Una de las lecturas del escenario abierto tras el 26J que desde Catalunya se han hecho apunta a que se ha agotado la vía del entendimiento y la posibilidad de girar España hacia una concepción plurinacional. Curiosamente esta lectura se hace desde posiciones que ya apostaban por el unilateralismo antes del 20 de diciembre y sirve interesadamente para reafirmarse en un momento político muy difícil por el gobierno de Junts pel Sí con una moción de confianza al presidente y unos presupuestos a aprobar por delante.
Plantear el resultado de las elecciones del 26J como una 'foto finish', y no como el fruto de una corriente de fondo, puede llevar a conclusiones equivocadas. La pérdida de un millón de votantes de opciones plurinacionalistas y de defensa del derecho de Catalunya a decidir en referéndum su vinculación con España no es por falta de este reconocimiento de soberanías plurales dentro de España, sino seguramente por otros elementos que modelaron el voto: Venezuela, institucionalización de Podemos en la política dentro de la sede parlamentaria, estrategia del miedo ante un posible gobierno dirigido por la formación morada...
España se rompe, sí, pero no tanto territorialmente como generacional. Si huimos del análisis de ola corta y miramos la evolución política española de la última década, la España uninacional del “estado de las autonomías” representada por PP y PSOE ha bajado de los 21,5 millones de votos de 2008 a 13,3 millones en 2016. Además, todos los datos demoscópicos apuntan a que estos dos partidos sólo ganan en la franja de edad de los mayores de 65 años. Como dice el analista Jaime Miquel: “Hay que admitir que existe un español nuevo, del siglo XXI, bien formado, de convicciones profundamente democráticas. Un español que vive en un Estado plurinacional del Suroeste de la UE y está dispuesto a resolver el problema territorial de España de manera integradora; diferente de aquel otro uninacional inmóvil, que es lo que ha retrocedido en las urnas”.
La cuestión de la soberanía en una Europa donde los centros decisorios son cada vez más los centros financieros de Frankfurt, París (y Londres), ha encontrado en Catalunya su formulación dentro de un modelo territorial insatisfactorio para las aspiraciones de autogobierno y reconocimiento nacional, modelo territorial dinamitado en última instancia en el marco de la reforma austeridad del artículo 135, que establece una lógica de recentralización del estado central fiscalizador del presupuesto a costa de unas autonomías a priori sostén del estado del bienestar, sin entrar en la cuestión municipal. La Constitución del 78 fue de consenso y acuerdos, como bien recuerdan PP, Ciudadanos y desgraciadamente también el PSOE. Lo que no dicen es que fue un acuerdo entre demócratas (nacionalistas vascos y catalanes, comunistas y movimiento obrero) y no demócratas (ex falangistas, militares y reformistas del régimen franquista). El espacio donde las fuerzas democráticas más tuvieron que ceder en favor del consenso fue la territorial. De la Constitución del 78 quedaron fuera el derecho de autodeterminación (como también los programas electorales de las opciones de izquierdas y nacionalistas), la posibilidad de federarse varias comunidades, la idea de nación y la igualdad de todas las lenguas. La cuestión territorial del estado fue uno de los debates principales durante la Transición, pero como apunta Javier Pérez Royo, el estado de las autonomías, estructura territorial ni siquiera contemplada en la Constitución del 78, representaba una propuesta más de llegada que de punto de salida para posteriores lecturas expansivas.
Ha llegado la hora de reformular el modelo territorial sobre la base de un verdadero acuerdo entre demócratas. Catalunya está mal conectada con España y esto no puede continuar. Pero la desconexión y el “cuanto peor mejor” que se deriva como estrategia, tampoco funciona. Hay que reconectar con los pueblos que componen España, pues las condiciones existen y los aliados cada día son más, el referéndum es la única vía, el espacio común, al tiempo que se convierte en el punto de partida para un estado realmente plurinacional. El hecho de que Catalunya pueda celebrar un referéndum con garantías y reconocimiento donde una de las opciones sea claramente la independencia, sería de facto un reconocimiento del pueblo de Catalunya como sujeto político soberano, convirtiéndose en parte fundacional de un proceso constituyente hacia una España los pueblos, naciones y regiones con diversas aspiraciones de autogobierno.
Toca, por tanto, la construcción de un proyecto de país de mayorías que rompa el bloqueo. El Procés como expresión social de una corriente de fondo eminentemente democrática mutó poco antes del 9N en un supuesto institucional de huida hacia adelante donde el objetivo ha sido mantener a Convergència (o el Partido Demócrata Catalán) en la dirección del Govern al tiempo de poder refundar con garantías un partido corroído por la corrupción. Las élites catalanas siempre se ha situado en el marco de la oposición entre conflicto nacional y conflicto social, utilizándolo como elemento de división de las fuerzas populares cuando se ha visto amenazada por su ascenso político. No es otra cosa que la continuación de la tradición del pujolismo, que añade un fino sentido de conquista de la hegemonía a partir del liderazgo y la construcción de un sentido común de país, reciclando y haciendo meramente estéticos elementos de la conciencia y práctica rupturista.
La polarización ha llegado al punto de que mucha gente no nos sentimos cómodos de participar en la convocatoria para el 11 de septiembre de una ANC que se ha convertido en el comodín del público de Convergència y sus aliados de ERC y en parte , de la CUP, cuando ahora más que nunca es fundamental salir a la calle a reivindicar soberanía y autogobierno. Hay que superar las lógicas processistes de bloqueo y polarización para reconstruir aquella mayoría del 80% que se encontraba en el espacio común del derecho a decidir, es decir del reconocimiento de la soberanía, y por qué no, puntualizó que esta es todos los niveles.
Este proyecto de país toma forma de la tradición del catalanismo popular y tiene raíces profundas en el país: el republicanismo federal de Pi y Margall, el ERC de Lluís Companys o el PSUC del antifranquismo son buenos ejemplos. Sumar los diferentes sectores sociales que pueden constituir lo que llamamos clases populares: los perdedores de la globalización, la clase trabajadora ligada al sector turístico y servicios, clases medias ilustradas, jóvenes urbanos del precariedad ... todo ello en un mismo proyecto para sobre de identidades. La lucha contra la austeridad y por la soberanía en todos los niveles deberá ser columna vertebradora del catalanismo.
Hay, por tanto, tantos argumentos para participar en la manifestación del 11S del ANC como para no ir. Pero con Cs llegando a acuerdos de gobierno con el PP en Madrid sabemos que el autogobierno no se defenderá con un “nosotros nos vamos” sino con mayorías sociales detrás y con lazos fraternales con la España plurinacional. El objetivo sería una Diada de todos, catalanista y no gubernamental. Pero por otro lado no queremos regalar ningún espacio de reivindicación de soberanía donde visibilizar que derechos sociales y derechos nacionales son la misma cara de la moneda, una cuestión de democracia.
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