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El resultado de la convocatoria electoral anticipada del próximo 25 de noviembre será decisivo para el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya. Desde que hace dos años CiU llegó al Govern de la Generalitat, hemos vivido un proceso político paradójico. Por un lado, el gobierno de Artur Mas se ha situado al frente de un modelo de política fiscal y de duros recortes sociales, educativas y sanitarios que nos aleja del modelo social de los países más avanzados de Europa, al tiempo que en las Cortes españolas ha apoyado de forma reiterativa las políticas laborales más regresivas de la democracia. La alianza CiU-PP ha hecho posible también un retroceso escandaloso en los medios públicos de comunicación, revirtiendo los pasos adelante en pos de una mayor libertad que habían dado los gobiernos progresistas en España y Catalunya. Por el otro lado, CiU ha consumado, en muy poco tiempo, un giro estratégico oportunista, poniéndose delante de un movimiento independentista que pretende iniciar un proceso de secesión de Catalunya.
La sociedad catalana está sufriendo una grave crisis económica que ya se ha convertido en una crisis social y política y que se ha traducido en un aumento de la pobreza y la desigualdad y en una merma del principio de igualdad de oportunidades. Hoy en día, muchas personas están sufriendo y ven truncados sus proyectos vitales. Esta situación reclama por parte de todos un ejercicio de responsabilidad política y ética, sobre todo en un momento en el que el descrédito de los partidos y las instituciones es extraordinariamente grave. Consideramos que la ruptura con España no es la única salida de futuro y que el inicio de un proceso de secesión en un contexto como el actual pone en peligro la cohesión social y no es el camino para mejorar las condiciones de vida de los catalanes, ni desde el punto de vista económico, ni social ni cultural.
Hoy muchos proponen la independencia como un camino “mágico” para salir de las dificultades, librándonos del peso muerto que, dicen, representa España. Un discurso donde se mezclan verdades a medias y exageraciones varias, particularmente en lo que respecta a las relaciones fiscales entre Catalunya y el Estado, hasta el punto que es habitual escuchar afirmaciones tan populistas y agresivas como “España nos roba”. Paralelamente, algunos sectores independentistas han logrado extender la idea de que la secesión, que significa la ruptura del Estado, será un proceso sin costes económicos excesivos, sin fractura social, será una política amable que solo reportará beneficios. El soberanismo cree que el fenómeno de la globalización sólo puede tener consecuencias positivas para Cataluña y por eso ha asumido sin complejos el modelo económico neoliberal. Para la sociedad catalana, disponer de un Estado propio será un “buen negocio”, afirman los soberanistas. El énfasis en las virtudes económicas de la independencia, que no se sostienen con un análisis riguroso, no es otra cosa que una calculada estrategia para esquivar una realidad social rotunda desde hace muchas generaciones: el hecho de que la mayor parte de la ciudadanía de Catalunya compartimos catalanidad y españolidad en grados diversos.
Rehuimos las visiones apocalípticas sobre una virtual secesión, pero tampoco estamos dispuestos a aceptar acríticamente los argumentos azucarados del independentismo. No creemos que pertenecer a España sea una obligación perpetua, pero no compartimos tampoco las razones de quienes sostienen la necesidad histórica de la ruptura. Pensamos que la secesión no es la respuesta razonable a los problemas de la sociedad catalana en el marco de las complejidades, interdependencias y soberanías compartidas del siglo XXI. Especialmente, no es la respuesta inteligente en el contexto de una Europa que necesita avanzar hacia niveles más elevados de unidad política en el marco de una crisis que amenaza su propia supervivencia. La comparación entre beneficios y costes sociales es mucho más favorable en el caso de un mejor encaje federal de Catalunya en España y en Europa, que en el caso de la independencia.
Por todo ello, reconociéndonos herederos de las izquierdas catalanas que han defendido siempre “Catalunya, un sol poble (un solo pueblo)”, alzamos nuestra voz para defender abiertamente que la ruptura con España no es la mejor opción ni para salir de la crisis actual ni para articular una alternativa desde la izquierda a las políticas de austeridad europeas. Además, los riesgos, las tensiones y las incertidumbres de un proceso de secesión no son el mejor escenario para mejorar las condiciones de vida de la gente, particularmente de los sectores más humildes y vulnerables.
Hasta el día de hoy no ha habido apenas controversia democràtica que haya promovido un debate público basado en los principios del pluralismo democrático sobre los interrogantes de la ruptura. El federalismo tiene profundas raíces entre los sectores progresistas de Catalunya y cuenta con experiencias de éxito en otros estados del mundo que deberían ser tenidas en cuenta. Reclamamos a las fuerzas políticas de izquierdas que, en un momento electoral como este, sean valientes, escuchen a la gente, hagan un esfuerzo pedagógico, se atrevan a hablar claro y apuesten por explorar y explicar a la ciudadanía los caminos de un federalismo nuevo, desacomplejado y exigente con el Estado, donde la ciudadanía de Catalunya se pueda sentir bien desde sus identidades compartidas.
