El 24 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la sentencia contra el que fue presidente del país y en ese momento el candidato mejor situado para las elecciones presidenciales, Lula da Silva, condenado a doce años de prisión por corrupción. Ingresa en la prisión en abril del 2018 y resulta inhabilitado para la reelección presidencial. Se aplana así el camino para el triunfo de Jair Bolsonaro, que nombra ministro al juez que más destacó en la persecución judicial a Lula y comienza un periodo de recortes sociales sin precedentes.
La profesora Susan Tiefenbrun, en un artículo académico muy citado de 2010, definía el lawfare como “un arma diseñada para destruir al enemigo usando, haciendo un mal uso y abusando del sistema legal y de los medios de comunicación para crear un escándalo público contra este enemigo”. Desde entonces estas guerras judiciales se han ido dirigiendo contra diferentes líderes de gobiernos progresistas de América Latina, brindando a los grandes poderes económicos y neocoloniales la posibilidad de conseguir el mismo resultado que un golpe de Estado pero sin necesidad de utilizar la violencia, ni del desgaste que implica.
La pregunta que muchos nos estamos haciendo estos días es si se puede hablar también de lawfare en España, una democracia que se reivindica como consolidada y donde –a pesar de la rebelión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– la separación de poderes pretende ser uno de los pilares del Estado de Derecho.
En Barcelona últimamente estamos siendo testigos de hechos realmente inquietantes. El actual gobierno municipal liderado por Barcelona en Comú ha recibido hasta doce ataques en forma de querellas y denuncias penales contra cargos electos y funcionarios municipales. Al otro lado de la trinchera, grandes bufetes de abogados contratados por fondos buitre y hoteleros con intereses inmobiliarios en la ciudad, así como conocidas multinacionales que se resisten a renunciar a los privilegios de la gestión privada de bienes comunes como el agua.
Hasta ahora todas las causas judiciales que se han abierto contra el actual equipo de gobierno han quedado archivadas. Unas investigaciones judiciales que –y aquí está la gracia– despiertan enorme atención mediática, pero son archivadas en medio de silencios ensordecedores.
En el caso que nos ocupa esta semana la alcaldesa irá a declarar por unas subvenciones que el Ayuntamiento ha otorgado al Observatorio DESC, Enginyers Sense Fronteres (ESF) y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Unas subvenciones que ya recibían durante el mandato anterior, cuando era alcalde Xavier Trias (Convergència i Unió). Unas subvenciones que fueron investigadas por la Fiscalía, que descartó cualquier indicio de delito. Unas subvenciones que están perfectamente auditadas y que incorporan todos los informes favorables de la Intervención, el órgano de control municipal. Unas subvenciones en las que, para colmo, la alcaldesa no ha intervenido; ni tan solo se encontrará una sola firma suya.
Pero en el lawfare no importa quién gana el juicio penal, sino quién sobrevive al juicio mediático sin ser sepultado por el barro. El riesgo es que en medio del ruido se equipare subvencionar el asesoramiento jurídico a familias que sufren desahucios o pobreza energética, con embolsarse el 3% de la obra pública. O como si conceder subvenciones a una ONG en la que se había trabajado anteriormente fuese alto tan reprochable como llegar con una puerta giratoria al consejo de administración de Endesa o Agbar. En la sociedad del tuit, los medios digitales y las fake news, ya no es que se pierdan matices sino que el grado de manipulación y distorsión puede resultar perverso.
Volvamos a Brasil. A siete meses de las presidenciales todas las encuestan dan a Lula ganador con un amplia mayoría por delante de Bolsonaro. Parece que al menos en Brasil las urnas le ganarán al lawfare. Todavía es pronto para saber si pasará lo mismo en Barcelona. De momento la alcaldesa irá a declarar ante el juez. No se nos escapa que esta batalla no se librará solo en el juzgado, sino sobre todo en la opinión pública barcelonesa. Una opinión pública que tendría que tener grabados en la memoria el caso Pujol, el caso Palau de la Música, Bárcenas y las tarjetas Black, como para saber distinguir la corrupción y el enriquecimiento personal, de la defensa del interés público.