El juez del caso Pegasus en Barcelona rechaza asumir las querellas de los espiados de Òmnium y la CUP

El juez de Barcelona que investiga desde 2020 el 'hackeo' con el programa Pegasus a los móviles de los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall no asumirá, por ahora, las querellas presentadas hace una semana por los miembros de Òmnium Cultural y la CUP que también fueron espiados con el mismo 'software' malicioso. La causa se ha dividido en dos juzgados, aunque fuentes jurídicas apuntan a que no se trata de una ruptura definitiva sino que en unas semanas podría volver a reagruparse en un solo juzgado.

La defensa de los querellados de Òmnium y la CUP, que ejerce el penalista Benet Salellas, presentó hace una semana sendas querellas ante el juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que pilota el magistrado José Antonio Cruz de Pablo. El motivo, que el instructor ya conocía “los mismos hechos objeto de denuncia y de solicitud de investigación” por el espionaje al tener abierta una causa por el 'hackeo' a Maragall y Torrent.

El juez, de momento, ha rechazado asumir la causa y en una providencia ha informado a la defensa de que se envíen las denuncias a la oficina de reparto de los juzgados barceloneses. Según fuentes jurídicas, la denuncia de los espiados de Òmnium –el exvicepresidente Marcel Mauri; su responsable de relaciones internacionales, Elena Jiménez; y Txell Bonet, la mujer del exlíder de la entidad Jordi Cuixart– ha recaído en el juzgado de instrucción 21 de Barcelona. La de los espiados de la CUP –el exparlamentario David Fernández y los diputados en el Parlament y el Congreso Carles Riera y Albert Botrán– todavía no tiene juzgado asignado.

Las mismas fuentes han informado de que ahora el juez del 21, antes de decidir si asume la querella, ha pedido a la Fiscalía que informe sobre la competencia. Es decir, ahora el Ministerio Público deberá argumentar si la querella de Òmnium debe volver a instrucción 32 por ser el juzgado que ya investigaba el caso Pegasus o quedarse en instrucción 21, lo que dividiría en dos la causa.

Los tempos judiciales en Barcelona contrastan con la celeridad de la Audiencia Nacional en iniciar la investigación sobre el espionaje con Pegasus del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Los espiados de Òmnium, la CUP y el Gobierno presentaron sus denuncias el mismo día –2 de mayo, festivo en Madrid y laborable en Barcelona–. Mientras al día siguiente la Audiencia Nacional ya había repartido la denuncia al juzgado central de instrucción 4, que inició su investigación y decretó el secreto de sumario, los espiados de Barcelona no saben siquiera qué juez investigará definitivamente su 'hackeo'.

El juez que ahora he enviado a reparto las denuncias de los nuevos espiados ha tardado año y medio en pedir los móviles de Torrent y Maragall. El pasado lunes 2 de mayo, el instructor acordó practicar la diligencia solicitada por la Fiscalía el 15 de octubre de 2020 y requirió a Torrent y Maragall que aportaran sus teléfonos móviles “para la práctica, en su caso, del informe pericial correspondiente”, una prueba que tardará todavía varios meses en poderse completar. No precisó el instructor en su resolución a qué peritos se entregarían los móviles infectados para su análisis.

Fiscalía y juez rechazaron la propuesta de los republicanos para imputar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a su exdirector Félix Sanz Roldán. El caso se enfocó hacia la empresa israelí que vende el 'software' espía, NSO Group. Pero la investigación apenas ha avanzado debido al silencio de Israel, que no ha contestado desde hace más de año y medio a la petición de auxilio del juez de Barcelona para que NSO Group aportara la “información, datos o registros” que conservase respecto los móviles de Torrent y Maragall.