell eran las únicas presas del procés que restaban pendientes de saber si la Justicia avalaba en primera instancia su semilibertad. En el caso de los siete hombres presos en Lledoners, la jueza ya dio su visto bueno al tercer grado en agosto, si bien lo dejó en suspenso hasta que se pronuncie sobre el mismo el Tribunal Supremo, que como tribunal sentenciador tiene la última palabra sobre la semilibertad.

En un auto, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 1 de Catalunya rechaza el recurso de la Fiscalía –que se viene oponiendo a cualquier flexibilización de la prisión de los presos del procés– contra el tercer grado de las políticas independentistas. No obstante, tal y como marca la normativa penitenciara, una vez la Fiscalía recurra en apelación ante el Supremo la semilibertad de Bassa y Forcadell volverá a quedar en suspenso a la espera del fallo del Alto Tribunal.

El juez rebate los principales argumentos contra el tercer grado de la Fiscalía, que consideraba insuficiente el hecho de que los condenados por sedición reconocieran los hechos por los que fueron condenados, asumieran su responsabilidad y que incluso algunos de ellos renegaran de la vía unilateral y admitieran que hubiesen podido actuar de otra forma en el procés.“El internamiento efectivo es el único modo de concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley”, repetía la Fiscalía en sus escritos, que insistía en que “reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito”.

“La gravedad delictiva y el tiempo de cumplimiento, en autos tipo de sedición, no constituyen obstáculos insalvables si la respuesta al tratamiento penitenciario es la adecuada”, replica el juez a la Fiscalía. En el caso de Bassa y Forcadell, indica el magistrado, ambas políticas “reconocen” los hechos por los que fueron condenadas y sus consecuencias “sin renunciar a la ideología, materia no punible obviamente”.

Forcadell y Bassa, continúa el juez, exhiben “recursos adecuados” para “abordar alternativas” frente a los hechos por los que resultaron condenadas y presentan un “efecto intimidatorio de la pena”, lo que reduce de forma sustancial la posibilidad de volver a delinquir. Ambas han manifestado que sus planes de futuro pasan por jubilarse y hacer vida en familia. Su negativa a volver a la política, unida a que la sedición es su primera condena penal, hacen que su riesgo de reincidencia sea bajo. Por todo ello el juez se muestra favorable al tercer grado.

La decisión final sobre el tercer grado de los presos recaerá en el Tribunal Supremo, que hasta ahora no ha dado muestras de pretender aligerar la estancia en prisión de los presos del procés con salidas laborales o permitiendo que vayan a prisión solo a dormir entre semana. El pasado mes de julio el Alto Tribunal cambió de criterio y asumió la decisión final sobre las salidas laborales de los presos, hasta entonces en manos de las Audiencias Provinciales, lo que le permitió tumbar los permisos de Forcadell para salir de prisión y cuidar de su madre concedidos en base al artículo 100.2 del reglamento.

Además el Supremo tiene pendiente de resolver el recurso contra el tercer grado de los siete presos de Lledoners desde hace dos meses, lo que ha comportado que desde el mes de julio los presos del procés –salvo Bassa y Forcadell, que sí han disfrutado del tercer grado– hayan vuelto a un segundo grado estricto, es decir, sin salidas de prisión para trabajar o cuidar de familiares. La única oportunidad de pasar tiempo fuera de la cárcel para los presos es mediante los permisos: los condenados que ya han cumplido un cuarto de la pena –Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Josep Rull– tienen 36 días de permiso al año.