El funcionario investigado en el caso de contratos a dedo de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha culminado su cambio de estrategia de defensa con un último dardo a la principal encausada, la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs. El empleado público ha pedido este miércoles al juez el archivo de la causa al argumentar que nunca participó en la adjudicación de dos los contratos al amigo de Borràs, Isaías H., por lo que no cabe hablar de “connivencia delictiva” con los dos imputados.
En su escrito, la defensa del funcionario, que ejerce el letrado Juan Carlos Zayas, contextualiza los audios que le envió Borràs aportados al juez y que la semana pasada desveló elDiario.es. El primero de ellos, de 19 de diciembre de 2017, en el que Borràs de forma “urgente” le pide todos los contratos de la ILC con su amigo, se produjo solo un día después de la detención de Isaías H. por los Mossos d'Esquadra en la misma causa.
“La petición es de un día posterior a la detención policial de Isaías H., lo que debió motivar la petición de información de la señora Borràs”, expresa la defensa, que recalca que en esa fecha Borràs todavía era la directora de la ILC, por lo que tilda la solicitud de “para nada fuera de lo común”. “La petición se la hizo una superior suya”, incide la defensa de Roger E., que argumenta que el mensaje de voz “no puede constituir un indicio incriminatorio contra él” porque se trató de una “solicitud corriente e inocua que no permite establecer una connivencia delictiva” con Borràs e Isaías H.
El escrito relata además una visita de Borrà a la ILC a principios de 2018, cuando la líder de Junts ya no dirigía la entidad cultural y el “extraño ofrecimiento” que hizo la ya diputada. Según el funcionario, Borràs presentó a los empleados de la ILC “unas personas que iban a asumir las tareas de mantenimiento de la web” que hasta entonces llevaba a cabo Isaías H. “sin que hubiera constancia de una contratación formal”. A esta proposición de Borràs, el funcionario respondió “exteriorizando su reserva y desacuerdo con la insólita propuesta”, lo que a juicio de la defensa muestra “todo lo contrario a algún grado de conformidad o convenio con los designios” de la dirigente de Junts.
Además de todo el material aportado contra Borràs, la defensa del funcionario mantiene que su comportamiento en el caso ILC no puede ser delictivo. El motivo: que el funcionario no se encargaba de la contratación de la ILC, por lo que “no estaba en posición de garante y control respecto a la oportunidad y adecuación legal de los contratos que decidía y adjudicaba la señora Borràs”. Roger E., defiende su letrado, no tenía “ni los conocimientos ni la función de asesorar o controlar jurídicamente los expedientes de contratación”.
Las revelaciones del funcionario Roger E.P. para intentar salir exculpado de la causa de los contratos a dedo de la ILC son misiles contra la línea de defensa de Borràs. Primero, el funcionario aportó tres audios en los que ella le pidió que la avisara si los Mossos acudían a la sede de la ILC. También se interesó, cuando ya no dirigía la entidad pública, por una factura impagada a su amigo Isaías H.
Roger E.P. no se ha quedado en las grabaciones y ha entregado al juez tres informes de la Intervención de la Generalitat sobre los contratos a dedo en la ILC en los años 2013, 2014 y 2015, las alegaciones de Borràs al primero de ellos y tres cadenas de correos electrónicos entre la entonces directora y varios funcionarios sobre los informes.
La interventora recordó a Borràs que los contratos a dedo “no se pueden fraccionar” con el objetivo de disminuir su cuantía y no rebasar el límite de 18.000 euros que obliga a realizar un concurso público. Y recomendó una “mayor planificación” de la contratación de los distintos servicios de la ILC para llevar a cabo “contrataciones agregadas” ante el riesgo de incumplir la normativa de fraccionamiento de contratos.
Las conclusiones de la interventora se basaban en el hecho de que Isaías H. y una cooperativa, Xarxa Integral, habían recibido un total de 63.000 euros en forma de cinco expedientes de contratación a dedo en 2013. Ello suponía el 34% del importe de la contratación menor de la ILC aquel año y un 21% de los expedientes. Tal magnitud “supera la cuantía máxima de la contratación menor”, alertaba la interventora en junio de 2014.
Borràs recibió con desagrado las recomendaciones de la interventora. Solo una hora después de disponer del informe provisional de la Intervención, la dirigente de Junts replicó a las funcionarias por correo electrónico. “Recibo este informe con la sorpresa de ver que son objeto de control los contratos que os vinimos a explicar y que necesitábamos llevar a cabo para la implementación digital de esta nueva etapa de la ILC”, aseveró Borràs.
La investigación judicial y de los Mossos d'Esquadra mantiene que la cooperativa Xarxa Integral solo era una tapadera para que el dinero terminara igualmente en las cuentas de Isaías H. El amigo de Borràs presentaba a la ILC presupuestos atribuidos a otras personas o a cooperativas vinculadas a él, de forma que en todos los casos resultó adjudicatario del proyecto, según la mecánica del fraude descrita por el juez. En total, los 18 contratos bajo sospecha ascienden a 330.442,65 euros.