“Esto ya nos está deteriorando la salud física y mental”. Antonio y Josefina no pueden más. Llevan desde hace más de un año con su hijo Àlex, un joven con autismo que ha sobrevivido a un trasplante de hígado, en casa. Tras el primer confinamiento, la fundación Pere Mitjans rechazó el retorno de este joven a su hogar-residencia en un conflicto a tres bandas entre la familia, la entidad y la Generalitat que se ha enquistado hasta el punto de llegar a los tribunales. Una jueza investiga la actuación de la fundación y del Govern y ha citado como imputada para el próximo 22 de julio a la subdirectora de atención y promoción de la autonomía personal de la Generalitat, Maria Vinardell.
Tras acordar con la fundación que el joven pasara el primer confinamiento en casa, la familia solicitó su reingreso en su centro el mes de junio del año pasado. Sin éxito. La fundación alegaba que no disponía de los recursos adecuados para garantizar que el joven, inmunodeprimido y al que se le ha diagnosticado un 75% de discapacidad, no se contagiara de coronavirus. Por entonces la vacunación no había empezado.
Después de varios meses de negociaciones, en enero de este año la conselleria de Asuntos Sociales ordenó el reingreso del joven en la residencia, y puso como fecha el pasado 17 de febrero, cuando Àlex ya estaba vacunado con la pauta completa. Pero la entidad se negó porque, a su juicio, tampoco se daban las condiciones sanitarias para el reingreso. Según explicó la otra investigada del caso, la directora técnica de viviendas de la fundación Pere Mitjans, C.C., el centro no podía sectorializarse adecuadamente en caso de que un usuario mostrara síntomas. La inspección de la conselleria de Asuntos Sociales constató que el día que el joven debía volver la directora del centro y la abogada de la entidad “no permitieron el reingreso”.
La magistrada que investiga el caso se ha encontrado con dos versiones contrapuestas. La familia considera, en base a las resoluciones de la propia Generalitat y al protocolo de reingreso a las residencias de febrero de este año, que ya no era necesario hacerle una PCR a Àlex para su reingreso al tener ya la pauta completa de vacunación y contar el centro con un 85% de cobertura vacunal. Así se lo indicaron a Antonio por correo electrónico desde la Generalitat, según la documentación que ha podido consultar este diario.
En cambio la residencia alega que el protocolo, pese aprobarse en febrero de 2021, no se publicó oficialmente hasta el 4 de marzo, por lo que era necesario que el joven presentara una PCR negativa y que permaneciera 15 días en aislamiento en el centro, además de disponer de una valoración médica. Además asegura que la familia no quiso firmar un documento privado para asumir cualquier consecuencia del reingreso de Àlex en enero de 2021, un extremo que no contemplan los protocolos ni las resoluciones de reingreso del joven. Lo que sí firmó Antonio fue un documento de autorresponsabilidad ante la administración.
A todo ello se suma el papel de la administración catalana, que ha jugado “a dos bandas”, según coinciden tanto el padre de Àlex como la representante legal de la fundación. La administración autonómica pasó en seis meses de emitir una resolución en la que aseguraba que había un acuerdo entre la familia del joven y la fundación Pere Mitjans para renunciar a su plaza a ordenar su reingreso en la misma residencia. La conselleria de Derechos Sociales ha declinado dar su versión de los hechos y se ha limitado a indicar que colabora con la investigación judicial.
Más de un año sin la plaza a la que tiene derecho
Durante la desescalada, al permanecer todavía Àlex en casa, la fundación Pere Mitjans proporcionó un paseo terapéutico con el joven tres días a la semana, lo que según la entidad muestra que no se desentendieron del joven. Pese a esa ayuda el padre y la madre del joven no podían asumir los cuidados de su hijo y solicitaron que volviera a su hogar-residencia el 12 de junio de 2020. Esta petición fue desestimada. Hubo un consenso entre los servicios sociales y los médicos del joven en que el reingreso en la fundación era un peligro para su salud. Se propuso un acuerdo excepcional para que la administración apoyara al joven y a su familia sin que Àlex perdiera sus derechos adquiridos.
A finales de junio la fundación propuso la suspensión temporal del concierto de plaza tanto de residencia como de servicio de terapia ocupacional y a cambio establecer un programa individualizado de atención del joven por horas de servicio domiciliario. Por contra, la familia insistía en que no era suficiente y que el joven precisaba de los cuidados que recibía en el citado centro. Ya entonces el padre del menor sospechaba de que la fundación se negaría al reingreso de su hijo, por lo que escribió una carta al consorcio de servicios sociales de Barcelona alertando de la situación.
El 14 de julio Antonio recibió la respuesta del consorcio, que tras una reunión con la fundación comunicó a la familia que la Pere Mitjans “no tiene intención de expulsar a su hijo del centro ni de modificar la plaza” que tenía Àlex. Pero a finales de agosto la fundación comunicó a la familia que suspendía “temporalmente” los contratos que les obligan a atender al joven alegando que no disponía de medios para poder hacerse cargo de Àlex.
La versión del padre del joven es que la suspensión del contrato fue una “represalia” por una demanda que interpuso contra la fundación años atrás por el abono de los acompañamientos a los médicos de su hijo, pero la Pere Mitjans lo desmiente de forma tajante y reitera que el centro no disponía de las instalaciones necesarias para sectorializarse correctamente en caso de estallar un brote. Es más, la fundación acusa al padre del joven de “amenazas continuas de denuncias” a los responsables y trabajadores del centro que han hecho insostenible la situación, algo que Antonio niega.
A la controversia se sumó una actuación contradictoria de la Generalitat. En un primer momento, la conselleria de Derechos Sociales aceptó la suspensión del contrato de la fundación con la familia del joven porque había sido “de mutuo acuerdo”, algo que los padres de Àlex desmienten. Pero después, en una resolución firmada por Vilardell –la subdirectora general a la que la jueza ha imputado–, la conselleria reconoció que se había equivocado y que la familia “no había renunciado a los servicios reconocidos”.
En consecuencia, la Generalitat acordó el retorno de Àlex a su hogar–residencia, después de que la Agencia de Salud Pública de Barcelona, en un informe del pasado mes de diciembre, destacara que la residencia ya podía realizar una “sectorialización adecuada” en caso de brote con el apoyo del Centro de Emergencias Sociales.
Antonio, el padre del joven, reclama una solución. Por un lado teme “represalias de algún tipo” de la fundación si su hijo vuelve a su hogar–residencia, pero a la vez reitera que seguirá luchando para que la Generalitat preste los servicios a los que Àlex tiene derecho. “Pedimos lo que Àlex tiene reconocido por ley, ni más ni menos”, zanja. La vía judicial tardará varios meses, si no años, en finalizar del caso. Mientras lo único claro es que a día de hoy Àlex sigue con sus padres más de un año después de pedir su reingreso en su hogar-residencia.