La que un día fue la gran investigación de corrupción policial vinculada al narcotráfico en Catalunya ha terminado en nada. La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los principales acusados del caso Macedonia, entre ellos Manuel G.C., considerado líder de la trama por parte de la Fiscalía, y Josep R., el mosso acusado de colaborar con los supuestos 'narcos'.
Josep R. fue detenido en octubre del 2010, en el marco de la operación Macedonia que comandó el titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, el mismo de la operación Volhov. Más de once años tardó el caso en llegar a juicio. La conclusión de las magistradas de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona es rotunda: no hubo colaboración alguna de ningún agente de la policía autonómica en una trama de narcotráfico.
Las magistradas concluyen que Manuel G.C. era efectivamente, como sostenían su defensa y varios mossos, un confidente policial y que llegó a “mover mucho dinero de forma opaca”, pero que ello no permite concluir que los fondos procedieran del tráfico de drogas. “No hay indicios contra él sino meras hipótesis sin soporte probatorio”, zanja el tribunal en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es.
Debido a su condición de confidente –fue clave en casos históricos como el de los prostíbulos Riviera o Saratoga– Manuel G.C. “mantenía múltiples contactos con altos responsables de los cuerpos policiales de Catalunya y con otros funcionarios y con periodistas”, resaltan las togadas, que destacan que el acusado tenía un “nivel de influencia elevado y manejaba cantidad de información”.
“No descartamos –abunda el tribunal– que Manuel G.C. utilizara dicha información en su propio beneficio ni que obtuviera algún tipo de retribución por ello, pero no tenemos indicios suficientes de que llevara a cabo conductas delictivas y menos las que se le acusa”.
El tribunal también absuelve al mosso d'esquadra Josep R., a quien la Fiscalía acusaba de advertir a los 'narcos' de redadas a cambio de sobornos. “No existe indicio alguno de que R. les avisara de una entrada y registro o de otra actuación policial relacionada con ellos e impidiera con ello el éxito de una diligencia policial o judicial”, resuelven las magistradas.
Consideran las magistradas que Josep R. tenía relación con “amistades peligrosas”, estas son, confidentes que le facilitaban información de grupos criminales. Pero ello forma parte de las relaciones entre agentes y confidentes que, recalcan las magistradas, “por experiencia conocemos que se mueven siempre entre aguas turbias”, más cuando no existía un protocolo claro dentro de los Mossos d'Esquadra.
“La obtención de información de los confidentes va normalmente asociada a algún tipo de deferencia o apariencia de favores”, agregan las togadas, que se refieren a la testifical prestada por el major Josep Lluís Trapero para explicarlo. “a deferencia pasa por responder a las llamadas de los confidentes y atender a sus exigencias”, tal y como reconoció Trapero en relación con Manuel G.C., quien le llamó más de 200 veces y le pidió protección al sentirse amenazado. Este extremo –no delictivo– es el único que dan por probado las juezas, que descartan que el mossos Josep R. “participara en forma alguna en algún delito ni que recibiera dinero u otros beneficios por parte del resto de acusados”.
En suma, la sentencia desbarata las tesis de la Fiscalía y del juez instructor del caso y solo condena a los acusados que llegaron a un pacto con el Ministerio Público a cambio de penas menores. Los pesos pesados del caso que se sentaron en el banquillo han terminado exculpados. Los dos guardias civiles con los que empezó el caso ya fueron absueltos de hacer constar erróneamente en un atestado redactado en mayo de 2009 que habían incautado 50 kilos de cocaína cuando, en realidad, el alijo contenía en su mayoría bolsas de azúcar y yeso.
Se cierra así uno de los capítulos más polémicos de la historia judicial catalana, que tampoco se ha escapado de la sombra de la brigada política del PP que anidó en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy y de las maniobras del comisario Villarejo, aunque las magistradas descartaron que influyeran en el devenir del caso. Las juezas también rechazan la nulidad de toda la instrucción del juez Aguirre por vulneración de los derechos fundamentales de los acusados y solo anulan parte de los pinchazos telefónicos por desproporcionados y prospectivos.
Sí constata la sentencia la “evidente animadversión” que generó la instrucción del caso Macedonia entre el juez Aguirre y Trapero. El entonces jefe de investigación de los Mossos y su homólogo de la Guardia Civil en Catalunya se reunieron con Aguirre y se negaron a la petición verbal del juez para intervenir los teléfonos de todo el grupo antidroga del Instituto Armado en Catalunya al valorar que no había indicios de corrupción policial.
Tras el enfrentamiento con Trapero, juez y Policía acudieron a la sede central de los Mossos para obtener copias de las escuchas que, según el magistrado, los agentes de la policía catalana le habían escondido. En paralelo, Josep R. denunció a nueve miembros de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra –la mayoría cambiaron de destino después– por ocultar pruebas, básicamente llamadas telefónicas, que cree que le exonerarían. Este viernes el caso Macedonia ha terminado por fin para este mosso.