Abril de 2020. En el momento más duro de la pandemia, Samanta vivía en una habitación con su hijo recién nacido, su perro, su pareja y, cuando le tocaba la custodia, el hijo de este. Un espacio pequeño en una casa compartida con cuatro personas. La convivencia en la habitación duró poco. Cuando el pequeño cumplió cinco meses, Samanta cogió sus cosas y se fue. “Estaba desesperada”, reconoce hoy la mujer.
La desesperación llevó a Samanta a buscar piso por Milanuncios, donde encontró a un hombre que ofrecía un alquiler en el barrio del Besòs de Barcelona. El supuesto casero la citó en la parada de metro, le pidió una fianza de casi 2.000 euros y le dijo que, si lo quería, el piso era suyo y podía quedarse. Los papeles ya se los enviaría por correo electrónico y los firmarían después. Pero eso jamás pasó.
“Nos abrió las puertas, quitó la alarma. Le pagué y se largó”, explica Samanta. Todavía no había tenido tiempo ni de quitarse la chaqueta que ya tenía a los Mossos d'Esquadra en la puerta. “Resultó que aquel hombre me timó y que el piso donde estaba era en realidad propiedad de un fondo buitre”, rememora. Sin querer, se convirtió en una ocupa de Blackstone.
Los vecinos llamaron a la policía, pero al estar en medio del confinamiento, esta madre soltera convenció a los agentes, que le dejaron quedarse en el piso hasta que la volvieran a denunciar o hasta que la propiedad la desahuciara. Tres años después, Samanta se ha ganado el favor de sus vecinos, pero no el de la empresa.
“Desde el primer día he intentado contactar con Blackstone, decirles que tenía un bebé y pedirles que me hicieran un alquiler, que yo no quería estar de ocupa, con esta inseguridad”, denuncia la mujer. Según su versión, el fondo no solo se negó, sino que empezó a amenazarla. “Me decían que, si no me iba, llamarían a Servicios Sociales y me quitarían a mi hijo”, explica.
Fue en ese momento cuando dijo basta. Se acercó a la PAH, una entidad con la que ya había tenido contacto, y allí le ofrecieron demandar a Blackstone por incumplir la ley 24/2015, más conocida como ley catalana antidesahucios. Este texto obliga a los grandes propietarios de vivienda a ofrecer a los inquilinos vulnerables un alquiler social antes de iniciar los trámites de desahucio.
Desde Blackstone, por su parte, niegan “amenazas” y aseguran que por ahora no hay fecha señalada para desalojar la vivienda. “Cuando esté, atendiendo a las circunstancias de la familia, se valorarán posibles soluciones”, puntualizan. Y alegan que tampoco los servicios municipales han abierto ningún procedimiento para solicitar alquiler social.
Una ofensiva judicial
La de Samanta es una de las 16 demandas contra grandes tenedores que la justicia catalana ya ha admitido a trámite. Y vendrán más, advierten desde la PAH. Ella es, de momento, la única que tiene fecha de juicio: abril de 2024, justo 4 años después de que empezara su odisea. A pesar de que enfrentarse a un fondo no es fácil para alguien con pocos recursos, afronta el litigio con esperanza porque ya hay algún antecedente de éxito.
Si la PAH se motivó para empezar una “ofensiva judicial contra los fondos buitre” fue por una sentencia del juzgado de primera instancia de Badalona, en el que una jueza sancionó, por primera vez, a uno de estos fondos por negar el alquiler social a una familia que no podía pagar la renta y que había acreditado diversas veces su situación de vulnerabilidad. Esta sentencia “puede beneficiar a miles de personas”, apunta Lucía Delgado, portavoz de la PAH, una de las entidades promotoras de la ley.
La vida de la norma aprobada en 2015 ha sido convulsa. Poco después de su luz verde, el gobierno en funciones del PP la recurrió ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias del Estado. El órgano de garantías acabó anulando algunos de sus artículos en 2016, pero ese no fue el final. En 2022, el PP, Vox y el Gobierno central volvieron a la ofensiva y recurrieron algunas ampliaciones y modificaciones que se hicieron del texto. Con todo, ha estado suspendido durante buena parte de su vida, lo que explica que no se hayan hecho ofensivas como estas hasta ahora.
La supuesta inconstitucionalidad de la ley es el argumento que esgrimen los fondos buitre y grandes propietarios para abstenerse de ofrecer un alquiler social. Esta postura, junto a la incapacidad —y, según Delgado, “falta de voluntad política”— de la Generalitat y los Ayuntamientos para sancionar, ha hecho que la ley, cuando ha estado activa, funcionara a medio gas.
Pero la jueza de Badalona -según la PAH- cambió el tablero de juego al decretar, por primera vez, que el artículo 5, que es el que regula la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social, pasó el filtro del Constitucional y, por lo tanto, está en vigor.
Una guía para demandar a fondos buitre
“Tenemos muchísimas ganas de activar la vía judicial contra Blackstone”, reconoce Delgado sobre el fondo americano, que tiene una larga estela de desahucios a sus espaldas. “Lanzamos el mensaje de que ahora nos toca demanadarlos a nosotras. Que saltarse la ley y desahuciar a familias vulnerables ya no va a salir gratis”, advierte la PAH.
Desde las entidades promotoras de la ley instan a todas aquellas familias que se encuentren en la misma situación que Samanta a demandar. “No hace falta que se esperen al desahucio o a que se les acabe el contrato. Tienen derecho a un alquiler social”, recuerda Delgado. Pero eso es algo que algunos abogados de oficio desconocen.
La PAH apunta a que hay muchos afectados cuyos letrados, a menudo de oficio al ser familias vulnerables, aseguran que la ley no les da cobertura y que no vale la pena demandar. Sin embargo, Delgado lo niega. La PAH ha redactado una guía para afectados y abogados para que puedan demandar a fondos y grandes tenedores. “Tenemos la suerte de tener una ley que da cobertura a todo el mundo, incluso a aquellas personas que, como Samanta, están ocupando. Pero hay que hacerla cumplir”, expone la portavoz.
“Soy una trabajadora pobre”, reconoce Samanta. Cobra 700 euros al mes, pero con ese sueldo no puede alquilar nada. En su misma finca, en un barrio periférico de Barcelona, a pesar de no tener ascensor y sufrir aluminosis, los alquileres ascienden hasta los 900 euros. “Incluso en la bolsa de alquiler social te piden un mínimo de 1.500 euros por unidad familiar”, se lamenta.
Hace años, era una de esas personas a las que la palabra “ocupa” le generaba cierto rechazo. Hoy se define como tal sin problema. “Ya no me da vergüenza. No es nada malo: he intentado pagar un alquiler por todos los medios, pero no me dejan. Soy ocupa porque el sistema me ha obligado”.