El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha rechazado la quinta recusación que el expresident catalán Carles Puigdemont ha presentado contra él, en este caso por su opinión relativa a una posible ley de amnistía. El magistrado entiende que esta alegación de Puigdemont sobre una conferencia reciente en la Facultad de Derecho de Burgos es “manifiestamente infundada” y acusa al expresident de estar “especulando sobre mi posicionamiento ante una previsión legal que no existe y que puede no llegar a existir”.
El expresident catalán, a la espera de saber si Llarena reactiva o no el proceso de extradición contra él después de haber perdido su inmunidad como eurodiputado, planteó al Supremo que debería ser apartado del caso. Según el Diario de Burgos, en una conferencia del pasado 11 de septiembre el magistrado afirmó que negociar la investidura de Pedro Sánchez “no parece que sea una razón que tenga fuerza bastante para aprobar una Ley de Amnistía”.
Esa afirmación sobre las negociaciones entre el PSOE y el partido de Puigdemont son suficientes, entiende el expresident, para apartar del caso a Llarena, algo que acaba de rechazar el propio magistrado.
Alega Llarena que esa conferencia se desarrolló “en un espacio estrictamente académico” y analizando “criterios técnicos” del asunto pero “sin evaluar ningún aspecto concreto de una eventual Ley de Amnistía”. El instructor del procés explica que en ningún caso estaba exponiendo su opinión: “No se adelantó el posicionamiento procesal del instructor en ninguno de los pasajes que los propios recusantes entresacan, sino que se hizo un planteamiento académico general y abierto que fue destacado por los medios de comunicación”.
Si la amnistía llega a producirse, dice, no será su trabajo decidir si es constitucional o no: “Ni siquiera le incumbirá cuestionar su validez constitucional ni el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad”.
A la espera de la extradición
Carles Puigdemon está a la espera de que el juez Llarena decida si reactiva el proceso de extradición contra él después de que los tribunales comunitarios hayan confirmado la decisión del Parlamento Europeo de levantar su inmunidad como eurodiputado para afrontar la causa judicial del procés. El magistrado anunció que esperaría a que sus homólogos europeos tomaran alguna decisión sobre los futuros recursos del expresident catalán.
Procesado en un primero momento por rebelión, la sentencia del procés y la posterior derogación del delito de sedición dejaron las acusaciones contra él en desobediencia grave y malversación de caudales públicos.
Todo el proceso judicial discurre en paralelo a las negociaciones políticas entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, siendo clave los votos de la formación independentista. En el centro de las negociaciones está una posible amnistía para encausados por investigaciones judiciales relacionadas con el procés independentista catalán de 2017.