La lucha del bloque de 140 familias en Sant Joan Despí ha abierto un camino. Tras el éxito de su protesta, que consiguió suavizar una subida de los alquileres de entre el 40% el 90% a todos los vecinos, ahora otros inquilinos buscan también poder negociar de forma colectiva con los propietarios. Pero para ello hace falta ser muchos: este martes el Sindicato de Inquilinos de Barcelona lo ha intentado con algunos de los vecinos de ocho inmuebles propiedad de la Unión Inmobiliaria SA-Sociedad Anónima de Propiedad Inmobiliaria (UISA-SAPI).
Como es habitual en estos casos, la alarma saltó con un burofax. Rosa, que vive en el 101 de Floridablanca, lo recibió en octubre. En él le ofrecían renovar el contrato de alquiler pero un 50% más caro. La propiedad le pedía pasar de 600 a 870 euros al mes, una cantidad difícilmente asumible por su familia. “Sabíamos que nos pedirían más dinero, pero no tanto”, explica esta mujer. “Aun así, intentaremos quedarnos negociando una rebaja, porque viendo los precios como están en toda la ciudad, tampoco es una solución marcharse”, comenta.
Para evitar que personas como Rosa se enfrenten ellas solas a la propiedad, que es de quien depende en exclusiva la configuración del nuevo contrato, el Sindicato de Inquilinos de Barcelona ha reunido no solo a vecinos del bloque Floridablanca 101, sino a otros que como este son propiedad en su totalidad de UISA-SAPI, que tiene en la capital catalana más de 400 pisos en alquiler. Desde marzo han celebrado dos reuniones para congregar al máximo de inquilinos posible de inmuebles de UISA-SAPI para poder plantear a la firma que acceda a una negociación de los alquileres de todos ellos.
Protesta frente a la sede de la inmobiliaria
Con esta intención se han plantado este martes el Sindicato y la Oficina de la Vivienda Popular de Gracia a las puertas de la inmobiliaria, en Rambla Catalunya, 16, para exigirles una reunión. Su principal objetivo era trasladarles que solo aceptarán incrementos de alquileres en un porcentaje parecido al que sube el IPC, lejos del 20%, 30% o hasta 50% a los que se enfrentan los vecinos.
Por ahora, sin embargo, la inmobiliaria no está por la labor. Un portavoz de UISA-SAPI asegura a eldiario.es que sí están “abiertos a la negociación”, pero solo de forma individual, como se ha realizado siempre en el sector. “Cada vivienda y cada inquilino tienen unas condiciones que hacen que no se pueda estudiar una propuesta colectiva”, aseguran. Además, añaden que en su caso las subidas de precio no son “abusivas”, sino “actualizaciones a precio de mercado”.
Alquilar un piso en el barrio de Rosa, Sant Antoni, costaba a principios de este año 905 euros de media. Al terminar 2014 el precio estaba en 720 euros de media. La subida ha sido del 25% en tres años. A ello responde Oleguer, miembro del Sindicato. “Puede que en algunos casos suba a precio de mercado, pero es que el mercado está desbocado mientras los salarios para nada suben al mismo ritmo”.
La demanda de negociar las renovaciones de contratos de alquiler de forma conjunta puede parecer una utopía inalcanzable para algunos inquilinos –o una pesadilla para los propietarios–, pero lo cierto es que ya ha sucedido. En el número 113 de la avenida Diagonal de la localidad metropolitana de Sant Joan Despí, 140 hogares se negaron a firmar una renovación de contrato que les incrementaba la mensualidad entre un 40 y un 90%. Empezaron así una serie protestas, todos a una, hasta que la empresa Medasil Desarrollos SL les concedió un aumento progresivo del 20% en tres años.
En sentido parecido avanza también el caso de la Colonia Bausili, un vecindario histórico de la Zona Franca en el que sus 21 familias han conseguido sentar a la mesa a la inmobiliaria Global Blue Center, con la que están negociando conjuntamente.
Rechazo de la Cámara de Propietarios
Pese a estos casos concretos, la perspectiva es incierta para los inquilinos. De entrada, los propietarios no están dispuestos a acceder a negociaciones colectivas, y no solo en el caso de UISA-SAPI. Lo rechaza rotundamente la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. “Es una vía que no se debe explorar, porque en cada edificio hay alquileres con inicios temporales distintos, con situaciones de renta distintas, con valores distintos...”, expone el gerente de la entidad, Òscar Gorgues.
En su opinión, si se extiende la presión de los inquilinos aumentará el “temor” y la “inquietud” entre un mapa de propietarios que, según asegura, en Barcelona es muy “atomizado” en comparación con ciudades de Francia o Alemania en las que algunas empresas controlan miles de pisos. “Las medidas de presión no son positivas: cuando un inquilino dice que se queda en su casa una vez ha vencido su contrato, los derechos del propietario quedan en segundo término”, añade.
Proteger a los demás inquilinos
Lo que pretenden las entidades que luchan por el derecho a la vivienda no es solo solucionar la situación en la que se encuentran muchos inquilinos amenazados ya con una subida de alquiler que no pueden asumir, sino condicionar también los incrementos que aguardan a otros vecinos. Es el caso de Inma, del 36 de la calle Escorial. “A mi me vence el contrato en 2019 y, por lo que está pasando ya en la escalera, calculo que me van a subir de 700 a 900 euros”, comenta durante la protesta. “No me lo puedo permitir, por eso vengo aquí”, abunda.
Para hacer de la negociación colectiva una práctica habitual, las entidades no se enfrentan solo al rechazo de los propietarios, sino también a la soledad con la que se vive este problema por parte de las familias. Son conscientes que de los ocho bloques que han contactado de UISA-SAPI, muchos hogares ya se han resignado a aceptar la subida, mientras que otros se han mudado sin hacer ruido.
Un ejemplo de lo primero es Conchita, de calle Bailén, 11, que pese a haber renovado el contrato sigue acudiendo a las movilizaciones. En marzo la propiedad le puso como condición para seguir en la que desde hace 15 años es su casa pasar de 1.200 euros mensuales a 2.000. Imposible para ella y su marido, ya jubilado. Al final negociaron un incremento de hasta 1.800 euros en cinco años. Para ello deberán dedicar alrededor del 50% de los ingresos de su hogar al alquiler.
“Quizás con más gente conseguiríamos mejores tratos, pero es muy complicado, se está poniendo muy difícil sobrevivir en Barcelona”, se lamenta.
* Rosa es un nombre ficticio, prefiere mantenerse en el anonimato para evitar que su situación en su vivienda se vea condicionada