A las dificultades que tiene la Generalitat en el plano político para aprobar los presupuestos de 2019 se le ha añadido un frente social, con huelgas de profesores, médicos y ahora el resto de funcionarios. Los primeros, centrados en la enseñanza pública, y los segundos, en los Centros de Atención Primaria (CAP), han convocado paros para finales de noviembre, poco antes del plazo que se ha dado Pere Aragonès para llevar las cuentas al Parlament. Además, CCOO y UGT han anunciado este lunes un paro de funcionarios el 12 de diciembre para exigir el retorno de las pagas extras que les recortaron en 2013 y 2014.
A la espera de ver si los 'comuns' o el PSC se abren a la negociación –la CUP, con quienes los aprobaron en 2017, ya se ha autodescartado–, estos colectivos quieren asegurarse de que los presupuestos de 2019 recojan sus reivindicaciones. El Ejecutivo catalán prepara unas cuentas expansivas en el gasto social, pero no está nada claro que con ello vaya a convencer a los sindicatos que impulsan las movilizaciones.
Pese a que tanto desde el departamento de Enseñanza como el de Salud aseguran que mantienen abiertas las negociaciones con profesores y médicos, las jornadas de paro ya tienen fecha en el calendario. USTEC, CGT y ASPEPC convocan a los docentes de la pública el 29 de noviembre, mientras que Metges de Catalunya (MC) hace lo propio con todos los facultativos de los ambulatorios catalanes del 26 al 30 del mismo mes.
Esto significa que el día 29 coincidirán ambos colectivos en la calle, en una movilización a la que se podrían sumar profesores universitarios, cuyos sindicatos lo están trasladando estos días a los comités de empresa de las distintas universidades, y los estudiantes. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y la Assemblea d'Estudiants Progressistes (AEP), dos de las mayores organizaciones estudiantiles, ya se han mostrado favorables a la convocatoria.
Ni en la huelga de médicos ni en la de docentes están involucrados por ahora los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, pese a que tienen una importante representación en ambos sectores. Su prioridad es por ahora que se devuelva a los funcionarios las pagas extras de 2013 y 2014. La Generalitat se ha comprometido a hacerlo de forma progresiva hasta 2026, pero no ha convencido a las centrales, que este mismo lunes han anunciado una huelga en el sector público para el 12 de diciembre.
Lo que de hecho indigna a los sindicatos es que el Govern no vaya a retornar el 10% de la paga extra de 2013 este año (unos 50 millones), tal como se acordó en la última Mesa General de la Función Pública. La Generalitat, por su parte, alega que la devolución fraccionada es lo máximo que puede ofrecer para cumplir con la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria.
Los médicos del CAP estallan
Los médicos de los Centros de Atención Primaria (CAP) han dicho 'basta' en Catalunya. Doce años después de su última huelga, este colectivo, integrado por 5.700 médicos de familia, pediatras, ginecólogos y odontólogos, ha llamado a un paro para que la Generalitat ponga fin a la sobrecarga de pacientes con la que lidian cada día. En esencia, piden más efectivos para esponjar unas agendas en las que llegan a encontrarse con más de 30 o 40 pacientes diarios, lo que les aleja de la ratio idónea para la atención presencial, que es de 12 minutos por persona.
Metges de Catalunya exige la incorporación de 920 profesionales más, los que entienden que se perdieron con los recortes de CiU. El problema, según el Institut Català de la Salut (ICS), del que dependen los ambulatorios, es que no hay efectivos disponibles en la bolsa. Faltan médicos de familia, alegan, y aseguran que solucionarán el excedente de trabajo de los facultativos con cambios en la organización. “Compartimos buena parte de sus reivindicaciones”, asegura Josep Maria Argimon, director gerente del ICS, que recuerda además que el día antes de la huelga se llevará a cabo un examen para afianzar más de 1.300 plazas de médicos de familia que ahora mismo ocupan interinos.
Pero esto no convence por ahora al sindicato. Las nuevas plazas las ocuparán médicos que ya están en activo, con lo que no se aligerará su carga asistencial. Por eso reclaman que si no se puede incorporar más personal, se les pague a todos la retribución variable por horas extra que se ha fijado ya en una de las zonas más concurridas, la Metropolitana Norte de Barcelona: 98 euros por dos horas. Y que se revisen los horarios para que estos turnos adicionales se hagan siempre con una pausa, cosa que aseguran que no sucede ahora.
“Es hora de demostrar si se creen que la sanidad es un pilar fundamental de nuestra sociedad”, asegura Javier O'Farrill, presidente del Sector Primaria del sindicato. A las demandas laborales y de calidad asistencial, añaden que la asistencia primaria alcance el 25% del presupuesto de Sanidad, cuando ahora se encuentra en el 16,9%
La hora lectiva de los docentes
El sindicato mayoritario de la enseñanza pública, USTEC, junto a CGT y ASPEPC, quieren conseguir un nuevo pacto como el que alcanzaron en enero de 2017 durante la negociación entre JxSí y la CUP. En aquella ocasión, con la participación de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT que ahora no se plantean la huelga, arrancaron el compromiso del Govern de rebajar una hora lectiva a todos los docentes. Para hacerlo posible, el Ejecutivo introdujo 3.500 profesores nuevos.
En aquel acuerdo se dejó constancia también de que se negociaría al año siguiente una reducción de una segunda hora lectiva –lo que situaría a los docentes en el escenario previo a los recortes–, y a ello se agarran los sindicatos convocantes como línea roja. Mientras tanto, desde el departamento de Enseñanza dan por hecho que habrá más profesores para el curso que viene y mejoras laborales, pero de forma oficial no se comprometen de momento con ninguna medida concreta.
Sí han avanzado la recuperación de la financiación de las escuelas infantiles, que redujeron de 45 millones de euros a cero en 2014. Después de que varias ciudades ganaran recursos judiciales contra la decisión del Govern de desentenderse de la financiación, Enseñanza lo volverá a contemplar en sus presupuestos.
Otras de las medidas que exigen los sindicatos, y para las que Enseñanza podría tener alguna oferta, tienen que ver con la reducción de ratios, sobre todo en los colegios de entornos más desfavorecidos, o el incremento de personal para atender a la diversidad de las aulas.