Queremos una España federal en el marco de una Europa federal y socialmente justa. No se nos escapan las dificultades de lo que proponemos y la sensación real hasta hoy de un cierto fracaso en este propósito. Por un lado, porque la izquierda española mayoritaria no ha querido jugar a fondo esta carta, y, por otro, porque la derecha española es profundamente nacionalista y se atrinchera cuando le conviene en el inmovilismo constitucional. En Catalunya, en los últimos años, se han ido acumulando muchos agravios e incomprensiones, desde la desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut hasta los reiterados incumplimientos de los sucesivos gobiernos españoles en materia de inversión. La relación entre los gobiernos democráticos de España y de Catalunya se ha caracterizado por la irresponsabilidad de aquellos que han tenido voluntad de monopolizar y apropiarse de las ideas de España y de Catalunya con objetivos partidistas claros. Sin embargo, creemos que no hay razones suficientes para desfallecer y que, en cualquier caso, la alternativa de la secesión es enormemente inquietante y peligrosa para la cohesión social. Nos sentimos cómplices de las voces que, desde otros territorios de España, expresan su disgusto e impotencia ante la imagen monolítica que desde Cataluña algunos proyectan de España, una imagen tan injusta e irreal como la que desde el resto del Estado muchos tienen de Catalunya. En este sentido, es imprescindible que se ponga en marcha un movimiento federalista de alcance español, que sirva también para subrayar que son más las cosas que nos unen que las que nos separan.
Las próximas elecciones al Parlament de Catalunya no pueden convertirse en un plebiscito donde “independencia sí, independencia no” sea el tema único de campaña. Democráticamente es imprescindible juzgar la acción política del gobierno saliente y confrontar los programas electorales en relación a todos los demás aspectos donde nuestro Parlament tiene competencias y atribuciones específicas, particularmente en el campo de las políticas de bienestar. Igualmente, no podemos dejar de recordar que el President Mas llega a estas elecciones bajo la sombra de la corrupción y de la responsabilidad de su partido, CDC, en el caso del saqueo en el Palau de la Música.
Estas elecciones, en cambio, sí pueden ser el comienzo de un ejercicio colectivo para debatir y articular las diferentes alternativas políticas -todas ellas legítimas- en relación al llamado “encaje” de Catalunya dentro de España y Europa. Pero desde un debate libre y plural, sereno y ordenado, sobre las razones que llevan a unos, desde el llamado “derecho a decidir”, a pedir la ruptura y a los demás a pedir un nuevo acuerdo. Un proceso que se resuelva desde el principio democrático, en el marco de un estado de derecho, y que, en su caso, concluya con la celebración de un referéndum. Hoy el principal riesgo no es que Catalunya (o España) pierda soberanía sino que vayamos hacia atrás en términos de democratización, que los ciudadanos de toda Europa pierdan aún más soberanía ante los mercados y el capital. No la recuperaremos si no nos esforzamos para derribar las fronteras que quedan entre los europeos, en vez de crear otras nuevas.
Por todo ello, queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía progresista de Catalunya para que el próximo 25 de noviembre se movilice y haga confianza a aquellas formaciones políticas que presenten programas nítidamente de izquierdas y que contemplen una renovada y potente opción federal. Que pongan también en el centro del debate electoral la forma en cómo se han efectuado las políticas de recortes del Estado de bienestar realizadas por el Gobierno de Mas, con el apoyo del PP. Y que confronten la existencia de diferentes alternativas ante la crisis. Que reclamen de la Unión Europea políticas de impulso al crecimiento económico a fin de evitar que la austeridad recaiga sólo en los servicios públicos y las prestaciones sociales. Es decir, una Europa unida al servicio de la gente. En definitiva, que apuesten con claridad por un modelo de estado federal donde la mayor parte de la ciudadanía de Catalunya pueda sentirse cómoda y reconocida, compartiendo con otros pueblos un proyecto común de convivencia, justicia y cohesión social.
Barcelona, 11 de octubre de 2012
El resultado de la convocatoria electoral anticipada del próximo 25 de noviembre será decisivo para el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya. Desde que hace dos años CiU llegó al Govern de la Generalitat, hemos vivido un proceso político paradójico. Por un lado, el gobierno de Artur Mas se ha situado al frente de un modelo de política fiscal y de duros recortes sociales, educativas y sanitarios que nos aleja del modelo social de los países más avanzados de Europa, al tiempo que en las Cortes españolas ha apoyado de forma reiterativa las políticas laborales más regresivas de la democracia. La alianza CiU-PP ha hecho posible también un retroceso escandaloso en los medios públicos de comunicación, revirtiendo los pasos adelante en pos de una mayor libertad que habían dado los gobiernos progresistas en España y Catalunya. Por el otro lado, CiU ha consumado, en muy poco tiempo, un giro estratégico oportunista, poniéndose delante de un movimiento independentista que pretende iniciar un proceso de secesión de Catalunya.