El nuevo curso escolar no ha zanjado el debate alrededor de las lenguas de enseñanza en Catalunya. Mientras a nivel judicial todo permanece en suspenso a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la nueva normativa, centenares de personas se han manifestado este domingo en Barcelona convocadas por los colectivos contrarios a la inmersión lingüística en catalán y partidarios de más castellano en clase. La Guàrdia Urbana ha cifrado en 2.800 personas la asistencia.
La marcha no ha podido escapar de la pugna política entre la derecha. Ciudadanos, partido que nació en Catalunya con postulados contra la inmersión, y Vox han intentado capitalizar la manifestación y han aprovechado para arremeter contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su ausencia en la marcha. El jefe del primer partido de la oposición se encuentra en Toledo cerrando un cónclave interno.
El documento leído al final de la marcha da cuenta de que, más allá del modelo lingüístico, la protesta ha servido para arremeter contra la Generalitat y contra el Gobierno central, a quien los partidarios de poner fin a la inmersión ven demasiado tolerante con la política lingüística catalana aprobada con un amplio consenso en el Parlament antes del verano: 106 diputados de 135.
El manifiesto dibuja un escenario de discriminación del castellano (pese a que las estadísticas oficiales señalan un descenso notable en el uso del catalán en el aula) y llama al Gobierno a “cumplir y hacer cumplir” la Constitución en Catalunya y en el resto de autonomías. También reclama a los tribunales y al Constitucional que “acaben con la vulneración del derecho fundamental a una educación en la que el castellano sea lengua vehicular”.
El principal foco de los convocantes, las plataformas Escuela de Todos y la Asamblea por una Escuela Bilingüe, sigue siendo el Ejecutivo catalán, a quien acusan de “permanente desobediencia a la Constitución y a las decisiones judiciales” sobre la lengua en la enseñanza.
Se refieren ambas plataformas a lo sucedido en los últimos meses tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que impuso un 25% de castellano en todos los centros de Catalunya, y no solo en aquellos donde familias contrarias a la inmersión lo pedían.
El fallo judicial colmaba los objetivos de los contrarios a la inmersión, pero la nueva normativa aprobada por PSC, ERC, Junts y comuns, que mantiene el catalán como lengua vehicular a la vez que por primera vez reconoce el castellano pero sin fijar porcentajes de cada lengua, permitió sortear la sentencia.
En contra de lo reclamado por la AEB, Escuela de Todos o Ciudadanos, tanto el TSJC como la Fiscalía se han resistido por ahora a emprender la vía penal contra los responsables de la conselleria de Educación catalana al no ver desobediencia en su acción política. El TSJC sí ha enviado la nueva norma al Constitucional, que dictará sentencia en los próximos meses.
El tira y afloja a cuenta del idioma se produce en un contexto de retroceso de la lengua catalana en las aulas: si el 68% de alumnos usaba siempre o casi siempre el catalán en clase en 2006, ahora es el 21,4%. Los datos de la Generalitat identifican la causa del fracaso educativo no tanto en el idioma sino en la renta familiar –a menor riqueza, más abandono escolar– y muestran que al terminar la ESO los alumnos terminan con un nivel similar de catalán y castellano.
Pese a estos datos, el manifiesto de la marcha ha reclamado que el Govern “cambie su política lingüística represora e intimidante y haga del castellano una lengua y de convivencia”.
Durante la marcha, los asistentes han mostrado banderas de España y de Europa, y otros han llevado carteles con mensajes como 'Cataluña somos todos. Tots som España', 'En catalán, en castellano', 'Prohibir una lengua es prohibir dialogar' y 'El nacionalismo es lo peor en cualquier sitio'.
La líder de Asamblea por una Escuela Bilingüe y portavoz de Escuela de Todos, Ana Losada, ha asegurado en su intervención que “los gobiernos de España han mirado hacia otro lado” con la inmersión lingüística, y ha acusado a los “nacionalistas” de poner en peligro al catalán por convertirlo en una “lengua antipática”.
El PP ataca al Gobierno
Además de la pugna entre la derecha, los representantes de PP, Ciudadanos y Vox han redoblado sus críticas al Ejecutivo central.
“No cabe la dejación de funciones por seguir en La Moncloa por un puñado de votos”, ha afirmado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha acusado a la Generalitat de “un pisoteo de derechos lingüísticos de los catalanes con la complicidad del Gobierno de España, que lo permite y no lo impide”.
Por su lado, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado la “imposición antigua, ridícula y sectaria” del catalán que considera que existe en la comunidad. Arrimadas también ha lamentado la política lingüística de Feijóo en Galicia y la ha vinculado a que PP y PSOE “se han creído la mentira de que hace falta gustar al nacionalismo”.
Y el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya para “que la legalidad sea restituida”, al tiempo que ha atribuido la ausencia de Feijóo en la manifestación a “algún tipo de contradicción entre estar aquí y las políticas lingüísticas aplicadas en Galicia”.