De víctima a acusado. La situación procesal del agente de los Mossos d'Esquadra que acusó a un manifestante de agredirle sin más pruebas que su propia palabra ha dado un giro gracias a un vídeo. La grabación muestra al agente arrestando con contundencia al hombre sin que antes haya golpe alguno por parte del manifestante. Ahora, el antidisturbios se enfrenta a un juicio en el que la víctima real y la Fiscalía le reclaman la inhabilitación para ejercer de policía durante ocho años.
El caso es un ejemplo de las dificultades con que se encuentran los investigados tras participar en protestas sociales para desmentir al policía que les acusa. Ocurre a veces que los tribunales ven insuficiente el testimonio policial si no va acompañado de más pruebas, pero también hay ejemplos de condenas –como la del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez– basadas principalmente en la palabra del uniformado.
El juez ya había dejado a un paso del banquillo al detenido por una agresión que no cometió. En el último recurso de la defensa, la Audiencia de Barcelona constató que el vídeo de los hechos desmentía la versión del mosso y avalaba la del manifestante. Los jueces ordenaron dejar sin efecto el procesamiento del joven y que el mosso fuera imputado por detención ilegal, ya que la agresión que denunció “no existe”.
En sendos escritos de acusación, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía y la acusación particular del arrestado, que ejerce el penalista Eduardo Cáliz, de Alerta Solidària, reclaman, además de la inhabilitación absoluta durante ocho año, una pena de multa de 2.352 euros para el agente por un delito de detención ilegal y otro de lesiones leves.
El Ministerio Público solicita además que el agente indemnice a la víctima con 3.175 euros por las lesiones y los daños morales sufridos, cantidad que la acusación particular pide elevar a 5.175 euros. Las acusaciones también piden que la Generalitat afronte la indemnización del agente en caso de condena y que demuestre que no puede abonarla.
Los hechos se remontan al 19 de diciembre del año 2019. En esa fecha los Mossos d'Esquadra desalojaron el centro social ocupado El Rec, en el barrio del Fort Pienc de Barcelona. En el operativo, el antidisturbios ahora acusado arrestó al joven por un supuesto atentado a los agentes de la autoridad al haber recibido un codazo. El hombre estuvo detenido ocho horas.
Destacan las acusaciones en sus escritos que el mosso “hizo caer al suelo” al manifestante “sin que conste el motivo y con ánimo de quebrantar su integridad física”. A renglón seguido, el agente procedió a la detención del joven “sin que mediara causa legal para ello”, agregan la Fiscalía y la víctima.
El juicio, que todavía no tiene fecha, se celebrará en la Audiencia de Barcelona. Para el abogado Cáliz el caso muestra la “arbitrariedad” a la que se enfrentan las defensas de manifestantes en casos donde vienen acusados por los policías. “El peligro a sufrir una acusación arbitraria es por desgracia mayor en casos donde está en juego el ejercicio del derecho fundamental a la protesta y a la manifestación”.
“En la mayoría de casos no tenemos un vídeo tan claro como en éste, y hasta con el vídeo ha costado tres recursos que la Justicia lo valorara”, asevera el letrado, que también critica las investigaciones judiciales excesivamente ligadas a los atestados policiales, que no se pueden llegar a desmentir hasta años después, en el momento del juicio, con todo lo que conlleva para el imputado.
En el caso de este manifestante del Fort Pienc no fue hasta que la defensa recurrió ante la instancia superior, la Audiencia de Barcelona, que los jueces atendieron los argumentos del investigado y cambiaron las tornas tras el visionado del vídeo.
La agresión que denunció el mosso, resolvieron los jueces, “no ha sido corroborada por ningún otro testigo y parece desmentida por las imágenes”, ya que se basaba únicamente en la palabra del agente. “Lo cierto es que de las imágenes grabadas con una notable nitidez no se desprende que el manifestante diera ningún codazo en la visera al mosso d'esquadra”, apostillaron los magistrados.
Tras conocerse la resolución de la Audiencia de Barcelona, en octubre de hace un año, la dirección general de la policía catalana decidió abrir una información reservada al mosso, sin imponerle ninguna medida cautelar a la espera de la resolución judicial del caso. La falta de medidas supone para la defensa del manifestante “mandar un mensaje de impunidad en actuaciones arbitrarias”.