El 6 de Enero de 2012 las personas que trabajamos por la defensa de los derechos de las personas que son internadas en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) nos despertamos sobrecogidos con la noticia de que Idrissa Diallo habia muerto en el CIE de la Zona Franca. La muerte de Idrissa hizo que la respuesta social contra la existencia de los CIE explotara ante la tercera muerte en tres años acaecida en el interior del centro de internamiento barcelonés, y tan sólo 20 días después de la muerte de S. Martine en el CIE de Madrid. Las protestas y acciones jurídicas lograron romper el silencio mediático y político que se había mantenido en torno a la existencia y condiciones de los CIE, y varios medios de comunicación dieron visibilidad incluso en sus portadas a su existencia y a las condiciones de vida que los rodean. Por fin parecía que se lograba visibilizar que en el Estado español existen Centros de Detención en los que se priva de libertad a personas por el mero hecho de no tener el permiso de residencia y que, además, carecen de ningún tipo de regulación a pesar de hacer 28 años que existen, conformándose como un verdadero agujero negro jurídico.
El gobierno reaccionó con una contra-campaña, que muchos denominamos de maquillaje de los CIE, a través de la cual se anunció la aprobación del Reglamento de los CIE, visitas guiadas de la prensa, así como un eventual cambio de nombre. En el momento que se logra romper el silencio en torno a los CIES¡, qué mejor que cambiarles el nombre para que todo siga igual (pasarían a llamarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros – CECE). No obstante, dos años después casi todo sigue igual. El Reglamento sigue congelado, a pesar de que en numerosas ocasiones ha habido rumores acerca de su cercana aprobación; las organizaciones de defensa de derechos humanos seguimos constatando situaciones de malos tratos tanto en la estancia en los CIE como durante las deportaciones; las condiciones de vida siguen siendo igual de duras...
De hecho, el pasado mes de diciembre una nueva muerte en el CIE de Barcelona, del ciudadano de origen armenio Aramays Manukyan, puso en evidencia que desgraciadamente pocas cosas cambian. Murió en una celda de aislamiento que se encuentra a escasos metros del puesto de control de la policía nacional y, según relataron diferentes testigos ante el juez que investiga la causa, fue agredido antes de ser trasladado a la celda de aislamiento en presencia de sus compañeros de celda. Durante las próximas semanas las partes personadas en el procedimiento tendrán acceso a las grabaciones y se podrá comenzar a esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte. Sin embargo, independientemente de si efectivamente se trató de un suicidio, ¿cómo se justifica que se haga uso del aislamiento en celda sin que este plus de privación de libertad esté regulado de ninguna manera? ¿Qué pasó entre que fue agredido en su celda y apareció muerto? ¿Qué mecanismos hicieron que una persona sana y con proyectos vitales claros no saliera con vida del CIE?
Tan sólo unas semanas después de que se produjera esta muerte y minutos después de que tuviera lugar la tradicional concentración contra los CIE del 31 de diciembre, una activista de la campaña Tanquem els CIE recibió una llamada en la que un interno alertaba de que durante aquella misma tarde varios policías agredieron a internos que se hallaban desnudos en la zona de duchas, espacio que carece de videovigilancia. Al día siguiente recibimos nuevas llamadas en las que explicaban que tras dicho incidente policías antidisturbios entraron al CIE y amenazaron, vejaron y agredieron a varias personas. También, según denuncian, entraron en dos ocasiones el día 1 de enero y en otra ocasión el día 2. De hecho desde entonces hay un dispositivo de agentes antidisturbios de la policía nacional en la puerta del CIE. De nuevo aparecen las preguntas: ¿Los antidisturbios pueden actuar dentro del CIE? ¿Quién ha de dar la orden y quien lo controla? De nuevo, al encontrarnos ante una espacio de privación de libertad no regulado, no hay respuestas claras. De hecho, además de la denuncia de la situación de malos tratos, se ha solicitado al Juez de Control del CIE que investigue lo sucedido y limite la intervención de agentes antidisturbios en los CIE.
Y todo transcurre dentro de unos márgenes de opacidad propios de un Ministerio de Interior que tiene mucho que ocultar. El día 3 de enero acudió una comisión de Derechos Humanos al CIE compuesta por abogadas y médicas, pero a estas últimas se les denegó la entrada. Asimismo, parlamentarios catalanes y un diputado de Amaiur habían solicitado visitar el CIE el próximo 10 de enero. También visita denegada. Así como también se le deniega sistemáticamente la entrada al Sindic de Greuges (defensor del pueblo catalán). También se nos denegaba en ocasiones a abogados hasta que un auto de los Jueces de Control del CIE lo prohibió.
En un párrafo anterior decía que casi nada había cambiado en estos dos años en torno al CIE. Algo sí que ha cambiado, y es la capacidad de la sociedad civil para responder ante los abusos que tienen lugar en el CIE. A cada situación de la que se tiene conocimiento, se realizan visitas, se contrasta la información oficial y, en el caso de que se llegue a la conclusión de que existen indicios claros de posibles vulneraciones de derechos, se denuncia jurídica y públicamente. Intentan ocultar todo lo que acontece en el CIE, pero gracias al trabajo de muchas personas en el marco de investigaciones de organizaciones de Derechos Humanos independientes se ha conseguido que la muerte de Aramays Manukyan se esté investigando, así como lo sucedido los días 31 de diciembre, y 1 y 2 de enero. A cada situación de vulneración de derechos, investigación independiente de la sociedad civil, con el objetivo de reducir la percepción de impunidad, apoyar a las personas que las han sufrido, así como mover al aparato judicial para que aplique los mecanismos necesarios para reducir la impunidad.
Estamos en el camino del cierre de los CIES. Nunca tenían que haber existido, y cada vez son más las voces que los critican y los cuerpos que los desobedecen a través de acciones, o a través de la legítima negativa a ser deportado. Nos encontraremos el próximo sábado 11 a las 17 h en una concentración en el CIE. Los objetivos siempre los tuvimos claros: cerrarlos, que cesen las redadas bajo criterios raciales en nuestras calles, y defender el derecho a la libre circulación de movimiento. También hemos tenido claro que en el camino del cierre haremos lo posible para no tolerar que ninguna situación de maltrato quede impune ni social y jurídicamente.
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