Una jueza ha abierto una nueva causa penal contra Ada Colau, esta vez por romper las relaciones de Barcelona con Israel y el hermanamiento con la ciudad de Tel-Aviv. La magistrada del juzgado de instrucción 5 de ha admitido a trámite la querella del abogado Francesc Jufresa, que ve en esa decisión un delito de prevaricación, y lo atribuye tanto a la exalcaldesa como al entonces responsable de Justicia Global y Cooperación Internacional.
En su auto, emitido el 11 de julio y al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada admite también la denuncia que interpuso ante la Fiscalía la proisraelí Asociación y Comunicación sobre Oriente Medio. Esta entidad es la que ya acudió a la jurisdicción contenciosa para pedir que se paralizase el decreto de Alcaldía de suspensión de relaciones, pero la jueza de entrada rechazó su petición cautelar de paralizar la decisión.
Pese a versar sobre una misma decisión, ambos procedimientos son distintos: en la jurisdicción contenciosa, como máximo, la magistrada anulará la suspensión de relaciones entre Israel y Barcelona. Pero la vía penal es más grave, pues Colau y su responsable de Cooperación se juegan la inhabilitación en caso de resultar condenados.
El procedimiento judicial se suma a la lista de querellas y denuncias que han recibido Colau y otros miembros de su gobierno por la vía penal y que los comuns siempre han calificado de guerra judicial, puesto que por ahora ninguna ha llegado a juicio: todas se han archivado se encuentran en fase de instrucción.
La nueva causa por la suspensión de relaciones con Israel supone, de nuevo, trasladar a la vía penal una discrepancia política al considerar un delito de prevaricación una decisión simbólica. El abogado Jufresa, considerado una de las togas de oro de Barcelona, ya se había querellado contra Colau en el pasado por las peatonalizaciones de la ciudad, que también veía delictivas.
La decisión de Colau de suspender el hermanamiento con Tel-Aviv fue una de las más controvertidas de su etapa final como alcaldesa. La regidora de Barcelona en Comú lo aprobó por decreto de Alcaldía el pasado 9 de febrero y puso así fin al acuerdo de amistad que firmó el entonces alcalde socialista Joan Clos en 1998. Los comuns se apoyaron en una iniciativa liderada por la plataforma Prou Complicitat con más de 4.000 firmas y la adhesión de 80 entidades, que pedía poner fin a esa relación como señal de protesta contra la vulneración de derechos humanos del Estado de Israel entre la población Palestina.
Pero Colau se topó con el rechazo de su propio socio de gobierno, el PSC, y de todos los demás partidos del Plenario Municipal. Salvo ERC, que se abstuvo, todos los demás acusaron a Colau de actuar de forma “unilateral” y le pidieron levantar la suspensión. Esta decisión está ahora sobre la mesa del nuevo alcalde, el socialista Jaume Collboni, que fue contrario a la ruptura de la relación pero que por ahora no se ha pronunciado sobre qué hará (a pesar incluso de haber recibido ya una carta del alcalde de Tel-Aviv).
Argumenta falta de competencias de Colau
La querella fue interpuesta inicialmente ante la Audiencia Nacional, al entender que los efectos del supuesto delito tenían lugar en otro país, Israel, pero la respuesta del tribunal fue que los juzgados competentes eran los de la capital catalana. Los argumentos que esgrimen los querellantes para alegar prevaricación son que el Ayuntamiento no tiene competencias para tomar decisiones que afectan a la política exterior, que corresponderían el Gobierno central, y que la opción de sortear el plenario municipal –donde Colau no tenía mayoría– harían “inviable legalmente” la iniciativa.
La querella hace especial hincapié en que Colau no tiene competencias para romper relaciones formalmente con Israel, aunque lo cierto es que el decreto aprobado hacía referencia solamente al hermanamiento con Tel-Aviv. Lo que sí hizo Colau fue acompañar la decisión de una carta al primer ministro del país, Benyamin Netanyahu, en la que anunciaba que “temporalmente” suspendía relaciones con el Estao de Israel “hasta que las autoridades pongan fin a la sistemática violación de derechos humanos hacia la población palestina”. Según los querellantes, esta misiva tiene rango de “acto administrativo”, algo que desde los comuns niegan.
Marc Serra, concejal de los comuns, defiende que la carta se mueve “en términos políticos”. “Una alcaldesa pueda emitir opinión acerca de los derechos humanos y condicionar las relaciones de su ciudad con un actor como el Estado de Israel”, esgrime, y recuerda precisamente que el hermanamiento con Tel-Aviv –que incluye también el de Gaza, este no suspendido– ya se formalizó por decreto de Alcaldía.
El “apartheid” y el “antisemitismo”
La querella, por último, ve también en la actuación de Colau un posible delito de odio, al entender que la carta incluye “toda clase de invectivas antisemitas”, hasta el punto de afirmar que Israel es un Estado “racista” o de argumentar que es un “régimen militar y autocrático que encarna el denominado ‘colonialismo sionista’”. Pero estas últimas expresiones no las incluye en realidad la misiva.
Lo que sí hace Colau en la carta es calificar de “apartheid” lo que vive la población palestina en Israel, en referencia a unas declaraciones previas del ex secretario general de la ONU Ban-Ki Moon. Según los querellantes, esta afirmación es “antisemita” y “generadora de odio” hacia los judíos. Serra, por su parte, considera “perversa” esta argumentación, según la cual, añade, “todo lo que sea criticar a Israel puede ser considerado delito de odio”. “Se confunde de forma deliberada el Estado de Israel con el pueblo judío”, remarca el concejal de los comuns, que añade que la carta hace distinción explícita entre Estado y “la población judía y su cultura en su conjunto”.
Serra ve en la denuncia “el mismo patrón” que en las demás querellas que ha recibido Colau a lo largo de sus ocho años al frente de la alcaldía. “Lo que intentan no es una sentencia condenatoria, que es imposible, sino conseguir titulares y desgastar a los líderes políticos”, afirma.
Antes de decidir si cita a Colau como imputada, la magistrada ha requerido al Ayuntamiento el expediente sobre la suspensión del hermanamiento con Tel-Aviv. Además de esta nueva causa, la alcaldesa tiene abiertos otros cinco procedimientos por sendas querellas de un fondo buitre y una inmobiliaria, las subvenciones a entidades sociales y las peatonalizaciones. Ninguno de ellos tiene visos por ahora de llegar a juicio.
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