Un local okupado por un grupo de jóvenes, problemas de ruido y convivencia con los vecinos y una actuación del Ayuntamiento de Barcelona para intentar regularizar la situación ha acabado con el concejal imputado. Es lo que ha ocurrido con el casal Tres Lliris, ubicado en la antigua comisaría de Policía cerca de la plaza Lesseps, en el barrio de Gràcia.
Un juez de Barcelona ha aceptado la petición de una comunidad de propietarios vecina del local (y que se hartaron de denunciar ruidos y fiestas hasta altas horas de la madrugada) y ha imputado por prevaricación y malversación al concejal de Gràcia, Eloi Badia, de Barcelona en Comú, así como a cuatro cargos técnicos del distrito, entre ellos el exgerente y su sucesor.
La clave de la querella de los vecinos es el convenio de cesión de uso que firmaron el distrito y los jóvenes del Tres Lliris en 2017. El local, de propiedad municipal, llevaba ocupado ya unos meses tras años de abandono. Allí varios colectivos realizaban actividades políticas, pero también fiestas que molestaban a los vecinos.
Para intentar regularizar la situación, en septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Barcelona y la Associació de Joves de Gràcia firmaron un convenio de cesión de uso, algo habitual en conflictos como el del Tres Lliris, según expresan fuentes municipales. En el convenio se estipulaba que el consistorio vigilaría que las actividades del casal no causaran perjuicios ni molestias a los vecinos.
En cambio para la comunidad de propietarios denunciantes, la cesión es “insólita” y el consistorio “adjudicó” a los jóvenes el local “a dedo, omitiendo de forma flagrante la normativa que regula las cesiones de uso de bienes de dominio público y en perjuicio del erario pública”. La querella, que firma el letrado José Ramón Sorní, también asegura que “no hay constancia” de que el casal haya abonado los 550 euros anuales de alquiler presuntamente acordados.
La gestión del casal Tres Lliris se convierte en la segunda imputación de Badia. La Fiscalía de Barcelona denunció hace unas semanas a Badia, que también es concejal de Emergencia Climática, por un delito contra el medio ambiente al haber permitido presuntamente que durante la quema de basura en la planta del Forum se expulsaran a la atmósfera más gases contaminantes de los permitidos por la normativa.