La Fiscalía no pedirá al juez del Tribunal Supremo que instruye los hechos relacionados con el procés, Pablo Llarena, que reactive las ordenes de detención europeas contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros catalanes que viajaron con él a Bélgica, hasta que finalice la instrucción de la causa. Lo mismo hará con la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, aunque en su caso pedirá que se active la orden europea por vez primera.
Así lo ha anunciado en un comunicado en el que explica que el “Ministerio Fiscal procederá a ejercitar las oportunas peticiones una vez se hayan dictado auto de procesamiento en la causa” contra Puigdemont, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret, todos ellos en Bruselas desde noviembre del año pasado.
También contra Clara Ponsatí, que este sábado ha abandonado el país belga y se ha reincorporado como catedrática de economía en la Universidad de Saint Andrews en Escocia (Reino Unido), según confirmó en su perfil personal de Twitter. La exconsejera catalana ha comunicado a Puigdemont su renuncia en el cargo --del que fue cesada tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución-- aunque ha dicho que seguirá comprometida con la independencia de Cataluña.
En el caso de Anna Gabriel, refugiada en Suiza desde finales del mes de febrero para evitar comparecer ante el juez Llarena como investigada, el Ministerio Fiscal pedirá que se dicte orden europea de detención. La exdiputada de la formación antisistema comunicó un día antes de su citación judicial en el Tribunal Supremo que no acudiría a la misma ante la falta de derecho a un juicio justo.
Como consecuencia, el magistrado instructor ordenó la detención y puesta a disposición del Tribunal Supremo de Gabriel aunque no dictó orden internacional de búsqueda. Sobre ella pesa una orden nacional de detención, la misma medida vigente en la actualidad para los cinco exmiembros del gobierno catalán huidos pese a que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó en un primer momento orden de detención nacional e internacional y europea.
Sin embargo, tras pasar la causa al Tribunal Supremo, Llarena retiró las órdenes europeas e internacionales que pesaban sobre ellos y dejó vigente la orden de detención nacional, por lo que si viajan a España serán detenidos y puestos a su disposición. El objetivo era evitar que la Justicia belga restringiera los delitos por los que se les acusa en España (rebelión, sedición y malversación de fondos) y conseguir así que todo el antiguo Govern sea investigado en igualdad de condiciones.
Según expuso el magistrado, en la causa de la deriva soberanista, que cuenta con 28 personas imputadas, se investiga un delito de naturaleza plurisubjetiva“ dotado de una unidad jurídica inseparable, lo que requiere ”una única contestación para evitar respuestas contradictorias“.
El Govern ha ordenado este martes paralizar el proceso de liquidación del Diplocat, el consorcio de diplomacia pública catalana que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en su punto de mira durante la aplicación del artículo 155. La Generalitat se personará en los tribunales para recurrir las medidas de disolución, que consideran nulas, pausando con ello el proceso de liquidación.
Esquerra Republicana (ERC) ha subrayado este martes que, pese al levantamiento del artículo 155 en Catalunya, no participará en la comisión de reforma territorial auspiciada por el PSOE en el Congreso como paso previo a una hipotética revisión de la Constitución, tras el levantamiento del mientras que el PDeCAT supedita su presencia en ese órgano a los “gestos” del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.
En la actualidad, la citada comisión, que preside el socialista José Enrique Serrano, sólo cuenta con representación del PP, del PSOE y de Unión del Pueblo Navarro (UPN), ya que tanto los dos partidos independentistas catalanes como Unidos Podemos y el PNV no llegaron a incorporarse por la intervención de la autonomía catalana, mientras que Ciudadanos se descolgó hace unos meses al considerar que no avanzaba.
En los pasillos del Congreso, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, ha remarcado que su partido viene dejando claro desde hace “muchos meses” que no va a participar en “ninguna operación” destinada a reformar la Carta Magna. “No nos sentimos concernidos”, ha apostillado. Según ha dicho, la Constitución está “muerta” en la medida que para poder ser modificada exige unos consensos “extraordinarios” ya que “siempre” va a depender de la voluntad del PP, el PSOE y Ciudadanos.
De su lado, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha apuntado que es “prematuro” hablar de una posible vuelta de su partido a la citada comisión territorial porque, aunque no se aplique el 155 de la Constitución, la situación en Cataluña “no se ha normalizado”.
En concreto, ha destacado que si se resucitan las 16 leyes aprobadas por el Parlamento catalán suspendidas por la justicia española comenzarían a crearse “condiciones de confianza” que hoy por hoy, ha recalcado, “aún no existen”.
La Policía Nacional registra este martes las sedes de la conselleria de Economía, el centro de telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) y el grupo Mediapro. El operativo, ordenado por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum, está relacionado con la logística y el censo utilizados en la votación.
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado este domingo al Gobierno central de que, en cualquier negociación, el Govern parte del referéndum del 1-O y que no lo olvidarán “a cambio de un nuevo modelo de financiación”.
“Nosotros partimos del 1-O y esto no es intercambiable por nada. No nos olvidaremos del 1-O a cambio de un nuevo modelo de financiación”, ha sostenido en una entrevista de El Punt Avui recogida por Europa Press.
Ha defendido que la sociedad catalana tiene derecho a la autodeterminación y que esto es una “línea roja” para el Govern de cara a la posible negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez.
