No se puede decir una cosa en rueda de prensa y pretender lo contrario en el juzgado. Así lo advierte la jueza de Barcelona que investiga el caso Negreira, que ha rechazado la pretensión de la directiva culé que encabeza Joan Laporta para que el club ostente la condición de perjudicado en la causa –además de la de imputado– por un delito de administración desleal presuntamente cometido por los anteriores presidentes.
Entre los argumentos empleados por la magistrada destaca la intervención del actual presidente del Barça tras estallar el caso. El pasado mes de abril, Laporta afirmó que los “servicios de asesoramiento” de Negreira al Barça sobre árbitros “fueron efectivamente prestados” y que se documentaron en “facturas detalladas” y pagadas mediante transferencias bancarias.
Laporta avanzó que el informe de control interno o 'compliance' concluía que “no se desprende la existencia de daño patrimonial” para el Barça, una afirmación que, a juicio de la magistrada, resulta “contradictoria” con la pretensión del Barça de poder ejercer la acusación como perjudicado por un delito de administración desleal por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.
La magistrada también rechaza los argumentos del Barça para ser acusación e imputado a la vez. El club alegó que los pagos a Negreira sí habían causado un “perjuicio” a su economía, ya que aunque el servicio de asesoramiento técnico arbitral se hubiera efectivamente prestado, en realidad los trabajos se habrían facturado “doblemente”, incluso comisión mediante de algunos exdirectivos.
La instructora insiste en que la administración “indebida” del club se habría llevado a cabo por sus representantes legales o directivos que estaban autorizados a tomar decisiones en nombre del Barça, un supuesto que queda fuera del delito de administración desleal.
Más documentación al Barça y a Hacienda
Así pues, el Barça seguirá siendo investigado en la causa como persona jurídica junto a sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu; los exejecutivos de la entidad Albert Soler y Óscar Grau; el antiguo árbitro Enríquez Negreira y su hijo, que también facturó al club a través de un exdirectivo. Los pagos a Negreira vienen de la época de Joan Gaspart y se mantuvieron en la primera etapa de Laporta, pero ambos de momento están fuera del caso al haber prescrito los eventuales delitos.
La magistrada también ha ordenado al Barça y a distintas instituciones que le remitan abundante documentación. Al F.C. Barcelona le ha requerido los originales de los 629 informes, los 43 CDS y los otros 4 informes a los que se refirió Laporta en su rueda de prensa del mes de abril.
También ha solicitado la instructora a la entidad que identifique el despacho externo que ha elaborado el informe mencionado por Laporta “con indicación expresa tanto del lugar exacto en el cual se custodiaba la documentación como las personas concretas encargadas de su custodia y aquellas otras que hubiesen localizado la documentación”.
Por otro lado, la magistrada ha reclamado al Barça que identifique a las personas de su área económica “con capacidad para ejecutar las decisiones estratégicas adoptadas por los órganos colegiados del club”.
A la Federación Española de Fútbol la jueza ha pedido la relación de árbitros de Primera y Segunda División entre el 2010 y la actualidad, mientras que a Hacienda y a la Seguridad Social la instructora ha solicitado varios datos financieros de Negreira, su hijo, sus empresas y sus trabajadores.
Según se desprende de la investigación de Hacienda, el Barça pagó a las empresas tanto de Negreira como de su hijo. Los pagos al padre, que suman 7,3 millones entre 2001 y 2018, no se encuentran amparados en ningún contrato, según reconoció el propio Barça. Respecto al hijo, en la relación comercial ejerció de intermediario –comisionista, según los investigadores– el exdirectivo de Núñez, Bartomeu y Rosell Josep Contreras, fallecido el pasado diciembre.