Esta semana el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en respuesta a preguntas formuladas por la senadora de Unidos Podemos Maribel Mora, manifestó que el Gobierno está preparando una propuesta de nuevo modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como que tienen pensado construir tres nuevos CIE. Uno en Málaga, otro en Algeciras y un tercero en Madrid. Otra de las informaciones que ha filtrado a la prensa es que se están planteando retirar a la Policía Nacional de los CIE.
Dichas informaciones no llegan en un momento aleatorio. Por un lado, la Comisión Europea está presionando a los Estados para que aumenten el número de expulsiones a través de la ampliación del plazo de internamiento hasta los 18 meses. Por otro lado, en los últimos meses los sindicatos policiales han venido desarrollando una fuerte campaña para la mejora de sus condiciones laborales en los CIE. Es posible que la presión ejercida por los sindicatos policiales esté precisamente dirigida a dejar de encargarse de la custodia de los mismos.
Además de todo esto, durante los últimos meses se han producido varias fugas y protestas en los CIE, información sobre las cuales siempre ha sido filtrada en primer lugar por sindicatos policiales. Que todos estos elementos no hayan sido los que hayan dado resultado en las declaraciones del ministro del Interior sería, en todo caso, demasiada casualidad.
Tal y como reflexionábamos recientemente en la campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones durante una asamblea, son tiempos de resistencia. Lo más probable es que en los próximos meses vivamos una acometida del Gobierno que puede ir desde la construcción de hasta tres nuevos CIE en el Estado español hasta intentar aumentar el tiempo de internamiento en los mismos. Sea cual sea el escenario que se va a desarrollar, la sociedad civil ha de activarse: si dichas medidas salen adelante, estaríamos retrocediendo tras haber avanzado muchísimo en los últimos años. A no ser que nos activemos. Precisamente, una de las disputas que se darán tendrá que ver con la hegemonía del discurso en los medios de comunicación así como con el apoyo social que pueda tener un modelo de políticas migratorias u otro.
En los últimos años, ha ganado muchísimo terreno el relato de las organizaciones que, a través de trasladar la realidad que se encontraban en los CIE, ubicaban a estos centros como un espacio de vulneración de derechos humanos por el trato que se otorga a las personas dentro, así como por el hecho de que fueran privadas de libertad por el hecho de estar en una situación administrativa irregular. El único argumento discursivo que se contraponía era que ya no se internaba a personas migrantes o migradas sino que solo se internaba a aquellas que eran “delincuentes”, apelando a que la gran mayor parte de las personas internadas contaban con antecedentes. Como esta afirmación era completamente falsa, dicho argumento no logró hacer frente a la ola que reclamaba el cierre de los CIE. Ahora, empujados por el contexto y por la presión ejercida por las instituciones europeas, comienzan una nueva operación de maquillaje y de perfeccionamiento de los CIE.
Para poder contraponernos a los momentos que se intuyen es necesario dar un paso más y complejizar el discurso. No se trata sólo de si han de existir CIE o no. Se trata de qué modelo migratorio es el adecuado en términos de respeto a los derechos humanos pero, sobre todo, se trata de focalizar sobre cuál es el modelo migratorio que combina dicho respeto con resultados pragmáticos. Es decir, o iniciamos un proceso que conduzca a generar un bloque que pueda aglutinar sociedad civil y agentes políticos en base a un consenso nuevo en políticas migratorias o, como mucho, nos limitaremos a resistir dentro de un marco discursivo que no compartimos. Generar un nuevo sentido común, un nuevo consenso, que se imponga al relato conservador en auge, no se realiza de manera rápida ni improvisada. Hay que dejar de hablar de propuestas improvisadas de alternativas a los CIE y ponernos a definir desde la corresponsabilidad legislativa una nueva política con toda su complejidad.
Una de las cuestiones clave que deben abordarse son las expulsiones exprés, las cuales no se ha sabido introducir dentro de las reivindicaciones sociales al mismo nivel que los CIE. En la actualidad, más de un 65% de las personas están siendo deportadas sin pasar por un CIE y en una situación de absoluta desprotección. Una llamada de comisaría por un supuesto asunto de tu interés, una redada o una detención debajo de casa puede convertirse, en menos de 72 horas, en una expulsión forzosa sin asistencia letrada, en la mayor parte de los casos, y sin que haya apenas opciones de que un juez revise la situación. Es más, la orden de expulsión puede haber sido dictada 3 o 5 años atrás. La persona puede tener familia o incluso puede estar en proceso de regularizar su situación, pero se le expulsa en 72 horas igualmente. El problema radica en que no hay control jurisdiccional obligatorio de las expulsiones.
Queremos plantear la necesidad de que, por un lado, pongamos a la misma altura de reivindicación la necesidad de contar con garantías ante la deportación que la necesidad de cerrar los CIE, bajo un horizonte de cambio de paradigma en política migratoria. Por otro, y ante diferentes operadores jurídicos, queremos proponer que trabajemos con sectores de la judicatura y de la fiscalía para estudiar la implementación de unos Juzgados de Garantía ante las expulsiones. Los Juzgados de Garantía deberían autorizar cada una de las expulsiones tras realizar una vista en la que se analizaría el eventual choque de la expulsión con los derechos fundamentales de la persona –como es el del derecho a la vida en familia– así como con los principios de proporcionalidad y necesidad. Por supuesto, una vista en la que la persona contaría con asistencia letrada y de traducción, además de con los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la defensa.
Llegó el momento de contraponer con nuestros mejores argumentos y con un plan de políticas públicas consensuado entre la sociedad civil y los agentes políticos en base a un nuevo paradigma el ataque histórico al que se enfrentan los derechos de las personas migradas. Y si lo hacemos bien en términos comunicativos y de políticas públicas quizá nos permita no solo resistir, sino también avanzar.
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