El diputado de ERC Gabriel Rufián ha celebrado que desde el Gobierno central se hable de buscar una solución para Cataluña, porque el independentismo “lleva prácticamente toda la vida hablando de diálogo, de entendimiento”, aunque ha confesado que no esperan “mucho” del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez que tiene como ministros “gente tan reaccionaria con procesos como el que vive Cataluña como Josep Borrell, Fernando Grande-Marlaska o Carmen Calvo”.
En declaraciones a los medios en el paseo de la Concha en San Sebastián, Rufián, que ha acudido a la capital guipuzcoana para participar en la cadena humana a favor del derecho a decidir de Gure Esku Dago entre las tres capitales vascas, ha señalado que es “un honor y un placer” tomar parte en esta iniciativa.
Además, ha opinado que esta cadena humana es “volver a lo que sucedió en Cataluña hace cinco años, la vía catalana” que supuso “un punto de inflexión, porque parecía imposible”. “El hecho de rodear un país con su gente abrazada o de la mano parecía imposible pero se hizo y nos dio muchas alas, muchos ánimos, para poder hacer otras cosas como se ha visto”, ha incidido.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha acusado al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez de “querer contentar a los independentistas”, después de que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, defendiera que una reforma de la Constitución es “urgente, viable y deseable” para avanzar hacia un modelo territorial.
Así lo ha manifestado este domingo Levy durante su visita a la Feria del Libro en el Parque del Retiro de Madrid, donde ha asegurado que los independentistas “no se van a contentar” con reformas constitucionales, que, en su opinión, lo “único que puede generar es malestar” entre los independentistas y “descontento” en el conjunto de la sociedad española.
“Que no piense Sánchez que sus compañeros independentistas que le han llevado a la Moncloa se han vuelto constitucionalistas. Vemos con temor que se pueda premiar a los independentistas porque hayan apoyado a Sánchez en la moción de censura”, ha señalado Levy, criticando que el “primer anuncio” del Gobierno de Sánchez “sea el de una reforma de la Constitución”.
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado que el Ejecutivo catalán no renuncia a ninguna vía para conseguir la independencia de Cataluña y que analizarán cómo actuar en cada momento: “No podemos renunciar, en abstracto, ni a la unilateralidad ni a la desobediencia. Se tiene que ver caso por caso cómo actuamos”.
“Esto no implica que de aquí a 48 horas declararemos la independencia, pero implica que en cada momento se valorará qué se decide hacer”, ha sostenido en una entrevista en El Nacional este sábado recogida por Europa Press.
Ha señalado que el objetivo de este Govern es restituir los cargos cesados por el 155, “la defensa de los derechos civiles, políticos, en particular de los presos políticos y exiliados”, junto a la internacionalización del proceso independentista.
Además, ha apuntado que el objetivo último es alcanzar la República catalana: “No sabemos si será más al principio, más al final, si será dentro de esta legislatura. No lo podemos avanzar porque nadie lo sabe, pero el objetivo es clarísimo”.
El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “sólo ha tardado seis días en vendernos a los catalanes” a cambio de su investidura, y ha avisado de que no se puede reformar la Constitución para “satisfacer” a los independentistas.
En declaraciones a los medios durante la clausura de la intermunicipal del PPC en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Albiol ha valorado así la decisión del Gobierno de levantar el control financiero de la Generalitat y las palabras de hoy de la ministra Meritxell Batet, en las que ha asegurado que una reforma de la Constitución es “urgente, viable y deseable”.
El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha aplaudido que el Gobierno de Sánchez haya empezado “a transitar el camino” para “rebajar la tensión territorial y recuperar el autogobierno en Catalunya” a través del “diálogo entre personas que piensan distinto”.
En este sentido, y en declaraciones recogidas por Europa Press, ha añadido que es una “buena noticia” el camino que ha tomado Sánchez frente a la de “tirar de gasolina y mechero como hace el señor Rivera para incendiar diferentes territorios”.
No obstante, Echenique ha reconocido que para la formación morada la hoja de ruta independentista “no es sensata”, ya que opinan que “sería más sensato un país diverso y que respete los diferentes sentimientos nacionales aunque no se piense igual”.
Por su parte, el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de la formación morada, Íñigo Errejón, ha defendido que el nuevo fiscal general del Estado que debe nombrar el Gobierno “debería ir deshaciendo las medidas de excepción” de los presos soberanistas.
En una entrevista de Catalunya Ràdio este sábado ha sostenido que lo debería hacer por “razones democráticas y humanitarias”, y que el primer paso debe ser acercar a los presos a cárceles catalanas.
El diputado de la CUP, Carles Riera, ha reiterado su petición al Gobierno catalán a que vuelva a la “unilateralidad” y a “la ruptura con el Estado”. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Riera ha admitido que “el independentismo se encuentra en una encrucijada de caminos: venimos de un ciclo claramente rupturista, de desobediencia al Estado, de unilateralidad y ahora parece que las fuerzas mayoritarias, JxCat y ERC, optan por recuperar la autonomía como objetivo principal”.
A juicio de Riera, esta encrucijada sitúa a Catalunya “en sentido contrario al 1 de octubre”. Observando su “práctica y gestos reales”, el dirigente de la CUP ha confesado que tiene “poca confianza” en que el presidente catalán Quim Torra pueda hacer avanzar la República, pues considera que el relato independentista e incluso la lucha por los símbolos “oculta una práctica autonomista”.
Ha anunciado asimismo que “en estos momentos, en un contexto autonomista, es muy difícil que la CUP pueda aprobar un presupuesto en las mismas condiciones de la legislatura pasada”.