En el corazón del barrio de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona se erige la masía Can Raventós, una casa construida en la primera mitad del siglo XIX, catalogada como bien de interés y rodeada por un jardín que, hasta el verano pasado, contenía decenas de árboles casi centenarios. Tanto el jardín como la casa son de titularidad privada, estaban cerrados a los vecinos y llevaban años pasando desapercibidos en el vecindario. Hasta que en 2020 la propiedad firmó un plan de obras con el Ayuntamiento por el cual se proyectaba una promoción de 57 viviendas de lujo que debían estar alrededor y dentro de la masía.
El acuerdo despertó el rechazo de los vecinos, que acumulan cuatro años de lucha. Ahora el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a la Asociación de Vecinos del barrio, que interpuso un recurso contencioso administrativo para frenar las obras, y ha ordenado poner fin a al plan y a la construcción de las viviendas.
“Es una victoria del movimiento vecinal a favor de la protección del patrimonio histórico, cultural y ambiental de Barcelona”, ha apuntado Natàlia Botina, miembro de la Plataforma Salvem Can Raventós. Los vecinos han celebrado la sentencia y esperan que pueda suponer un antes y un después. “Somos un distrito en el que se ha priorizado el negocio privado por encima de la normativa”, añaden.
Con estas palabras hacen referencia a la normativa municipal de protección del patrimonio, que establece que se debe dejar un perímetro de 10 metros libre de cualquier construcción alrededor de elementos protegidos como Can Raventós. A pesar de eso, el Ayuntamiento -entonces todavía bajo mandato con Ada Colau al frente- facilitó la aprobación de un Plan Especial Integral de Mejora Urbana promovido por la empresa Bigdal 5000 SL., ahora en manos de la promotora Corp Edificaciones SL.
Según el documento, que salió adelante con los votos de Barcelona en Comú, PSC y Manuel Valls, se preveía construir una cincuentena de pisos con un precio estimado de venta de entre 800.000 euros y dos millones. Algunas de las viviendas iban a ser edificadas dentro de la misma masía. Otras, en fincas situadas a menos de cuatro metros de la misma. Ese ha sido el motivo al que se ha acogido el tribunal para anular el Plan. “No es posible ninguna intervención que interfiera o les afecte [a la casa o al jardín]”.
Los vecinos piden un refugio climático
Can Raventós nunca había sido de acceso público, pero cuando se tuvo conocimiento de la aprobación del Plan Especial y de que el Ayuntamiento concedió la licencia de obras, los vecinos se levantaron. Debido a las protestas, en 2023 el consistorio -todavía bajo el mandato de Colau- intentó negociar con la propiedad una permuta para que la promoción se construyera en otra parte, pero no tuvo éxito y el posterior alcalde, el socialista Jaume Collboni, descartó la operación.
Ahora, al haber sido anulado el Plan Especial, la empresa debería formular otro para poder construir en el espacio de Can Raventós. Antoni Cuyàs, abogado de los vecinos, si bien reconoce que esa es una opción posible, apunta que no es demasiado probable. Respetar la normativa de los 10 metros supondría que sólo se podría construir una quincena de viviendas. “¿Les interesa que se reduzca el espacio a construir y, por tanto, los beneficios?”, se pregunta el abogado, a modo de respuesta.
La única opción que resta es que el Ayuntamiento pacte una indemnización con la empresa o bien una permuta. Pero el consistorio ha declinado responder a preguntas sobre opciones a futuro y se ha limitado a asegurar que no presentarán recurso. “Con la sentencia, el Plan ha decaído (siempre y cuando la propiedad no interponga recurso) y, por tanto es la propiedad a quien toca definir su planteamiento a partir de ahora”, aclaran fuentes municipales. La empresa tampoco ha respondido a las preguntas de este medio.
Los vecinos celebran que las obras se hayan parado antes de que se hayan llegado a edificar las viviendas, pero lamentan que sí que hay algunos “daños irreparables”. Se refieren a la veintena de árboles que la promotora mandó talar el pasado agosto, cuando comenzaron las obras. “Había un pino italiano que debía tener casi 100 años”, apunta Montserrat Busto, también miembro de la Plataforma, que asegura que el Ayuntamiento “no tiene ninguna perspectiva ambiental”.
Por eso, ahora no sólo piden que el parque sea abierto al público y que la casa se convierta en un espacio de encuentro de entidades y asociaciones juveniles, sino que exigen al consistorio que todo el conjunto sea declarado refugio climático. En este distrito de Barcelona existe una red de 20 refugios climáticos, pero 11 de ellos cierran durante algún momento del periodo estival. Los restantes, son parques en los que “por mucha sombra que haya, se superan los 30 grados”, asegura Busto, que también es ambientóloga.
Los vecinos reclaman refugios climáticos en los que haya aire acondicionado, que no cierren durante agosto y sean de libre acceso. Igualmente, demandan que la zona sea recalificada como zona verde para evitar nuevos proyectos urbanísticos a futuro. “El ayuntamiento lo hará muy bien porque le conviene y porque estaremos ahí para lo que haga falta”, ha recalcado Botinas.