El juez sienta en el banquillo a Borràs por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo
El horizonte judicial y político de Laura Borràs se ha nublado este lunes. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha sentado en el banquillo a la presidenta del Parlament por fraccionar contratos de forma ilegal para favorecer a un amigo suyo en su etapa como presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El valor de los 18 contratos menores investigados asciende a 330.442,65 euros.
En un auto, consultable al final de esta información, el juez Jordi Seguí concluye la instrucción de la causa contra Borràs y otras tres personas por los delitos de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y malversación, y da diez días a la Fiscalía para que presente su escrito de acusación.
Borràs se expone ahora a una petición fiscal de varios años de cárcel que se dirimirá en un juicio. Antes se vivirá una nueva crisis política a cuenta de si tiene que dejar el escaño. El reglamento del Parlament obliga a cualquier diputado a abandonar el acta cuando se le abre juicio oral por corrupción. Este momento procesal no es el de este lunes, sino que llegará una vez Fiscalía y defensas hayan presentado sus escritos en unas semanas.
Consciente de que su futuro judicial es una espada de Damocles en su carrera política, Borràs promueve desde hace meses una reforma del reglamento del Parlament para blindarse en el cargo al menos hasta que el caso tenga sentencia, no antes del juicio. Los letrados del Parlament avalan la posición de Borràs, ya que desde una perspectiva jurídica y garantista creen que privar a un diputado de su condición sin sentencia firme no respeta la presunción de inocencia.
Más allá de cómo termine la reforma del reglamento y de la polémica política que suscitará, son los correos escritos por la propia Borràs en su etapa al frente de la ILC (2013-2018) sobre los contratos que ella misma adjudicaba los que han tenido un peso determinante para que el juez haya decidido sentarla en el banquillo de los acusados.
Entre los mensajes incriminatorios que cita el juez, figura un correo electrónico en el que Borràs se dirige a Isaías H.: “Como tienen que hacerse tres presupuestos para cada una de las personas o empresas diferentes, yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentes a los cuatro y solo ganas uno, el más económico de la serie (...). El resto se podría hacer con la empresa de Andreu y quizá con la cooperativa de Madrid”. “Envíame a mí los conceptos e importes aproximados y si conviene ya lo haré yo”, dice Borràs en otro correo.
La cuestión es fraccionar cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente
El magistrado concluye, gracias a los correos y a la abundante documentación del caso, que hay indicios “suficientemente sólidos de la concertación” entre Borràs e Isaías H. “para defraudar” a la ILC y “favorecer” al informático amigo de la presidenta del Parlament. Todo ello “en detrimento de las exigencias de objetividad y transparencia en defensa del interés público”, apostilla el juez.
Para el magistrado el fraccionamiento en 18 contratos menores de distintas tareas informáticas de la ILC indican que Borràs “abusó de sus funciones dictando resoluciones injustas”. Es más, el juez apunta que Borràs adjudicó los contratos “con plena conciencia de que entraban en contradicción con las exigencias de la legislación” y sin someterlos a una “verdadera” competencia entre empresas “para favorecer únicamente los intereses de Isaías H. en detrimento de los intereses generales que tenía que defender”.
Además de Borràs y su amigo, el juez ha procesado a un trabajador de la ILC, Roger E., y a un amigo de Isaías H., Andreu P., que según el magistrado “colaboraron” con en el plan para “simular una concurrencia de ofertas” que no era tal.
El juez describe en su auto tres formas de perpetrar el fraude. Seis de los 18 contratos investigados, por valor de 112.503 euros, se adjudicaron a dedo directamente a Isaías H. Pero además el juez mantiene que Isaías H. falsificó ofertas de cooperativas de las que era socio y convenció a su amigo Andreu P. para presentar ofertas mendaces para contratos de la ILC a cambio de que después le transfirieran el dinero de las adjudicaciones.
El rastro de las cuentas de Isaías H. ha constatado que su amigo Andreu P., que recibió dos contratos de la ILC, le transfirió luego 30.100 euros. Otros 87.707,45 euros acabaron en la cuenta de Isaías H. tras varias transferencias de dos cooperativas de la que era socio a las que se le concedieron nueve contratos. Antes una de las cooperativas se quedó una comisión.
En su resolución el juez expone además que los representantes legales de otras cooperativas a las que se adjudicaron los contratos investigados han negado haber presentado las ofertas. Según el magistrado, Isaías H. falsificó las ofertas en nombre de esas cooperativas para simular que al concurso se presentaban varias oferta, cuando en realidad Borràs ya tenía decidido adjudicarle los contratos. Es más, uno de los representantes legales de otra cooperativa declaró durante la investigación que Isaías H. pidió a la entidad hacer una factura en su nombre a la ILC, solicitud que fue denegada por los responsables de la misma.
Borràs tilda su causa de “investigación prospectiva”
La presidenta del Parlament ha respondido a su procesamiento a través de un Twitter. En un hilo de mensajes, se ha presentado víctima de una “investigación prospectiva” y ha tildado su caso de “causa falsa”. Además ha comparado su procesamiento por corrupción con la negativa de la Fiscalía a investigar su denuncia sobre las palabras del comisario Villarejo, quien en su declaración como acusado en uno de los juicios del caso Tándem vinculó al CNI con los atentados de la Rambla y Cambrils del 17 de agosto de 2017, un extremo desmentido por la investigación de los Mossos sobre los ataques pero al que parte del independentismo, en especial dirigentes de Junts per Catalunya, dan credibilidad.
El Govern, al contrario que Borràs, descartó denunciar las aseveraciones del comisario jubilado, que como acusado tiene derecho a mentir. “No ven indicios objetivos en que alguien [en referencia a Villarejo] diga los atentados fueron error del CNI para 'dar un pequeño susto a Catalunya'. En cambio el TSJC comunica a la prensa que han cerrado la fase de instrucción de la causa que tienen contra mí por 'indicios'”, ha manifestado Borràs en las redes.
Cabe recordar que en la causa de Borràs los indicios no son meras palabras dichas en un juicio por un acusado de graves delitos, sino se han obtenido de su correo electrónico así como de los mensajes intercambiados entre el trabajador de la ILC procesado e Isaías H. Según expone el juez en el auto, el funcionario le llegó a pedir al informático que escaneara a nombre de una cooperativa un documento en uno de los expedientes bajo sospecha.
El caso Borràs se destapó en 2018, cuando Isaías H. estaba siendo investigado en otra causa distinta y tenía el teléfono intervenido. En una charla, confesó a su interlocutor su miedo por los contratos de la ILC. “Tengo una marrones”, dijo el informático en una de las conversaciones. A partir de ahí los Mossos tiraron del hilo hasta llegar a la actual presidenta del Parlament.
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